Casi no hay restaurante en Buenos Aires donde no trabaje un venezolano. Hace un año no era así. En el centro de Santiago de Chile hay antiguas superficies comerciales hoy reconvertidas en lugares de tiendas de servicios para inmigrantes sudamericanos –abundan las peluquerías y locales de estética– en las cuales es casi imposible no encontrar a un venezolano. Hace un año tampoco era así. Esta diáspora, mayoritariamente de gente joven y formada, es la consecuencia exterior más visible de la crisis del país caribeño, que hoy celebra unas controvertidas elecciones presidenciales predestinadas a no cambiar nada.
Todo parece indicar que el presidente Nicolás Maduro será reelegido, a pesar de que hay encuestas que otorgan la victoria al opositor Henri Falcón. Los porcentajes que los diferentes sondeos otorgan a los dos principales candidatos son tan dispares como la cifra prevista de votantes: mientras desde el chavismo se espera una participación de dos tercios del censo, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que boicotea los comicios y llama a la abstención, enarbola encuestas que señalan que sufragará menos de un tercio de los venezolanos.
En cualquier caso, los sondeos tienen la misma credibilidad que estas elecciones y sus principales protagonistas. Unos comicios que tocaba celebrar en diciembre de este año y que fueron adelantados por obra y gracia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pseudoparlamento donde todos sus miembros son chavistas y que suplanta a la Asamblea Nacional, el Parlamento de mayoría opositora, democráticamente elegido en el 2015.
Primero se fijó la fecha del 22 de abril para las elecciones. Luego fueron aplazadas un mes, hasta hoy, tras un pacto del chavismo con Falcón y los otros dos candidatos presidenciales, el pastor evangélico Javier Bertucci y el chavista disidente Reinaldo Quijada. El acuerdo permitió a Maduro reforzar la aparente legitimidad de unos comicios en los que la MUD había decidido no participar, tras las frustradas negociaciones con el Gobierno en República Dominicana, y cuando gran parte de la comunidad internacional apuntaba ya que no los reconocería.
De 56 años, Falcón es un exmilitar y abogado que fue chavista hasta que pasó a la oposición en el 2008. Gobernador del estado de Lara entre el 2008 y el 2017, se integró en la MUD con su partido, Avanzada Progresista, y llegó a ser jefe de campaña de Henrique Capriles en las elecciones que la coalición opositora perdió por la mínima en el 2013. Sin embargo, Falcón se desmarcó del boicot electoral de la MUD y siguió adelante con su postulación. Se presenta como el candidato de la “transición” y aspira a recoger el voto de los chavistas desencantados. “Lo juro, juro que libraré a Venezuela de la dictadura, lo juro en el nombre de Dios y de la Divina Pastora”, dijo en su último mitin.
Una extendida teoría conspirativa, amplificada desde la MUD, habla de un pacto gatopardiano de Falcón con el oficialismo. La coalición opositora, que tiene a sus principales líderes encarcelados, en arresto domiciliario, exiliados o inhabilitados, auspicia esa teoría porque busca lograr una gran abstención que deslegitime el resultado de una contienda que juzga fraudulenta.
Un buen número de países del continente, como Argentina, Brasil o Canadá, reunidos en el Grupo de Lima, rechaza las elecciones. El Gobierno español, la Comisión Europea y EE.UU. también. El Parlamento Europeo no ha enviado observadores, como es costumbre, aunque habrá dos millares de supervisores internacionales de los comicios. Paradójicamente, y a pesar de que el Gobierno de Rajoy repudia las elecciones, quien se ha convertido en el principal legitimador internacional de los comicios es el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, investido por Maduro como una suerte de jefe de observadores. “Deseamos una jornada electoral participativa, una jornada electoral con todas las garantías, una jornada electoral donde los representantes de todos los candidatos ejerzan su función de garantes del sistema”, declaró Zapatero el viernes tras visitar la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, y antes de reunirse con todos los candidatos.
El líder socialista añadió que “Venezuela no necesita fiscales ni fiscalización, necesita de la observación constructiva” y apeló a “unas elecciones lo más democráticas posibles”. Cuestionado por la MUD, que lo considera “cómplice” de Maduro, Zapatero no descarta que tras los comicios se pueda continuar con el diálogo entre oposición y Gobierno que él mismo auspició los últimos tres años. “Soy partidario de retomar un proceso de diálogo, de amplio diálogo, que incorpore reformas políticas, nuevos consensos, acuerdos económicos”, dijo el exmandatario.
Maduro cerró campaña con Maradona bailando sobre el escenario y volvió a echar mano de la retórica dialogante pero poco creíble. “Llamo a un gran diálogo nacional para darle una gran oportunidad a Venezuela, de un nuevo comienzo, y aprender a hacer las cosas de nuevo para hacerlas mejor, para hacerlas bien”, sostuvo el mandatario. “Hay muchas cosas que están mal y hay que rectificarlas, no podemos taparnos los ojos y no ver lo que está mal, hay mucha corrupción por ahí regada que hay que acabar y enfrentar, hay mucho burocratismo y mucho burócrata que toma sus decisiones en sus oficinas con aire acondicionado y se olvidan del pueblo”, agregó el presidente.
Maduro promete acabar con la crisis y responsabiliza a las “mafias económicas” y a las sanciones internacionales promovidas por EE.UU. y la UE de la grave situación financiera que vive el país, que tiene la inflación más alta del mundo y será del 13.000% en el 2018, mientras el PIB caerá un 15%, según el FMI.
