Las propuestas se estudian en la comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Misiones, y son promovidas por los diputados Oscar Alarcón y Martín Sereno.
La iniciativa de Alarcón propone la creación de un Banco Provincial de Alimentos que se encargaría de recibir las donaciones de productos alimenticios que cumplan las exigencias del Código Alimentario Argentino, clasificarlas y distribuirlas equitativamente a los sectores más necesitados.
Podrán donar productos alimenticios en buen estado las personas, tanto físicas como jurídicas, las instituciones públicas o privadas de bien público, y las empresas y locales gastronómicos.
El autor del proyecto dijo que se trata de comida en buen estado y que puede ser consumida, o que están cerca del vencimiento, con un golpe en el envase o problema en el lote, que puede ser donada en vez de ser descartada.
“Los donantes potenciales no quieren donar porque no están garantizados sus derechos respecto a qué pasaría con la persona que lo consume, y al no tener ese marco regulatorio prefieren descartarlos”, informó el legislador.
De aprobarse el proyecto, el Estado se encargaría de hacer el acopio, traslado, clasificación y control de las donaciones, para que sean posibles de ser consumidas, explicó Alarcón, y aclaró que también deberá evitar sesgos y usos políticos, garantizando a las empresas que donan que no tengan responsabilidad, ya que el Estado va a controlar la calidad para que no produzcan intoxicaciones.
Por su parte, Martín Sereno busca instituir el régimen para la donación de alimentos y la creación de un registro especial para la inscripción de toda persona física o jurídica que quiera donar alimentos en buen estado, perecederos o no, que aún sin alterar las condiciones bromatológicas y de inocuidad indispensables para su consumo, no puedan comercializarse en el mercado por haber sufrido una falla durante el proceso de industrialización o distribución, o ser excedentes de stock o de eventos sociales privados o públicos.
El legislador explica que esta iniciativa es impulsada para “regular una realidad que no nos gusta pero que debe ser considerada por las leyes para facilitar que el espíritu altruista de los voluntarios (donatarios, donantes) pueda paliar en lo posible el sufrimiento de un hermano; porque es claro que si por un lado se tira comida, y por el otro hay personas con hambre, estamos ante una situación inmoral, ante un escándalo social imposible de tolerar”.
Para el estudio del proyecto, fueron invitados a la comisión el referente del grupo de voluntarios “La Comida no se tira”, Gionatan Borboy, y el empresario y consultor de Puerto Iguazú, Gabriel Roussel.
“En Argentina se desechan 16 millones de toneladas de alimentos por año, es por esto que estamos ante una posibilidad muy grande: la de generar conciencia en la sociedad y generar políticas públicas que lo favorezcan”, dijo Borboy.
“Este trabajo voluntario, solidario y transparente debe ser controlado para establecer un nexo de confianza entre los donantes responsables, los que manipulan los alimentos y los comedores o lugares con los que están trabajando”, consideró.
Para Roussel existe una “oportunidad de ser líderes en Misiones y después expandirlo al resto del país; trabajar como un equipo y dejar de lado los tecnicismos privilegiando la acción de luchar para una alimentación mejor y para un anti desperdicio”.
“Tenemos que levantar la mano en beneficio de los hermanos misioneros y después ser un ejemplo para el resto del país”, agregó.
