Con once gobernadores y un puñado de intendentes bonaerenses, el presidente Alberto Fernández espera que a más tardar a mediados de esta semana el bloque oficialista en la Cámara baja ingrese el proyecto de juicio político al presidente y el resto de los miembros de la Corte Suprema, una iniciativa destinada a erosionar a los jueces.
La hoja de ruta se terminó de delinear el miércoles, durante la reunión que Fernández mantuvo con Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, y Carolina Gaillard, la legisladora entrerriana que preside la comisión de Juicio Político.
Ese día, el Presidente se convenció de que no llegaría a sumar más adhesiones que los 11 gobernadores que había conseguido tras la cumbre del martes en Casa Rosada, atravesada por una serie de llamativas idas y vueltas que tuvieron a Fernández y a Gustavo Bordet en el centro de la escena.
Es que el gobernador de Entre Ríos le había confirmado al jefe de Estado antes de participar de manera virtual de la reunión en Casa Rosada, mientras descansaba en Uruguay, que apoyaría el juicio político. Al final, le pareció que el proyecto era desmedido, y que comprendía a toda la Corte y no solo a su presidente, Horacio Rosatti. Por eso avisó que retiraría su firma, y dejó al Gobierno sin la docena de apoyos que pretendía.