La Policía de Paraguay detuvo al expresidente Santiago Peña en su vivienda, luego de que el Congreso aprobara su destitución y Pedro Alliana asumiera la Presidencia de la República. El exmandatario permanecerá bajo arresto domiciliario, en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles vinculados con su gestión.
La orden fue remitida a la Comandancia de la Policía Nacional por un equipo del Ministerio Público integrado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.
La medida se produjo después de que un grupo de legisladores presentara, el jueves 5 de noviembre, una ampliación de una denuncia formulada originalmente el 22 de octubre de 2025. En esa presentación incorporaron nuevos señalamientos sobre presuntos vínculos económicos entre Peña, integrantes de su entorno y el grupo empresarial Ueno.
Entre los antecedentes expuestos, los denunciantes mencionaron que el exmandatario había declarado en 2023 acciones de Ueno Holding por 6.144 millones de guaraníes, que posteriormente vendió en abril de 2025. También señalaron la existencia de un certificado de depósito de ahorro por 2.400 millones de guaraníes en Ueno y un bono de la empresa Itti.
La denuncia incluyó referencias a la participación de un hermano de Peña como socio de U Holding Sarl, sociedad mediante la cual, según los legisladores, el grupo empresarial ejercería el control de Ueno.
Los cuestionamientos también alcanzaron al Banco Central del Paraguay y particularmente a su presidente, Carlos Carvallo. Los denunciantes sostuvieron que las autoridades monetarias conocían desde abril de 2026 los problemas que atravesaba la entidad financiera, pero no habrían aplicado oportunamente las herramientas legales disponibles para evitar el agravamiento de la crisis.
La detención de Peña se concretó en medio del proceso de transición institucional iniciado tras su destitución, mientras la investigación judicial deberá determinar las eventuales responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.
