El conflicto en Medio Oriente ya comienza a impactar con fuerza en el agro argentino y se traduce en un aumento de la presión sobre la renta del sector. De acuerdo con un informe reciente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el Estado se queda actualmente con el 62,5% de la renta agrícola, lo que implica una suba de 6,1 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2025.
Este incremento responde a una combinación de factores locales e internacionales. Entre ellos, se destaca la tensión en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de insumos. Por esa vía circula cerca del 50% de la urea a nivel mundial, un fertilizante esencial para la producción. Las dificultades en el abastecimiento impulsaron un fuerte aumento de precios: este insumo subió un 43% desde diciembre y acumula un alza interanual del 39%.
El encarecimiento de los fertilizantes impacta directamente en los costos productivos, especialmente en cultivos como el trigo y el maíz, que dependen en gran medida de estos insumos. A esto se suman otros incrementos relevantes: las labores agrícolas aumentaron un 33%, mientras que los fletes también se encarecieron por la suba del combustible, con incrementos del 8,4% en pesos y del 12% en dólares.
En paralelo, la carga tributaria se volvió más pesada en términos relativos. Si bien no hubo cambios estructurales en los impuestos, la menor rentabilidad del sector hace que su peso sea cada vez mayor. En este contexto, los tributos provinciales y municipales pasaron de representar el 6,4% del total a fines de 2025 a casi el 10% a comienzos de 2026, con fuertes subas en el impuesto inmobiliario rural.
El impacto varía según el cultivo, pero en todos los casos refleja un deterioro significativo de la rentabilidad. En soja, el Estado absorbe el 61,6% de la renta, en maíz el 56,8% y en girasol el 80,3%. El escenario más crítico se observa en el trigo, donde la carga impositiva alcanza el 104,4%, lo que implica que la actividad no logra cubrir siquiera el pago de impuestos.
En conjunto, el aumento de costos, la presión fiscal y el contexto internacional adverso configuran un panorama complejo para el campo argentino, con márgenes cada vez más ajustados y menor capacidad de sostener la rentabilidad.