El Gobierno nacional apelará el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial cuestionó el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso.
Cormick hizo lugar a acciones de amparo impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales, docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su resolución, consideró que el Ejecutivo no podía utilizar el decreto como mecanismo para frenar una ley que había sido ratificada por el Parlamento luego del veto presidencial.
El magistrado cuestionó específicamente la disposición que promulgó la normativa “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”. Según determinó, esa condición terminó funcionando como un impedimento para la aplicación efectiva de la ley.
Por ese motivo, ordenó al Gobierno avanzar con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar su cumplimiento. Tras conocerse la resolución, fuentes oficialistas confirmaron que la administración nacional recurrirá la decisión ante instancias judiciales superiores.
La disputa por el financiamiento universitario ya había llegado anteriormente a la Corte Suprema. En junio, el máximo tribunal mantuvo vigente una cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la normativa, relacionados con la actualización salarial del personal docente y no docente y la recomposición de programas estudiantiles.
El conflicto judicial se desarrolla en paralelo a las negociaciones entre el Ejecutivo y el sector universitario. En junio se había alcanzado un acuerdo que contemplaba una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y $50.000 millones adicionales destinados a hospitales universitarios.