La Legislatura misionera reguló el ejercicio de los profesionales en educación especial, tomando como base los principios de integridad, ética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad. La normativa abarca a docentes, profesores y licenciados en educación especial con título habilitante.
A partir de su entrada en vigencia, para ejercer la profesión de docente, profesor y licenciado en educación especial en la provincia, además del título universitario, se deberá estar inscripto en la matrícula profesional que estará a cargo del colegio creado.
Los objetivos de ese organismo serán regular el ejercicio profesional de los matriculados en Misiones; fomentar el espíritu de solidaridad y de colaboración, la consideración y asistencia recíprocas; y a promover el trabajo interdisciplinario, entre otros.
La propuesta legislativa surgió de diferentes proyectos presentados por el diputado Horacio Loreiro y por las ex legisladoras Claudia Gauto y Natalia Rodríguez, durante sus respectivos mandatos.
En los fundamentos de su propuesta, Loreiro manifestó que “la educación especial es una disciplina que proporciona a los estudiantes con alguna discapacidad psíquica, física o sensorial identificada una instrucción especializada y diseñada para satisfacer sus necesidades de aprendizaje y, a su vez, les brinda la oportunidad de desarrollar su máximo potencial para lograr que se incorporen a la vida social y laboral de manera armoniosa”.
Consideró que la creación del colegio profesional “es una necesidad que surge a la luz del nuevo paradigma que sostiene el principio de inclusión que habita en las prácticas profesionales, en los diferentes ámbitos sociales, como consecuencia de una marcada tendencia mundial de apertura hacia prácticas que albergan un modelo social de la discapacidad que atiene a la diversidad y a la construcción de entornos accesibles”.
“Estas prácticas deben ser reguladas y ordenadas, para evitar intervenciones impropias que invadan el campo profesional de docentes, licenciados y profesores en educación especial”, resaltó.
En la sesión, la diputada Sonia Rojas Decut destacó que “es prioridad que el profesional de educación especial promueva una trayectoria educativa integral que le permita al estudiante el acceso a los saberes científicos, tecnológicos, artísticos y culturales, entre otros; y es determinante que el profesional pueda trabajar en equipos con docentes de educación común para consensuar nuevas formas de enseñar y de abordar el aprendizaje personalizado según lo determine cada caso”.
“La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales o permanentes y se rige por el principio de inclusión educativa, en este marco, los profesionales, como los docentes, profesores y licenciados en educación especial, se encuentran formados para atender la diversidad y para pensar en una escuela inclusiva”, agregó.
Decut manifestó que “este es un paso importantísimo porque el Estado le transfiere la competencia para su propia regulación, profesionalización y seguridad jurídica, entre otras cosas, en Misiones, la educación es política de Estado y son objetivos de la educación disruptiva, la felicidad y la independencia de las personas, lo que implica una ciudadanía basada en derechos, en participación, la pertenencia y plena humanidad basada en la valoración, el respeto, el entorno afectivo de las personas y su autodeterminación”.