El oficialismo trabaja para impedir la mayoría necesaria para abrir el recinto y presiona a los gobernadores. Escenario abierto en la Cámara de Diputados.
Con el fantasma del último intento fallido respirándoles en la nuca, los bloques de la oposición agotaban por estas horas los últimos esfuerzos para conseguir el quórum que les permita sesionar este miércoles en la Cámara de Diputados con la mira puesta en los proyectos jubilatorios y la emergencia en discapacidad.
Si bien merodeaban el quórum, con números ligeramente favorables, desde la oposición no quieren que ninguno de los diputados que se comprometieron a dar su apoyo se relaje o improvise una excusa de último momento.
Los temas a tratar este miércoles son muy sensibles desde el punto de vista social y de hecho la presión popular se hará presente en toda su magnitud en la multitudinaria movilización que distintos colectivos vienen gestando desde hace días a través de las redes sociales.
La plaza del Congreso y sus inmediaciones serán punto de convergencia intersectorial de organizaciones de jubilados que se movilizarán como cada miércoles pero en mayor número, además de los colectivos vinculados a personas con discapacidad e inclusive el movimiento de mujeres postergó la tradicional marcha del Ni Una Menos para darle mayor musculatura a la manifestación.
Por si fuera poco, la asamblea de trabajadores del Hospital Garrahan, que se encuentra en plan de lucha por salarios y condiciones laborales dignas, será de la partida, teniendo en cuenta que un escenario probable es que la oposición introduzca una moción de emplazamiento a las comisiones para tratar el proyecto la emergencia de la salud pediátrica en todo el país.
Agrupaciones universitarias de alumnos y docentes se sumarán a la marcha con la expectativa de que la oposición aproveche el recinto para emplazar el tratamiento de los proyectos de presupuesto y recomposición salarial para la educación superior pública.
Desde el Ministerio de Seguridad anticiparon que endurecerán el protocolo antipiquetes teniendo en cuenta que la intensidad de la marcha de este miércoles será significativamente mayor a otras jornadas. La calle va a estar caliente y dentro de los muros del Palacio se sentirá esa tensión en el aire.
El Gobierno está preocupado porque entiende que esta vez el bando adversario sí está más cerca del quórum.
El 21 de mayo pasado, al conglomerado opositor le había faltado apenas tres diputados para alcanzar el número mágico de 129.
Como síntoma de este temor creciente, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, viene alertando todos los días, ya sea a través de tuis públicos o mediante canales informales, del costo fiscal que supondría aprobar la batería de proyectos que motoriza la oposición.
Según advierten, las reformas planteadas supondrían entre el 2025 y el 2026 un gasto total de 12 mil millones de dólares, lo cual supone un costo fiscal del 1.8% del PBI.
Con ese argumento como punta de lanza, el oficialismo intenta disuadir a gobernadores y otros interlocutores que suelen ser permeables a los planteos de orden fiscal.
El bloque de la UCR también enfrenta una doble presión: del Gobierno nacional que le exige obediencia debida, y de los sectores de la sociedad civil que durante una época supo representar, y que piden desesperadamente a gritos una ayuda del Congreso ante la agresión del Poder Ejecutivo.
En los últimos tiempos, el bloque que preside Rodrigo de Loredo se alineó al Gobierno a costa de desperfilarse identitariamente, pero también sufrió fugas, con Julio Cobos como máximo exponente de estas disidencias.
El mendocino es una fija para el quórum, y algunos otros como Karina Banfi y Fabio Quetglas podrían seguir el mismo camino.
La muñeca de Menem, ya probada en batalla, estará dirigida otra vez a los gobernadores de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Chubut y Chaco, que fueron quienes le dieron una satisfacción el 21 de mayo pasado, cuando bajaron a sus diputados y voltearon la sesión.
Los referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre sostenían por estas horas la dura tarea de poner un dique de contención en sus bloques para evitar fugas, como ocurrió en la sesión anterior.
La Coalición Cívica, que firmó el pedido de sesión, y el Frente de Izquierda, son aliados coyunturales en esta contraofensiva. El PRO, con la excepción de los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, volverá a rendirse a los deseos de la Casa Rosada tras la capitulación final de Mauricio Macri.
El Gobierno ya avisó que vetará cualquier modificación que atente contra el orden fiscal, por lo que la oposición ya empezó a pensar una estrategia para alcanzar las dos terceras partes en una futura sesión.
El temario de la sesión
Los temas jubilatorios se dividirán en dos paquetes: uno vinculado a la prórroga de la moratoria (plan de pago de deuda previsional) y el incremento excepcional del 7.2% en los haberes de jubilaciones y pensiones, y en segundo término el aumento del bono complementario.
Si bien la incidencia fiscal de la moratoria es muy marginal de acuerdo a los cálculos de la Oficina del Presupuesto de la Nación (OPC), cercano al 0,165% del PBI, el oficialismo quiere terminar con esta práctica de "parches" que considera inequitativa con aquellos trabajadores que aportaron más de 30 años al sistema.
Por estas horas, Unión por la Patria y la izquierda tenían dificultades para reunir una mayoría suficiente. En cambio, las perspectivas de mejorar el bono y establecer un incremento por única vez de los haberes previsionales es favorable.
Después de votarse los proyectos previsionales, se tratará el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de los montos de los haberes desde el 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a la inflación acumulada, y una actualización automática mensual del nomenclador de los aranceles para los beneficiarios.
En tercer orden, se tratará la declaración de la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones.
Se trata fundamentalmente de las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas y San Antonio de Areco.
