Los fiscales apuntan a la coautoría de los líderes piqueteros Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César.
El caso de la desaparición de Cecilia Strzyzowski conmociona a la provincia del Chaco, y al país todo, con ingredientes horrorosos, y además se presenta, de manera inevitable, como un hecho político, bien aprovechado a horas de las PASO chaqueñas por la oposición partidaria y mediática.
Los líderes piqueteros Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, junto con su hijo César, son considerados a esta altura coautores del asesinato de la joven, tanto por la fiscalía como por la Secretaría de Derechos Humanos y Género de Chaco, que se constituyó como querellante –como ocurre en todos los casos de femicidio en esta provincia–. Otras cuatro personas de su entorno más íntimo permanecen imputadas y con prisión preventiva: Gustavo Melgarejo, casero de un campo de los Sena, su esposa, Griselda Reynoso, Fabiana González, una mujer muy cercana a los Sena dentro de la estructura del movimiento social que lideran, y su marido Gustavo Obregón. Al cierre de esta edición estos dos últimos habían pedido declarar por primera vez en su carácter de imputados, y se esperaba que surgieran datos importantes para la investigación.
Los Sena están al frente de un movimiento social que lleva sus nombres por todos lados, incluido el “Barrio Emerenciano”, que se despliega por 30 hectáreas al sur de Resistencia con una impactante organización: unas 300 casas, escuela de gestión social con todos los niveles educativos –desde guardería hasta terciario y escuela de oficios–, biblioteca, centro de salud, laboratorio, fábrica de ladrillos. Sus vínculos con el gobierno de Capitanich son públicos y publicitados, desde la entrega de tierras fiscales hasta apoyos a distintos emprendimientos de una organización que pisa fuerte en protestas en el espacio público. Y hasta han sido editados: La biografía Emerenciano. Caudillo del norte (Librería de La Paz), escrita por su esposa, lleva el prólogo de gobernador.
También el nombre de Emerenciano estaba primero en una de las 24 boletas que acompañarán en las PASO a la de Capitanich como candidato a diputado, “Socialistas Unidos”. Su esposa era candidata a intendenta; Obregón iba quinto en esa lista de diputados; González era candidata a concejal. Y aunque el Frente Chaqueño pidió la exclusión de la lista de todos estos hoy detenidos ni bien surgió el caso, es evidente que, por los implicados y los detalles escalofriantes que lo rodean, hay un impacto político. Y que la foto de la boleta de Socialistas Unidos, que comúnmente hubiera pasado como minoritaria, será destacada en la jornada de mañana: llevarán los nombres de los acusados, porque fueron impresas antes de su exclusión.
A escasos metros de la plaza principal que el miércoles pasado fue epicentro de una masiva e inédita movilización en reclamo de justicia por Cecilia, las puertas de la fiscalía –valladas a partir de la trascendencia del caso– eran ayer por la tarde un hervidero de cámaras y noteros a la espera de declaraciones de los protagonistas, a medida que iban saliendo. Entre ellos la nueva abogada de Melgarejo, que declaró dos veces con versiones aparentemente contradictorias: que vio a la joven tres días después de su desaparición, aún con vida, amordazada; luego, que su cuerpo pudo haber sido arrojado a un basural. “No se contradijo, amplió su declaración”, aseguró la letrada, Mónica Sánchez. También dijo que aceptó la defensa del hombre “siempre y cuando colabore con la justicia”.
Los tíos de César Sena, Ricardo Goya y Patricia Acuña, hermana de Marcela, también se presentaron a declarar espontáneamente, en su caso como testigos. “Nos cuesta creer el peso de las evidencias”, admitieron sobre el matrimonio. “Si César fue culpable, que se pudra en la cárcel”, dijeron también. Contaron a los fiscales que el joven fue a su casa el día del allanamiento, que les aseguró tres veces que no tenía nada que ver. Que en ese momento, ya librada la orden de detención, le pidieron que se entregue. Sumaron un pedido concreto: “Basta de discursos de odio”. “El barrio está desconsolado, consternado, los vecinos están siendo atacados por otros vecinos, azuzados por los medios. El ministerio de Educación intervino la escuela, los profesores temen perder sus trabajos. Les pedimos que sean responsables, que no agiten el odio contra la gente que no tiene nada que ver, que hoy también sufre esta situación”, le pidieron a los medios.
Cecilia Strzyzowski desapareció después de contarle a su familia que iba a hacer un viaje a Ushuaia con su esposo César, por una oportunidad laboral. Las cámaras de seguridad de la casa de sus suegros comprometen seriamente a la familia y a su entorno; hay sangre hallada en la casa, en su vehículo, elementos como una sierra, y huesos encontrados en un criadero de chanchos de la organización. Y aunque los tiempos de la investigación son más lentos que los que se demandan en un caso como este –aun no se determinó si la sangre y los huesos son humanos, por ejemplo– la causa acumula pruebas que hacen pensar en un asesinato escalofriante, y premeditado. Fuentes de la fiscalía confirmaron a Página/12 que nunca hubo pasaje alguno a Ushuaia sacado.
El fiscal Jorge Cáceres Olivera expuso ayer la principal hipótesis que manejan: que la joven desaparecida desde el 1 de junio fue asesinada en el marco de una “discusión económica” con su suegra, a quien “se le fue de las manos”, y que el resto de los acusados detenidos “colaboró activamente” en el asesinato y descarte del cuerpo. La familia, mientras tanto, presentó a la Justicia y moistró a los medios intercambios de WhatsApp en los que César se habría hecho pasar por Cecilia cuando ya estaba desaparecida y, se sospecha, muerta, para despistar y plantar una coartada.
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