El Gobierno sabe que en septiembre tendrá uno de los exámenes más difícil de estos tiempos. Y que, hasta ahora, le será complicado de aprobar. Será cuando los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pongan en contacto con los funcionarios locales para monitorear la marcha de las metas fiscales y financieras cerradas con el organismo financiero, y de la que dependerá la salida del segundo tramo de la ayuda pactada.
Si bien desde el Gobierno de Mauricio Macri se descarta que el compromiso de un déficit de 2,7% del PBI para todo el año será demostrable, también se descarta que los hombres que comanda el italiano Ricardo Caldarelli (que maneja el equipo del FMI que fiscaliza el caso argentino) pondrán la atención en aquellos capítulos donde el país no tiene los números en orden.
Puntualmente se conoce que hay dos sectores en los que las respuestas locales serán insatisfactorias: el uso de parte de los u$s15.000 millones del primer tramo para financiar salidas de dólares del sistema cambiario, y la falta de avances en el acuerdo político para el próximo año. Y dentro de esto último, la carencia de avances en la manera en que desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne se piensa en financiar el sector previsional desde 2019.
Ante el panorama, y descartando que los hombres de Washington pondrán el acento en el peligro fiscal de 2019, desde el Ejecutivo se piensa en un Plan B. Esto es, acelerar otros cambios comprometidos para el próximo ejercicio, y que dependen en su mayoría de decisiones políticas del propio Ejecutivo.
Uno de estos es la financiación de parte del gasto previsional desde 2019, especialmente la "reparación histórica" impulsada por el propio Gobierno, con "amortización de activos de los fondos de pensión que se encuentren actualmente en posesión del Gobierno". La mayor caja disponible para esta fórmula es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en poder de la ANSES, formado esencialmente con las acciones que ingresaron al Estado durante el Gobierno de Cristina de Kirchner a partir de la reestatización de las AFJP.
Si bien no hay un número actualizado de lo que la administración pública podría obtener, fuentes oficiales especulaban con que el número final podría llegar a entre 3.000 y 4.000 millones de dólares el próximo año; dinero más que suficiente para garantizar entre 2019 y 2010 (los años de duración del acuerdo con el FMI), el financiamiento para la "reparación histórica".
La estrategia primaria que tiene en mente el Gobierno es la de ofrecer primero las acciones a los propios dueños de las compañías en operaciones de "recompra". Las mismas fuentes hablan del serio interés de varias de las empresas de volver a tener bajo dominio propio estas acciones (en el total del paquete o en parte de él) y terminar con la convivencia con funcionarios públicos en sus directorios. Algunas de las empresas en cuestión, la mayoría de ellas bancos y compañías de infraestructura, siempre les dejaron en claro que la intención era avanzar en la recompra y dejar atrás la experiencia inaugurada en los tiempos del kirchnerismo.
Desde el macrismo la idea se mantiene viva desde antes de la asunción de diciembre de 2019, pero estuvo anestesiada porque se descartaba que tendría problemas políticos para poder ejecutarse. El acuerdo firmado con el FMI y la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento múltiples y creativas hizo que el proyecto reviviera. Y dentro del capítulo de los fondos necesarios para poder cubrir las siempre desequilibradas cajas previsionales, comenzando por la continuidad del plan de reparación histórica lanzado por el macrismo al comienzo de su gestión, y que en los últimos 48 meses fue financiado por los frutos del blanqueo impositivo que aportó más de u$s 100.000 millones.
