Habitantes de zonas rurales deben enfrentarse casi a diario con los productores locales por fumigaciones con un herbicida potencialmente cancerígeno.
Mientras en Estados Unidos este lunes comenzó el primer juicio sobre los posibles efectos cancerígenos del RoundUp, el polémico herbicida de Monsanto que contiene glifosato, los habitantes de las zonas rurales de la Argentina deben enfrentarse casi a diario con los productores locales por las fumigaciones con ese agroquímico.
Se trata de un herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno.
En Argentina esas siembras comenzaron a fines de los años 1990 y desplazaron paulatinamente la cría de ganado. Al cierre de junio de 2018 había 18 millones de hectáreas sembradas, que rindieron una producción de 35,8 millones de toneladas y ubican a Argentina como el tercer mayor productor mundial, detrás de Estados Unidos y Brasil. Pero esa cosecha implica millones de litros de glifosato vertido en el suelo nacional.
Sin legislación específica
Presionados por los habitantes y sin que haya una legislación específica, los intendentes de los pueblos han emitido ordenanzas que regulan las fumigaciones, tanto para limitar su alcance territorial como para controlar las cantidades de tóxicos en los herbicidas. Pero las normas municipales son impugnadas por los productores y a veces reciben medidas cautelares a su favor, lo que agudiza el conflicto.
"Por un lado hay derechos constitucionales, como el derecho a ejercer la industria lícita, que es el que normalmente invoca el productor agropecuario. Pero, frente a ese, hay otros como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a la vida", dijo Darío Ávila, abogado ambientalista, a la agencia AFP.
"En materia de agrotóxicos, en Argentina no existe una ley nacional que tenga aplicación en todo el territorio. Estas normativas son atribuciones reservadas a los gobiernos provinciales".
"Yo entré a una propiedad para impedir la fumigación que entra sin permiso a las viviendas. Ellos pueden entrar a nuestros hogares sin permiso y nosotros le tenemos que pedir permiso a ellos para que no nos maten", dice Sofía Gatica, una activista que fue arrestada por protestar en un campo en Córdoba.
"Su fumigación entra a mi casa, entra a mi huerto, mi huerto se seca, se contamina y mis hijos se mueren", insiste esta mujer quien vive en Anisacate, un pueblo vecino a Dique Chico, y hace años perdió a una bebé de tres meses, nacida con malformaciones.
Según el neonatólogo Medardo Ávila, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, desde que comenzó la fumigación con glifosato en Argentina, las poblaciones de las zonas rurales registran mayor incidencia de cáncer y de malformaciones al nacer.
"Lo que vemos los médicos es que las personas se enferman de manera diferente. Se mueren ahora principalmente por cáncer, desde que se empezó a fumigar y se usaron estos agrotóxicos de forma masiva", indica.
"Claramente, las poblaciones agrícolas de Argentina tienen en este momento tres veces más cáncer que las poblaciones de las ciudades", asegura Medardo Ávila, al referir que además en el campo de cada 100 nacimientos seis son de niños con malformaciones, frente a una medida de 2% en otras zonas.
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