El proyecto de ley para urbanizar 4.416 villas, asentamientos y barrios populares de todo el país, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, llegará al Senado este miércoles para su aprobación final. En la Cámara baja la norma fue aprobada por unanimidad con 194 votos a favor y se espera que ahora tenga el mismo acompañamiento.
En la Cámara alta, la iniciativa se trató en las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte; Presupuesto y la de Asuntos Municipales y Administrativos. Allí se reunieron las firmas necesarias para el dictamen y ya hay acuerdo entre los bloques para que se apruebe en el recinto.
La ley fue realizada en conjunto con las organizaciones sociales, que a su vez ayudaron a realizar el relevamiento de villas en todo el país, a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares de Integración Urbana (Renabap). Comenzó en agosto de 2016 y se realizó en todas las ciudades del país de más de 10 mil habitantes en tierras ocupadas fiscales (nacionales y municipales) y privadas. Ya se relevó el 65% y se espera que para el año que viene se llegue al 100%. En estos barrios viven más de 4 millones de personas.
Lo fundamental del proyecto es que, de aprobarse, declarará de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los terrenos, lo que luego le permitirá al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la aplicación de la ley, comenzar, en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a titular las tierras a favor de las familias que viven allí. Para esto se deberáimplementar un régimen especial, distinto al que existe hoy, porque al ser tantas viviendas sería demasiado el tiempo y la plata que se gastarían.
Previo a esto, hay un paso que ya se realizó: con el relevamiento, cada grupo familiar obtuvo un certificado de vivienda que les dio la posibilidad, por primera vez, de tener un domicilio fijo para realizar trámites ante la Anses y otros organismos, solicitar conexión a servicios, CUIT o CUIL , entre otras cosas.
Entre todas las villas relevadas alcanzan una superficie de más de 450 kilómetros cuadrados (más del doble de la ciudad de Buenos Aires) y del 70% del que se tiene conocimiento, el 62% es de propiedad privada. Proyectado, esto equivale al 42% del total.
Otro punto clave es que suspende los desalojos por cuatro años, garantizando así a las familias la permanencia en los asentamientos. Los números de las tierras son alarmantes: el93,81% no cuenta con acceso de agua corriente, el 98,81% no tiene cloacas, el 70,69% carece de energía eléctrica y el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
Para el financiamiento de toda esta tarea, que desde el Gobierno adelantaron que tardará varios años, se creará un fideicomiso que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Estará habilitado a tomar deuda con organismo internacionales o recibir inversión privada. A su vez, tendrá asegurado una partida presupuestaria del Tesoro de la Nación.
Lo que destacan en Cambiemos es que las tierras «no son un regalo» para las familias, aunque sea el Estado el que hace el esfuerzo fiscal. La norma contempla que haya una compensación económica de los beneficiaros, es decir, que pagarán por su vivienda. Aún no está determinado cómo será el mecanismo de la contraprestación.
A su vez, la cartera que conduce Carolina Stanley también deberá crear el Programa de Integración Socio Urbana con el objetivo de «construir ciudadanía». La meta final es «borrar la frontera con la ciudad formal» y esto se logra subiendo los índices de empleo dentro de los barrios populares (solo el 16% trabaja en blanco) y mejorando la infraestructura. Para esto, se requiere inversión en el desarrollo de la comunidad (comedores, clubes de barrio) y así lograr la «integración productiva».
Para decidir en qué zonas comenzar a trabajar, el Ministerio cuenta con un Índice de Vulnerabilidad, que cruza los datos de relevamiento y realiza un ranking de los barrios para identificar a los más vulnerables. La intención es que sean esos los que se aborden primero.
Con respecto a la expropiación de tierras privadas, en el Gobierno no esperan que haya problemas con los propietarios, principalmente porque son asentamientos ocupados hace varios años (algunos desde antes del 2000) y que muchos ya los dan por perdidos. El primer paso es que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informe el precio del terreno. Luego, se hará un avenimiento y se intentará arreglar con el dueño para pagarle un número que conforme a ambas partes. En caso de no haber acuerdo, se pasa a la expropiación y se le paga lo que el Tribunal indique.
Para la etapa final, la Nación deberá firmar un convenio con cada provincia en la que vaya a trabajar y a su vez el gobierno provincial debe acordar con el municipio en el que se encuentre el terreno. Los costos serán absorbidos en un 50% por el gobierno nacional y en un 50% por el provincial.
