La asociación civil Ajus presentó un amparo colectivo en defensa del derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes, para que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la cobertura de la vacuna contra el meningococo, obligación asumida por el Ministerio de Salud (ahora degradado a Secretaría) según la resolución 10/2015.
El doctor Emanuel Desojo, presidente de Ajus, explicó que “Nuestra ONG se dedica especialmente a los derechos humanos, pero como no había ninguna acción en el tema de la vacunación, que es de la órbita de salud pública, cuando nos llegó el caso decidimos intervenir. Por una cuestión de procedimientos legales, recién a partir de un caso concreto podemos plantear un amparo que tutele a la totalidad de los niños, niñas y adolescentes de la provincia”.
“En 2010 se crea el programa nacional de enfermedades inmunoprevenibles, que es el que fija las vacunas gratuitas y obligatorias. Los que suspendieron la dosis de los 11 años de la vacuna contra el meningococo dicen que este grupo no es el que está más en peligro. Eso es cierto, a medias, porque no tiene en cuenta a la población en su conjunto. Si bien no son el grupo de más riesgo, sí pueden transmitir el virus y propagar la enfermedad. Porque a esa edad pierden la inmunidad de las dosis que les dieron de bebés, y pueden transmitir el virus en la escuela, a sus hermanitos menores. Se los vacuna como una forma de prevenir brotes y epidemias al cortar la difusión de la enfermedad”, continuó Desojo.
En el marco del ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional y aceptado y concretado por el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Salud (actualmente, Secretaría) decidió quitar del calendario de vacunaciones el refuerzo para chicos y chicas de 11 años de la aplicación contra el meningococo. La medida se dispuso a pesar de la reciente aparición en distintas ciudades de múltiples casos de meningitis, en algunos casos fatales, como el ocurrido en Rosario, con un adolescente de 17 años. La decisión se justificó en un supuesto faltante de stock que exigiría destinar las dosis disponibles a los más pequeños y dejar afuera a los adolescentes, que no constituyen un grupo en riesgo de contraer la enfermedad.
Desojo marcó algunos puntos: “Hay varias cosas a tener en cuenta. La vacuna cuesta dos mil pesos. Entonces, las familias de clase media hacen un esfuerzo y vacunan a sus hijos. Pero los sectores más vulnerables quedan desamparados. Desde el ministerio dijeron que la suspendían porque no había stock. Pero los laboratorios lo negaron, y tienen razón, porque vas a la farmacia y la conseguís. Entonces, el problema se resuelve con plata. Además, si el ministerio quiere quitar una vacuna del plan, tiene que sacar una resolución y pagar un costo político por esa decisión. Pero no lo hicieron, sólo mandaron un comunicado que dice que ‘provisoriamente’ se suspende, pero sin ningún plazo. Y esto se da en el marco de la suspensión de los tratamientos de diálisis, los problemas con los medicamentos contra el VIH, los casos de tuberculosis... La meningitis deja secuelas gravísimas y tiene una alta tasa de mortalidad”.
En lo que hace al aspecto legal, el doctor Desojo explicó, sobre el recurso presentado: “Como es un amparo sobre salud, los plazos son muy cortos. Nosotros pedimos una cautelar interina, es decir, que mientras se investiga el tema de fondo, se distribuya la vacuna para todos los adolescentes de 11 años de la provincia, provisoriamente. A más tardar el viernes a la mañana deben responder desde el juzgado. Con la interina, se distribuye la vacuna sin darle traslado al Estado de esta medida. Si no se acepta, se le da vista al Estado y éste presenta su descargo. Pero incluso en esa situación, el límite es el viernes 14, el juez debería estar resolviendo para esa fecha. Es un tema de salud pública. Los chicos más vulnerables, que no tienen acceso a cloacas, a instalación de agua y tienen problemas de hacinamiento no pueden encima verse privados del plan completo de vacunación. Es una vulneración de los derechos humanos”.
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