El Ministerio de Economía oficializó la adjudicación de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio Jan de Nul-Servimagnus y presentó el cierre del proceso como un “éxito”, a pesar de los cuestionamientos y denuncias que acompañaron la compulsa desde sus primeras etapas.
A través de un comunicado, la cartera económica informó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) formalizó la adjudicación mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, tras concluir las evaluaciones técnicas y económicas de las ofertas presentadas.
Según el Gobierno, la propuesta de Jan de Nul-Servimagnus resultó la más conveniente para la operación de una de las vías navegables más importantes del país. La empresa belga participa junto a socios locales vinculados al Grupo Román, que tuvo un rol activo en las negociaciones del proceso.
La decisión se conoció en medio de una fuerte controversia. Durante los últimos meses, distintos actores del sector y especialistas cuestionaron aspectos centrales de la licitación, entre ellos la confección del pliego, los criterios de evaluación y el esquema de costos previsto para la futura concesión.
Uno de los principales focos de debate giró en torno a un informe reservado elaborado por especialistas internacionales, que advirtió sobre posibles irregularidades en el proceso. Entre los puntos señalados figuraban un presunto direccionamiento de las condiciones de la licitación, potenciales conflictos de interés dentro del comité evaluador y cuestionamientos a la tarifa mínima de peaje establecida por el Estado.
El documento también planteó dudas respecto de los costos proyectados para las tareas de dragado y balizamiento, además de advertir que algunas condiciones económicas habrían limitado la competencia efectiva entre los oferentes.
A pesar de estas observaciones, el Ministerio de Economía sostuvo que el proceso concluyó sin impugnaciones formales por parte de las empresas participantes y consideró que ello ratificó la validez de los dictámenes técnicos emitidos durante la licitación. Sin embargo, fuentes del sector señalaron que cada presentación de impugnación implicaba un costo de u$s10 millones no reembolsables, lo que fue considerado por algunos competidores como una barrera significativa.
Desde el Gobierno aseguraron además que la firma del contrato, prevista dentro de los próximos 30 días, permitirá avanzar en una reducción de los costos logísticos, profundizar el canal navegable, incorporar nuevas tecnologías para la seguridad de la navegación y reforzar controles vinculados a la lucha contra el narcotráfico.
No obstante, algunas empresas que participaron del proceso sostienen que la estructura tarifaria definida por el Ejecutivo generaría costos superiores a los que podrían haberse alcanzado con otras propuestas. Entre ellas, la firma DEME NV afirmó que estaba en condiciones de ofrecer una tarifa hasta un 17% menor a la contemplada en la adjudicación.
En su comunicado, Economía también destacó el respaldo de entidades empresarias como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.
Asimismo, remarcó el acompañamiento de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que valoraron la finalización del proceso y los estándares técnicos aplicados durante la licitación.
Sin embargo, la controversia continúa abierta. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) mantiene una investigación sobre distintos aspectos de la licitación, mientras persisten cuestionamientos vinculados al diseño del pliego, los criterios de evaluación y la transparencia del proceso.
De esta manera, el Gobierno dio por concluida una licitación estratégica para el comercio exterior argentino, aunque las denuncias y observaciones planteadas por competidores y especialistas anticipan que el proceso podría seguir generando debate en los ámbitos judiciales y administrativos durante los próximos meses.