Este viernes por la noche, en el barrio San Jorge, efectivos de la División Investigaciones X detuvieron a un joven de 16 años conocido como “pandillero” y en su poder secuestraron dos bolsos, un celular, un par de zapatillas, un autoestereo y prendas de vestir.

El detenido sería el autor de dos ilícitos ocurridos en las últimas horas en la zona. Por disposición del Juez Correccional y de Menores, fue alojado en la UP-IV.

Los secuestros fueron depositados en la comisaría 8va, donde se realizan las actuaciones de rigor.

Este viernes por la noche, efectivos de Investigaciones de Montecarlo llegaron hasta el acceso al barrio Malvinas e intentaron identificar al conductor de una moto tipo cross que dio a la fuga y arrojó  un bulto hacía un barranco.

Tras un rastrillaje entre malezas se encontró una mochila que contenía en su interior otra bolsita de polietileno de color blanco conteniendo en su interior varios envoltorios más pequeños.

Por su parte los efectivos de la División Toxicomanía UR-III Eldorado constataron que había 40 envoltorios de marihuana (casi un kilo) y cinco de cocaína (9 gramos).

El aforo de lo incautado es de $ 29.700.

Pese a que muchos analistas financieros locales consideran que son bajísimas la chances de que la Argentina no pueda hacer frente a los vencimientos de deuda en dólares con acreedores privados -es decir con los que primero hay que honrar las deudas para no caer en default- los inversores siguen desprendiéndose de los bonos argentinos porque prefieren “mirar desde afuera” el momento en que la Argentina pueda exhibir las pruebas de que tiene los fondos suficientes para afrontar los pagos.

Lo que está en discusión es el famoso “programa financiero 2019” y cuánta plata necesita el Gobierno para contar con la liquidez necesaria para pagar los vencimientos en tiempo y forma.

Por algún motivo, los analistas no terminan de creerle al ministerio de Hacienda, que afirma que la parte de los vencimientos aún no cubierta asciende a 7.500 millones de dólares. “El Gobierno no está explicando bien qué no tendrá dificultades para refinanciar los vencimientos o los mercados no le quieren creer, pero ahí hay un problema que la Argentina tiene que resolver cuanto antes” le dijo a Clarín un experto en finanzas, y ex funcionario en otro Gobierno, que prefirió hablar en off the récord.

“Yo pienso que el mercado está haciendo una lectura equivocada, y que es irreal pensar que la Argentina se va a ver obligada a proponer una reestructuración de su deuda, pero estos precios de los bonos están diciendo claramente que los inversores no están confiados”.

Es cierto que hay un problema adicional con los bonos, y es que no hay un mercado profundo como para que el que quiera vender no se vea obligado a salir a precio de remate. En los hechos, no hay inversores institucionales con liquidez suficiente como para atajar a los vendedores.

Esto llevo a que bonos muy cortos rindan hoy entre 7 y 8% anual, y los más largos 10% o incluso algo más. Un caso: a los precios de ayer, un inversor que no le tema a un posible default y compre 100.000 dólares en bonos a 100 años, cobrará cerca de 9.500 dólares de intereses, durante 99 años.

Con el Bonar 24, quien pone esa cifra, cobrará en los próximos dos cupones un total de 25.000 dólares entre noviembre y mayo.

Pero, se sabe, cuando la limosna es grande...

Todas las fichas del Gobierno para revertir el mal humor del mercado están puestas en mostrar que las metas fiscales pactadas con el FMI no solo serán cumplidas, sino sobrecumplidas.

En Hacienda ya ni hablan de las metas fiscales 2018, sino que directamente apuntan a 2019. Y hay quienes dicen que ya están trabajando para sobre-cumplir la meta del 1,3% de déficit para 2019. “Eso para nosotros ya es un dato, estamos 100% seguros de que se va a cumplir y no habría que sorprenderse si el déficit termina siendo menor”.

En los mercados miran tanto la marcha de la situación fiscal como la política. Naturalmente la incertidumbre electoral crece con una economía en riesgo de caer en recesión, con mercados inquietos y el precio del dólar -y del riesgo país- en primera plana.

Los analistas no terminan de convencerse de que el kirchnerismo ya no tiene margen para dar pelea; les resulta una incógnita el peronismo no K y se preguntan en qué condiciones llegará el Gobierno a las elecciones de 2019. Ante la duda, prefieren mirar de afuera.

Como ya lo confirmó el Gobierno, la empresa estadounidense Ocean Infinity será la que continúe, a mediados de septiembre, con la búsqueda del submarino ARA San Juan, que desapareció el 15 de noviembre último en la zona del golfo San Jorge, con 44 tripulantes a bordo.

La empresa norteamericana se impuso en la licitación sobre otra compañía de ese mismo país tras pasar un presupuesto de 7,5 millones de dólares, que sólo cobraría si cumple con la misión. "Por el bien de todos los involucrados en esta tragedia, esperamos poder ayudar a localizar el submarino", señaló el inglés Oliver Plunkett, CEO de la firma, abogado y cabeza de la compañía que iniciará la travesía submarina en las profundidades del Mar Argentino.

El Seabed Constructor, que tendrá el desafío de ubicar el submarino con los 44 héroes, es considerado el buque civil más avanzado del mundo y hace que su predecesor, el Fugro Equator, parezca un juguete para niños. Es que cuenta con tecnología ultra avanzada, que permitirá realizar una búsqueda exhaustiva del submarino desaparecido.

Este súper barco, que está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad, reanudará la búsqueda. De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.

Ocean Infinity cuenta como antecedente haber participado de los rastrillajes para encontrar al avión desaparecido de Malaysia Airlines, que continúa desaparecido en algún lugar del océano Índico desde 2014. La empresa, con sede en Texas, parece estar dispuesta a cuanta búsqueda marina haya en todo el planeta, con el riesgo económico que eso significa, ya que tiene como lema "no cobrar si no se encuentra el objetivo".

El Seabed Constructor ya se encuentra camino de la ciudad portuaria argentina de Comodoro Rivadavia (sur) después de zarpar de Sudáfrica. Y la empresa Ocean Infinity brindará la semana que viene detalles del plan de búsqueda, que tendrá un mínimo de 60 días y un máximo de 120, según la agencia Efe, que estimó que no se va a rastrillar un área en determinado tiempo, sino que la empresa tiene libertad absoluta para trabajar donde considere necesario. El objetivo final es localizar e identificar al ARA San Juan.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva búsqueda contará con la presencia de familiares en la misión, que serán una suerte de veedores. Se prevé que al menos cuatro familiares directos de los tripulantes participarán.

Eso sí: aquellos que aborden la nave deberán realizar cuatro cursos básicos de supervivencia y seguridad a bordo. También deberán someterse a un control psicofísico bastante estricto e idéntico al que es sometido el personal embarcado de la Marina Mercante Argentina.

Patologías perfectamente admisibles para la vida laboral en tierra, no lo son a bordo de una expedición de este tipo, por eso en algún momento se habían planteado algunas dudas sobre la presencia de los familiares en las tareas.

Los exámenes usualmente realizados buscan además de deficiencias físicas, ahondar en el estado psíquico del postulante, el equilibrio emocional y fundamentalmente la detección de algún tipo de adicción tóxica. Una simple depresión o una adicción a drogas o alcohol son motivos de rechazo, de acuerdo a lo señalado por Ocean Infinity.

La denuncia fue realizada en las últimas horas por Denis A. (18), quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su vivienda ubicada en el barrio Municipal y se llevaron varios objetos.

Por tal motivo, el personal de la comisaría local inició una investigación y procedió a la detención de Juan M. (19). En poder del joven  secuestraron una netobook,  un celular y prendas de vestir.

Una vez finalizadas las actuaciones legales, lo recuperado será restituido a su dueño.

Frente a la parálisis de la reforma laboral, el Gobierno decidió avanzar igualmente en la creación de la agencia evaluadora de tecnologías sanitarias (Agnet), una de las iniciativas contempladas en los proyectos que descansan en el Senado.

Como su tratamiento viene demorado en el Congreso, una comisión de técnicos designada por el Ejecutivo ya inició evaluaciones de medicamentos de alto costo para definir si son incorporados al Programa Médico Obligatorio (PMO), un viejo reclamo de las obras sociales y prepagas para frenar los crecientes juicios por cobertura de enfermedades y remedios.

Por estas horas, esa es una de las principales tareas a la que está abocada semanalmente la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC), creada en abril pasado en el ámbito del Ministerio de Salud por la resolución 623 de su titular, Adolfo Rubinstein.

El organismo, similar a la Agnet, está compuesto por funcionarios nacionales y provinciales, técnicos y representantes de obras sociales y prepagas. De ese modo, el Gobierno busca avanzar en dictámenes que limiten los fallos de los jueces en contra de los agentes del sistema.

“Hasta tanto la agencia salga y suponiendo que para octubre fuera promulgada la ley, la CONETEC es un paso transicional. Se da un marco explícito mientras los legisladores debaten”, aseguró Rubinstein semanas atrás durante una charla en la Fundación Sanatorio Güemes.

Allí reconoció que la comisión es “una suerte de espejo de la Agnet” y que “ya está trabajando” para resolver los amparos, la desactualización del PMO y los problemas con el sistema de reintegros a las obras sociales, mientras el Ministerio de Salud en paralelo avanza con la Cobertura Universal de Salud (CUS) en el sector público.

En rigor, la mesa técnica de la CONETEC seleccionó tres medicamentos bajo confidencialidad para evaluar, mientras que la discusión sobre su financiamiento estará a cargo de la mesa política de dicho organismo.

La primera reunión oficial fue en junio y participaron representantes de ANMAT, la Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, prepagas, obras sociales y de la Defensoría del Pueblo. Desde entonces, los técnicos analizan la eficacia, la incorporación y políticas de cobertura de las drogas de mayor impacto económico.

“La visión es muy optimista, se está evaluando la efectividad, la seguridad y el impacto presupuestario de las nuevas tecnologías. Después se resuelve si se integra o no al PMO”, explicó a iProfesional Fernando Copolillo, miembro de la Cámara de Entidades de Medicina Privada (Cempra).

Pero también reconoció que en la discusión está presente la cuestión de la litigiosidad y el modo de financiamiento. En 2017 hubo 2.800 amparos contra las obras sociales y prepagas por tratamientos, procedimientos y medicamentos que no figuran en el PMO.

Según fuentes oficiales, uno de los medicamentos bajo análisis es el Nusinersen (de nombre comercial Spinraza) para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad genética, degenerativa y mortal que en la Argentina afecta a 400 personas.

Como el nuevo remedio es muy costoso, las instituciones médicas evitan su utilización, pero ya hay 45 casos que accedieron a través de la vía judicial. Ese vacío legal por falta de un marco normativo es el que el Gobierno y los prestadores buscan llenar con las recomendaciones del organismo.

Nuevas tecnologías

De acuerdo con datos oficiales, el costo por paciente en el primer año de tratamiento es de casi $17 millones. Por lo tanto, si la cartera de Salud diera tratamiento a todos los afectados, debería destinar más de $6.500 millones, un 10% del presupuesto del área y una cifra superior al costo de provisión del programa de vacunas, que es de $5.500 millones.

“Son costos impagables”, sostuvo en la charla Rubinstein. Y señaló que “los canadienses resolvieron que tienen que bajar 10 veces el precio del Nusinersen”.

Por ello, la idea es registrar la droga, reducir su valor y ofrecer una cobertura limitada para los casos más graves. El funcionario se lo adelantó semanas atrás a la Asociación Civil Familias AME Argentina.

Pero los familiares de pacientes en Argentina piden que las obras sociales y prepagas cubran en el PMO a todos los afectados o bien que el costo lo asuma el Ministerio de Salud. Los tiempos son clave porque en el medio mueren niños.

El debate sobre la nueva droga se intensificó desde el 23 de diciembre de 2016, cuando la ANMAT de Estados Unidos, denominada FDA, aprobó el Spinraza para todo tipo de AME (1, 2 y 3) y todas las edades. Luego le siguió la Agencia Europea de Medicamentos y se sumaron Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur, Suiza, Chile y Brasil, entre otros.

Para los prestadores, una de las principales cuestiones es “quién paga” el tratamiento. Por ello, creen que la comisión es un paso en favor de un “uso racional de recursos”.

“El juez puede aceptar un amparo igual, no es vinculante el dictamen, pero es un elemento a tener en cuenta”, reconoció un integrante de la mesa técnica. Sin embargo, dentro del organismo transicional son varios los que aspiran a que la futura agencia vaya más allá y sea convocada por el juez como perito de parte ante un litigio. “Eso se verá en la reglamentación”, sostienen.