Luego de que a través de un decreto el Gobierno elevara el piso y bajara el techo de los salarios de quienes cobran las asignaciones familiares, una medida que afectará a miles de trabajadores, la oposición criticó la decisión que además elimina, a partir de septiembre, un régimen diferencial que alcanzaba a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas pobres del norte del país.
A partir del decreto firmado por la vicepresidente Gabriela Michetti, que regirá desde septiembre próximo, el Ejecutivo decidió implementar un ajuste en los beneficios sociales que reciben los grupos familiares de menores ingresos, en una medida que va en línea con el recorte prometido al Fondo Monetario Internacional(FMI).
Esta decisión del oficialismo no cayó del todo bien en algunos sectores de la oposición, como el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y la mandataria de Tierra del Fuego Rosana Bertone, el diputado kirchnerista por Chubut Santiago Igon, su par del massismo Facundo Moyano, o el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados.
Para Urtubey, la medida "vuelve a marcar la mirada centralista del Gobierno, que en lugar de elaborar políticas públicas que sinteticen las distintas realidades de la Argentina, generaliza la realidad de la Ciudad de Buenos Aires y la asemeja a la del interior profundo".
"Igualar las asignaciones familiares de los niños de Salta con los de la Ciudad con mayor ingreso per cápita del país, o con la Región Centro donde el Estado Nacional ya gasta $56.791 por habitante versus los $31.409 que gasta en el Norte, resulta de una inequidad absoluta y una falta de contemplación de las distintas realidades", aseguró Urtubey.
"Como agravante observamos que estas disparidades sólo se ajustan cuando son a favor del Norte argentino. En los casos contrarios no sucede. Por ejemplo, el 60% del subsidio al transporte se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y ahora el gobierno propone para el Presupuesto 2019 un recorte del 50% del subsidio para todas las provincias, sin tener en cuenta que el 60% del gasto está en Buenos Aires, por lo cual el mayor esfuerzo debería hacerlo el AMBA y no todas las provincias por igual", subrayó Urtubey.
Por su parte, en un comunicado, el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados sostuvo que "este es un Gobierno de malas noticias. Sería bueno que el Presidente se ocupe de una buena vez de los problemas reales en lugar de dedicarse permanentemente a golpear el bolsillo de los trabajadores".
Para los legisladores, el decreto es "un nuevo atropello contra la equidad federal". "Esto genera más inequidad y retraso en las regiones que necesitan crecer en nuestro país", aseguraron los diputados. En ese sentido, agregaron que "el Gobierno intenta aumentar la recaudación perjudicando a las familias que más requieren del apoyo del Estado. Los problemas no se resuelven con más ajuste a los que menos tienen".
En diálogo con Infobae, el diputado kirchnerista Santiago Igon consideró que el decreto "es un nuevo golpe a los trabajadores de la región patagónica. Reducir la asignación prácticamente a la mitad es un golpe fuertísimo. El costo de vida en la Patagonia no tiene nada que ver con otras provincias del centro del país, son más elevados, la canasta básica es mucho más elevada que en el promedio del país. Es un ajuste brutal".
En esa línea, el diputado massista Facundo Moyano publicó en su cuenta de Twitter que "la Argentina necesita que los trabajadores recuperen poder adquisitivo. Con el recorte de las asignaciones familiares el Gobierno está perjudicando el consumo, el comercio y la producción".
Por su parte, la gobernadora fueguina Bertone publicó en sus redes sociales un comunicado en el que destacó que la decisión oficial es "un ajuste para los que menos tienen. Claramente tiene un impacto en la vida de las personas y de las familias más humildes. Esto significa menos poder de compra en el supermercado, menos litros de leche, menos pan, menos útiles escolares, que es a lo que van destinados estos recursos".
"En particular y en relación a la Patagonia, el decreto disminuye el valor de las asignaciones familiares a partir de septiembre. Por lo cual las familias de las provincias patagónicas en las que se percibían beneficios pasarán a cobrar menos de la mitad. Se trata de un ajuste del 50%", detalló.
Bertone además consideró que "se trata de un ajuste contra la Patagonia. El diferencial para la nuestra región no se trata de un beneficio o un derroche de la Nación. Se trata de un derecho, se trata de una medida de justicia social que busca hacer soberanía en la Patagonia, que hace a la política habitacional de la Nación. Esta medida es una feroz muestra de centralismo. Este decreto lastima a la Patagonia y a sus pobladores".
Dentro de un mes, el piso del salario mensual para poder percibir asignaciones será de $2.816 y el techo bajará de $94.786 a $83.917 en bruto para el ingreso del grupo familiar, aunque ninguno podrá percibir más de $41.959. También se estableció que el ingreso mínimo a partir del cual se percibirá asignación por Hijo para el grupo familiar se elevará de $200 a $2.816: hasta esa cifra, no se cobrarán asignaciones familiares.
Estas últimas se liquidarán de la siguiente manera: para ingresos de entre $2.816 y $24.492, la asignación será de $1.578 por hijo; hasta ingresos de $35.922, de $1.063 por hijo; hasta $41.473 de salario, $640 por hijo y hasta $83.917, será de $328 pesos.
Según el decreto, estos límites "no resultan aplicables para la determinación del valor de la Asignación por Maternidad", ni para los beneficiarios de la prestación por desempleo.
El Gobierno dispuso, asimismo, eliminar los beneficios extras que alcanzaban a más de 100 mil menores de provincias de la Patagonia y algunas zonas del noroeste del país, que cobraban más que el resto, en línea con los salarios de la zona, que son más altos pero porque el costo de vida también es más elevado que en el resto del país.
Por las modificaciones, el valor de la asignación familiar por hijo puede caer entre 50% y 75% en algunas provincias. Desde septiembre, los trabajadores registrados de las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y de departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta pasarán a cobrar el denominado "valor general".
Ese "valor general" por hijo se ubica en $1.578 para el área metropolitana de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, pero se incrementaba entre $3.155 y $3.407 en los distritos citados.
