Por Nicolás Marchiori. Nuestro país, como muchas de las democracias modernas, tiene en su ordenamiento político institucional uno de los pilares centrales de la República, que a su vez constituye la principal característica del Estado de derecho: la división de poderes.
En este sentido, la división de poderes se convierte en un mecanismo esencial para el funcionamiento de cualquier sistema democrático. La teoría de la división de poderes, por tanto, no es solo una descripción de cómo se organiza el poder en un Estado, sino también una práctica efectiva que debería organizarse para garantizar las libertades individuales y la justicia.
En la actualidad, la democracia debe enfrentar y superar nuevos desafíos como la posverdad, las fake news, la polarización, los discursos de odio, los gritos e insultos, el simplismo de los mensajes de ciertos políticos, el pseudoperiodismo y las redes sociales, y otros tantos engaños que provocan que la democracia deba defenderse con las manos atadas porque sus reglas de juego no son las mismas. La democracia debe aplicarse con rigor, razón y convicción sin caer en la utilización de estratagemas fraudulentas.
No es ingenuidad. Es la esencia de la democracia. Si se actúa de otra manera, se pierde su naturaleza indefectiblemente.
En el último tiempo, se ha podido observar que sectores de la sociedad han sido arrastrados a burbujas ideológicas y de intereses que afectan la normal convivencia en un contexto de extrema polarización y de proliferación de discursos de odio que nada tienen que ver con la idiosincrasia y la esencia del pueblo misionero.
Dentro de las distorsiones de la democracia, también puede ocurrir que los grupos minoritarios ejerzan una presión sobredimensionada que no corresponde a sus votos reales ni a su presencia social, y que, de alguna manera, se produzca un chantaje ante el gobierno.
La construcción de sesgos muchas veces lleva a la sociedad a una falsa percepción que distorsiona la realidad y afecta notablemente la calidad democrática.
Debemos concebir a la democracia como un organismo vivo socialmente que puede crecer o consolidarse, o por el contrario, marchitarse y debilitarse. El equilibrio lo proporciona la separación de poderes que busca mantener la independencia entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial.
En la clásica división de poderes desarrollada por Montesquieu, el poder ejecutivo debe administrar y gobernar, el legislativo debe elaborar y aprobar leyes, y el judicial se debe encargar de juzgar y hacer cumplir las leyes y las órdenes de los jueces. Un sistema democrático da señales de un correcto funcionamiento cuando se mantiene el equilibrio de su estructura y consecuentemente existe una garantía de imparcialidad. Dicho esto, cuando se cumplen estos extremos, es inadmisible permitir que se hable de régimen o de autoritarismo. Los regímenes autoritarios y antidemocráticos comúnmente tienen una propensión a sortear la legalidad y no respetar a las minorías.
Existe un consenso aceptado de que la democracia se basa en la representación política de unos representantes elegidos libremente por la ciudadanía para que gobiernen o, en su caso, dicten leyes que serán debatidas en el Parlamento, máximo órgano de representación ciudadana.
Cuando hablamos de democracia, no debemos soslayar el rol de la ciudadanía que se expresa en las urnas a través del voto para elegir a sus representantes. La voz del Pueblo no se cuestiona, se acata.
En este sentido, Misiones ha demostrado siempre un respeto irrestricto hacia el acto supremo de la democracia que es el sufragio. Prueba de ello es lo sucedido con el policía retirado Ramón Amarilla que se encontraba detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, procesado por el delito de “sedición” en el marco de una causa vinculada a un intento de revuelta policial, con robo de vehículos de las comisarías, que se estaba perjeñando en un grupo de Whatsapp y que ocurrió después de las protestas de mayo de 2024.
Amarilla fue candidato a diputado provincial por el Partido por la Vida y los Valores y resultó electo el pasado 8 de junio. El policía retirado logró su liberación tras la intervención en el caso del Procurador General de la Provincia, Carlos Giménez y a través de un dictamen del Superior Tribunal de Justicia, luego de la presentación de un escrito con la firma de tres diputados electos por el mismo espacio político y el apoderado legal del partido, Alejandro Jabornicki.
La liberación de Ramón Amarilla se da cinco días después de las elecciones legislativas provinciales en donde el ex policía cosechó el 19% de los votos. De esta forma, Misiones da un ejemplo al país de respeto de la división de poderes y de acatamiento de la voluntad popular. Y al mismo tiempo, desarticula todo tipo de maniobra malintencionada tendiente a instalar una realidad distorsionada que nada tiene que ver con lo que realmente sucede en la sociedad misionera. Misiones respira democracia y vive en paz social y concordia.
Por Nicolás Marchiori: Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
