El proyecto lo lleva adelante un equipo de profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), con sede en Falda de Carmen, y el Instituto Mario Gulich de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Investigadores de Córdoba utilizaron información satelital para evaluar las condiciones macroambientales que favorecen la proliferación de los mosquitos transmisores de enfermedades y generaron una cartografía de las áreas donde existe mayor probabilidad de desarrollo de los insectos.

La iniciativa comenzó a desarrollarse a fines de 2016, junto con el Ministerio de Salud de la provincia, consignó la agencia UNCiencia.

Los mapas de riesgo satelitales se producen a partir de capas, y cada una de ellas permite identificar espacial y temporalmente factores de riesgo y establecer relaciones para realizar predicciones. La cartografía se actualiza cada 30 días e incorpora datos relevados en el campo, junto a información de variables ambientales relacionadas con los brotes de enfermedades arbovirales (las que generan los virus transmitidos por artrópodos), haciendo foco en el mosquito aedes aegypti, responsable de los brotes de zika, dengue y chikungunya, entre otros.

Estos vínculos terminarán el 31 de diciembre y no se prorrogarían. Además, de acuerdo al Gobierno, tampoco se tomarán nuevos empleados por dos años. Los tribunales laborales podrían recibir miles de demandas por reclamos de empleo "en negro".

En un contexto en el que se colocó como primer objetivo bajar aún más el déficit fiscal, el anuncio del Gobierno provocó preocupación en el sector laboral, ya que de dar por terminado los vínculos con las universidades sobre provisión de empleados para tareas específicas, podría significar 7.000 nuevos despedidos a fin de año.

Además, implicaría un incremento en la litigiosidad en los juzgados del trabajo y un riesgo económico a futuro para las arcas del Estado.

Sucede que el Gobierno anunció que no habrá ingresos de personal al Estado Nacional durante 24 meses bajo ningún tipo de modalidad, y que los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta forma para proveer servicios personales.

Estas medidas serán oficializadas en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial. Los expertos consultados por iProfesional, que pidieron mantenerse en reserva por la sensibilidad del tema, advierten que detrás de esta decisión puede haber una “bomba” que, en caso de explotar, puede costarle millones de pesos al Estado.

Es que si los empleados contratados a través de las mencionadas instituciones educativas para prestar servicios en la administración pública deciden realizar un juicio por empleo no registrado y logran demostrar que existió una relación laboral encubierta, el monto de las indemnizaciones puede terminar siendo cuantioso.

Se estima que el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri como presidente, había poco más de 15.000 contratados por esta modalidad.

Poco tiempo después, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, decidió llevar a cabo una primera reducción, lo que bajó ese número a 10.000.

En la actualidad, se estima que hay, al menos, 7.000 personas que se desempeñan en el Estado a través de estos vínculos. Hay que remarcar que no son empleados públicos sino que están contratados a través de una entidad educativa, que en los papeles figura como su empleadora.

El temor principal pasa por saber -luego de conocerse el decreto- qué pasará con esos trabajadores, ya que el Gobierno indicó que se congelará el ingreso de empleados públicos por dos años.

Esta clase de provisión de personal a través de una tercerización permite esquivar la ley de contratación de empleados para la administración pública y habilita a, por ejemplo, un ministerio a atender diversas tareas –por lo general de carácter temporal pero que puede llegar a durar años- como la planificación, ejecución y control de una determinada decisión política.

Y cada mes, la universidad le envía su factura al organismo bajo el concepto de "contratos de asistencia técnica", luego de recibir el pago, el establecimiento educativo distribuye esos entre los empleados a través del salario.

Durante la administración de Cristina Kirchner, la crítica principal era que esos acuerdos fueron firmados con universidades del conurbano bonaerense -creadas durante esa misma época-, sin realizar un seguimiento de control transparente. De esta manera, se utilizaba para diversas tareas que no tenían nada que ver con el funcionamiento de la administración como el financiamiento de películas, realización de eventos eventos y stands en Tecnópolis. Esa erogación fue creciendo hasta el 2016.

El macrismo buscó poner un freno y, a través del decreto 336/2016, dispuso la creación de un registro donde quedaran documentados los nuevos entendimientos, en el marco de la política de revisión de contratos.

Allí se establece que “los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los señores ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril".

En caso de que el convenio “implique el requerimiento de servicios personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las universidades, con carácter previo a su suscripción deberá darse intervención al Ministerio de Modernización”.
A pesar de los cuestionamientos que se le hacían hacia afuera, el macrismo continuó utilizando ese tipo de vinculación, aunque en menor medida.

Si la oficialización de la medida es tan dura como se anunció, en los hechos significará que casi 7.000 personas deberán buscar un nuevo empleo.

IP.

El Gobierno venezolano anunció este sábado la liberación de un segundo grupo de 40 opositores presos, que sumados a los excarcelados del viernes llegarán a 79, tras la promesa del presidente, Nicolás Maduro, de iniciar un proceso de pacificación del país.

En el nuevo grupo de liberados están los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, así como los dirigentes Raúl Emilio Baduel y Wilmer Azuaje, entre otros.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, confirmó las nuevas liberaciones alegando que se trata de beneficios procesales amplios. Negó que sean libertades condicionales en su mayoría.

Señaló que en el grupo de liberados de este sábado estaban encausados por actos de violencia política entre 2002, 2014, 2017 y 2018.

Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que antes de iniciarse las liberaciones había un total de 355 opositores presos.

"Esto en aras de la paz, de la búsqueda del diálogo y del nunca más la violencia para atentar contra la Constitución, contra los bienes públicos y privados, de los delitos de odio, de atentar contra las personas por su color de piel o sus ideas políticas", dijo Rodríguez.

El grupo de opositores fue trasladado a la sede de la Cancillería, donde sesiona la Comisión de la Verdad de la Constituyente, a fin de recibir las órdenes de excarcelación.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, dijo que los liberados tendrán distintos beneficios, entre ellos libertades plenas, medidas de presentación a los tribunales cada 30 días y prohibición de salida del país, así como prohibición de declarar a la prensa.

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, llamó a los nuevos liberados a continuar la lucha política "desde la paz".

"Las diferencia entre los venezolanos tenemos que dirimirlas por la vía pacífica, por la vía democrática. La única vía posible es la lucha política pacífica", dijo Delcy Rodríguez.

Las liberaciones tuvieron como garantes a cuatro gobernadores regionales de oposición.

Entre los liberados están el diputado Caro, quien fue detenido en 2017 por una supuestamente conspiración y se le atribuyó estar en posesión de un fusil. Caro denunció la violación de su inmunidad parlamentaria por su detención irregular.

Por su lado, Prieto nunca pudo participar en la Cámara legislativa como diputado suplente de la legisladora Gaby Arellano. Fue detenido en Caracas en 2015 y luego imputado por los cargos de asociación para delinquir y fabricación de armas.

A la vez, Baduel es hijo del ex ministro de Defensa Raúl Baduel, actualmente preso por una condena por corrupción. Es dirigente del partido Voluntad Popular, del líder Leopoldo López. Fue detenido en las protestas contra el Gobierno de 2014 y luego sentenciado a ocho años de cárcel por el cargo de instigación pública.

Azuje es un ex diputado de una amplia lucha opositora. Tenía más de un año detenido. Sus familiares hicieron circular una fotografía de su detención, esposado a una escalera de metal.

AF.

Los funcionarios e integrantes de la comitiva presidencial que pasaron más de 15 horas varados en la alta montaña de Catamarca por un aterrizaje preventivo del helicóptero en el que viajaban regresaron este sábado a Buenos Aires en buen estado, mientras los seis tripulantes de la nave completaron el descenso a pie, acompañados por gendarmes y bomberos que los trasladaron a Santiago del Estero.

Siete de los trece integrantes de la comitiva llegaron al aeroparque porteño, entre ellos el vocero presidencial Iván Pavlovsky, quien reveló que pasaron una noche difícil porque, dijo, "se hizo imposible dormir entre el frío, el hambre, la incomodidad de no saber cuándo nos podían rescatar".

Según Presidencia de la Nación, las siete personas habían sido rescatadas con un helicóptero y llegaron al aeropuerto de la capital de Santiago donde fueron revisadas por médicos que permitieron su regreso a Buenos Aires.

En tanto, los otros seis hombres que pernoctaron en la montaña "son integrantes de la tripulación que bajaban a pie, pero bien equipados" y lograron el descenso en óptimas condiciones, tras lo cual dos funcionarios de Fuerza Aérea y la tripulación fueron trasladados a Santiago del Estero con ayuda de Defensa Civil y la Casa Militar, dijeron a Télam fuentes del operativo.

Los informantes resaltaron que "fue un éxito todo", dado que las trece personas fueron rescatadas en buen estado de salud.

Las brigadas de rescate integradas por gendarmes, bomberos y policías asistieron a la comitiva presidencial que viajaba en el helicóptero que tuvo que aterrizar preventivamente en una zona de la alta montaña de Catamarca, e iniciaron el plan de evacuación para el traslado de los ocupantes.

Entre los primeros siete rescatados se encontraban Pavlovsky; el jefe de la custodia de Mauricio Macri, Alejandro Cecatti; el secretario privado del Presidente, Mariano Lomolino, y el encargado de manejar las redes sociales, Isidro Escalante.

También estaban en ese grupo el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo; el coordinador de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial, Eduardo Plasencia, y el fotógrafo David Sisso.

Según fuentes oficiales, los funcionarios rescatados hicieron un trayecto a pie, con la asistencia de los rescatistas y luego abordaron un helicóptero de la Fuerza Aérea que los llevó hasta el aeropuerto santiagueño Angel Paz Aragonés.

A su llegada a Buenos Aires, Pavlovsky agradeció especialmente la tarea desplegada por los brigadistas y a los efectivos de la Fuerza.

Presidencia consignó que el piloto del helicóptero -perteneciente a la Fuerza Aérea- realizó dos intentos de aterrizaje en Río Hondo y uno en Tucumán, pero no pudo lograrlo por el peligro de "engelamiento" de las piezas vitales del aparato.

Se denomina "engelamiento" al congelamiento de las gotas que caen sobre la estructura de una aeronave en vuelo y puede afectar su desempeño. Cuando se produce un inconveniente de ese tipo las áreas más afectadas son el borde de ataque de los perfiles alares, hélices, antenas y otras partes similares.

"Ante esa situación y tomando en cuenta la posibilidad de quedarse sin el combustible necesario para cualquier maniobra, el piloto buscó una zona despejada para aterrizar, que encontró en una zona de montaña, a casi 3500 metros sobre el nivel del mar, en Catamarca, muy cerca del límite con Tucumán", explicó un comunicado.

"Tras el aterrizaje, Cecatti utilizó un teléfono celular satelital para solicitar ayuda, tras lo cual los brigadistas iniciaron el operativo de rescate a pie en horas de la noche, ya que se reportaban malas condiciones climáticas y baja temperatura", añadió.

Tres patrullas de rescate comenzaron anoche el operativo de evacuación de los 13 integrantes de la comitiva presidencial, que debió aterrizar de manera preventiva, a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea, en una zona de alta montaña de Catamarca.

Las patrullas de rescate que realizaron el operativo estaban integradas por personal pertenecientes al destacamento de Alta Montaña de Andalgalá de la Gendarmería Nacional, de Protección Civil y de Bomberos.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó que el piloto del helicóptero que trasladaba a la comitiva presidencial y debió aterrizar preventivamente en una zona de alta montaña de Catamarca "tomó una buena decisión", que fue ir hacia una zona despejada, y "nunca declaró la emergencia".

"El piloto tomó una buena decisión, que fue ir a una zona despejada, con una planicie. Aterrizó y avisó, nunca declaró la emergencia", indicó la ministra en declaraciones a radio Mitre, al describir el descenso de la nave en una zona que "está a 3442 metros de altura".

AF.