El Gobierno amplió por decreto las causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que inciten a la violencia contra argentinos, difundan mensajes de odio por motivos de nacionalidad o ultrajen los símbolos patrios.
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurece el régimen migratorio al incorporar nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus habitantes, así como también a quienes participen en actos de ultraje a los símbolos nacionales.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y difundida por la Oficina del Presidente, que justificó la decisión al señalar que responde a una reciente "campaña antiargentina" que, según el Gobierno, trascendió el ámbito deportivo y alcanzó la política internacional.
Nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar extranjeros
El decreto establece que podrán ser alcanzados por las nuevas disposiciones quienes emitan mensajes de odio o inciten a la violencia, de forma oral o escrita, contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad.
También contempla a los extranjeros que realicen, promuevan o participen en actos considerados como un ultraje a los símbolos patrios.
Según el texto oficial, las personas comprendidas en estas conductas podrán ser rechazadas en frontera o, si ya residen en el país, perder su residencia y ser intimadas a abandonar el territorio nacional o ser expulsadas, de acuerdo con cada caso.
El Gobierno defendió la medida
Desde la Oficina del Presidente afirmaron que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus emblemas constituye un principio "innegociable" y reiteraron una definición atribuida al mandatario: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que, si bien la Argentina mantiene una tradición de apertura migratoria, el Estado tiene la potestad de establecer las condiciones para el ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.
Asimismo, el Gobierno argumentó que el endurecimiento del régimen busca proteger la integridad institucional del país y prevenir conductas que puedan afectar el respeto hacia la Argentina y sus símbolos.
El DNU deberá pasar por el Congreso
Como ocurre con todos los Decretos de Necesidad y Urgencia, la norma será enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que dispondrá de 10 días hábiles para emitir un dictamen sobre su validez antes de que sea tratada por ambas cámaras legislativas.