El Tribunal Electoral brasileño ha estrechado el cerco legal al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prácticamente hasta el límite. Los magistrados han sentenciado que el exmandatario, en la cárcel por corrupción desde abril, no puede concurrir a las elecciones de este octubre, cosa que él intentar hacer desde el 15 de agosto, cuando se inscribió como candidato desafiando las leyes que prohíben la candidatura de condenados en la segunda instancia como él.
Este veredicto remueve lo más profundo de estos comicios. Se ha vetado al candidato favorito por los votantes (con un 36% de la intención de voto; frente al 18% del siguiente en la lista), pero también se han resuelto prácticamente de una tajada varias de las incógnitas que acompañaban hasta ahora a esta campaña, marcada hasta ahora por la incierta presencia de Lula. Y por último, se ha dejado al político más popular de la historia de Brasil -y su único expresidente condenado- más acorralado que nunca. A Lula le quedan ya tan solo un puñado de opciones, y prácticamente ninguna es buena.
Se abren ahora dos caminos ante el expresidente. Uno es rechazar el veredicto y seguir la carrera hacia delante hacia las urnas. Aún tiene derecho a tres recursos más, uno ante el Tribunal de Justicia y dos ante el Supremo. Y mientras se tramitan, nada en la ley le impide seguir haciendo campaña (o mejor dicho, que el Partido de los Trabajadores haga campaña en su nombre mientras él cumple condena), y apareciendo en la propaganda electoral. Pero se expone a que, si sigue así hasta el día de las elecciones, sus votos se consideren nulos.
Otra opción sería aceptar la sentencia, claudicar y delegar la campaña y todo su proyecto político en su número dos, el exalcalde de São Paulo Fernando Haddad. En Brasilia se da ya por sentada la teoría de que Haddad es el candidato real del Partido de los Trabajadores (PT) y que el expresidente solo está prestándole su todopoderoso nombre, en una alocada campaña con los días contados, para que Haddad tenga tiempo de darse a conocer y ganar músculo entre los votantes. Pero la opción de dejarlo todo en sus manos prematuramente también entraña riesgos porque el exalcalde no acaba de despegar en las encuestas. En una de las más recientes, solo el 4% de los votantes de Lula dijo que le daría su voto si el expresidente fuese vetado por el Tribunal Electoral.
Guerra de plazos
Existe una solución intermedia. Es posible que Lula no esté librando guerra con sentencias y recursos como él mismo asegura, sino con plazos. Y en ese plano, se avecina una fecha que marcará un Rubicón: el 17 de septiembre, 20 días antes de la votación del primer turno. El último momento para pedir cambios en una candidatura. Si Lula consigue encadenar recursos y estirar hasta entonces su ya endeble condición de candidato -a la espera de que ese último recurso sea rechazado y confirme que no puede serlo, como todo el mundo ya espera-, todavía podrá cambiar su inscripción a última hora y dejarlo todo en nombre de Haddad. Habrá hecho, entonces sí, toda la campaña posible por su protegido y habrá mantenido al PT dentro de la legalidad.
Pero el bando rival, la justicia, también sabe convertir plazos en armas arrojadizas. Juzgar la candidatura de Lula no entraba en los planes del Tribunal para este viernes y de hecho esa misma mañana los magistrados aún no sabían si estaban preparados para llegar tan lejos. Tenían a su disposición más de una docena de denuncias contra aspectos concretos de la campaña de Lula y podían elegir alguna que fuese menos compleja. Por ejemplo, la que cuestionaba que él expresidente aparezca en televisión pidiendo el voto desde la cárcel, que era la que estaba prevista para ese día.
Pero el ministerio público emitió durante la madrugada un contundente comunicado presionándoles para que no perdiesen más tiempo. «No se pueden desperdiciar los recursos públicos en campañas electorales estériles y sin viabilidad jurídica», instaba. Era un contraataque claro. La sentencia tenía que salir el viernes, costase lo que costase.
Y todo porque el día siguiente, el sábado, también tiene su importancia estratégica en el calendario electoral. Es cuando la televisión pública comienza a emitir la publicidad de cada campaña en horario de máxima audiencia. En un país donde está prohibido que un candidato compre espacios publicitarios en medios privados, una parte considerable del éxito de una campaña depende de lo que el público vea en la televisión. Y a Lula le corresponde una buena parte de esos minutos de emisión. Cada segundo protagonizado por él sería una derrota para la justicia.
Sin embargo, esa derrota podía convertirse en justicia fácilmente con el veto pronunciado a meras horas de las emisiones. La sentencia acapara la conversación y, como guinda, el PT tiene ahora que ingeniárselas para llegar a tiempo con spots totalmente nuevos. Unos que acabarán subrayando lo imposible de su situación: que están vendiendo un candidato prácticamente ilegal que hace campaña en nombre de otro inesperadamente impopular.
Otro regalo: la situación puede adelantar dramáticamente la capitulación Lula, quien para no perder más tiempo de publicidad televisiva se vería obligado a nombrar Haddad sustituto mucho antes de lo previsto. Algunos en el PT incluso sugieren que será el lunes. Los plazos son armas y acaba de explotar una muy poderosa.
