Ni el presidente Mauricio Macri ni sus ministros participarán de algún acto oficial alguno por el Día Nacional por la Memoria y la Verdad, que repudia el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Al igual que en 2016 y 2017, será la secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Claudio Avruj , la encargada de coordinar las actividades alusivas a la fecha, en un ambiente crispado por la decisión del Servicio Penitenciario Federal, que depende el Ministerio de Justicia, de incluir en el listado de detenidos en condiciones de ser derivado a la prisión domiciliaria al ex marino Alfredo Astiz.
Una exposición sobre el informe de la Conadep posterior a la dictadura, otra sobre los juicios a los integrantes de las Juntas Militares y espectáculos de poesía y música conforman el combo de actividades que se llevarán a cabo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde se erigía la Escuela de Mecánica de la Armada (Ex Esma) y donde tienen su sede varios organismos de derechos humanos y la propia secretaría. “Habrá múltiples actos, porque creemos que debe fluir la expresión de todos los sectores, nadie debe apropiarse de la fecha”, afirmó Avruj a LA NACION vía telefónica desde Israel, desde donde regresará el viernes.
El secretario expuso la opinión del Gobierno. Más allá de la intención de no generar conflictos directos con los organismos de derechos humanos (que harán su acto el sábado por la tarde en Plaza de Mayo junto al kirchnerismo y agrupaciones de izquierda), la intención en el Poder Ejecutivo es dejar en claro que hay visiones opuestas con la mayoría de ellos, sobre todo con aquellos que estuvieron cerca del gobierno anterior en sus doce años de gestión.
“Hay mucha hipocresía en los organismos, que tiñen su visión de acuerdo a los prejuicios que tienen de nosotros y las simpatías que tienen por el gobierno anterior”, afirmaron cerca del Presidente.
En este contexto, la inclusión de Astiz -condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y enfermo de cáncer de próstata y riñón- en el listado del Servicio Penitenciario Federal encendió la indignación de los organismos, que culparon al Gobierno y lo acusaron de querer “liberar” a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
“Se trata de un listado de tipo técnico, en base a las leyes que hay. El kirchnerismo debería haber cambiado las leyes cuando tenía número en el Congreso si creía que los condenados por estos delitos no debían recibir prisiones domiciliarias”, se defendieron desde uno de los despachos más cercanos al del Presidente.
Desde una postura dialoguista, Avruj se mostró contrario a que el ex marino reciba el beneficio, pero afirmó que el Gobierno acatará la decisión judicial. “Es una potestad de la Justicia, que no está obligada a seguir la recomendación del Servicio Penitenciario. Astiz no es cualquier figura, fue condenado y nunca pidió disculpas ni mostró arrepentimiento por lo que hizo. No es positivo que goce de ese privilegio, pero si la Justicia así lo determina por razones de salud lo aceptaremos”, afirmó Avruj, en un guiño a los organismos pero dejando al Gobierno a salvo de la eventual decisión judicial.
