Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista
El viernes, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral. En este escenario, la actuación de los legisladores nacionales se volvió una trampa perfecta: si acompañan al presidente, son acusados de “entregarse”; si se oponen, de “poner palos en la rueda”.
La lógica del “antipolítica” no deja espacio para la racionalidad: cualquier postura es condenada, porque el problema ya no es la decisión, sino la política misma. Sin embargo, quienes cuestionan los votos de los legisladores misioneros rara vez consideran cómo la provincia sostiene cientos de programas que reactivan el consumo, garantiza un boleto sin costo para los estudiantes y mantiene otros programas sociales, incluso en un contexto de caída de la coparticipación y de discrecionalidad en la asignación de ATN. Quieren justicia social, pero no siempre comprenden las herramientas necesarias para sostenerla.
Los gobiernos provinciales, como el de Misiones, enfrentan una encrucijada inédita. Deben votar, negociar, gestionar y administrar en medio de una tormenta emocional donde el costo político está garantizado cualquiera sea el camino elegido. Si apoyan decisiones que puedan perjudicar a ciertos sectores, reciben reproches; si las rechazan para evitar ese perjuicio, también. Esa presión constante se combina con la falta de recursos que enfrentan todas las provincias debido a la caída de la coparticipación, lo que hace cada decisión aún más compleja y sensible.
El problema de fondo es que no se establece la relación directa entre las decisiones nacionales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las reducciones de recursos o las restricciones del margen de maniobra fiscal tienen consecuencias concretas: pueden resentirse los programas Ahora, el Boleto Educativo Misionero, la atención en hospitales públicos o las obras en escuelas. Detrás de cada votación, a menudo, hay un esfuerzo por proteger salarios, aguinaldos, ayuda escolar y políticas que amortiguan la crisis.
Cuando estas conexiones no se comprenden, el debate se simplifica en consignas y enojo. La ciudadanía aplaude o critica decisiones sin evaluar los efectos reales en la vida diaria. La antipolítica no solo cuestiona al gobierno nacional: también debilita la gestión provincial y, en última instancia, afecta a los propios vecinos y trabajadores que dependen de esos recursos y servicios.
La política es el arte de lo posible, y gobernar implica equilibrar aspiraciones sociales con limitaciones financieras y recursos disponibles. Sin embargo, en estos momentos, la sociedad muchas veces exige lo imposible: soluciones inmediatas y perfectas, sin tolerancia a la negociación, la moderación o los tiempos de la gestión. Mantener previsibilidad en salarios, servicios y programas requiere liderazgo y experiencia, aunque la emoción colectiva rara vez lo reconozca.
Además, muchas de estas decisiones se toman en un contexto de limitaciones objetivas. Los recursos son finitos y deben distribuirse entre múltiples demandas simultáneas: salarios de docentes y fuerzas de seguridad, programas de ayuda escolar, inversión en infraestructura educativa y sanitaria, y sostenimiento de servicios esenciales como el Banco de Sangre. Cada ajuste, cada negociación, busca minimizar impactos negativos, aunque la percepción pública rara vez lo reconozca.
En este escenario, la gestión de Misiones demuestra cómo se puede gobernar con responsabilidad aun frente a críticas y expectativas encontradas. Se confirmaron aumentos salariales para docentes y fuerzas de seguridad en dos tramos, se relanzaron los programas Ahora Escolar y Ahora Textos, se acreditará la Ayuda Escolar el 25 de febrero con $91.000 por hijo y $227.500 por hijo con discapacidad, se invirtieron más de 1.150 millones de pesos en escuelas y se mantiene el Boleto Educativo Misionero para 400.000 estudiantes.
La provincia también reforzó el Banco de Sangre con un nuevo móvil para el interior y mejoró su desempeño en el Índice de Transparencia Presupuestaria de CIPPEC. Estas acciones muestran que, aunque la política se perciba con desconfianza o enojo, es posible sostener derechos, servicios y programas esenciales mientras se navega un contexto de recursos limitados.
La dificultad actual no es solo técnica o financiera: es profundamente emocional. La antipolítica ha erosionado la confianza en cualquier mediación institucional. Como advertía José Ortega y Gasset, cuando la emoción colectiva desplaza a la reflexión, los puentes que sostienen la convivencia se debilitan. La prudencia se lee como sospecha y la moderación, como insuficiencia. Gobernar hoy es caminar sobre un puente en llamas: sin aplausos asegurados, pero con la obligación de que la estructura no se derrumbe sobre todos. La responsabilidad política sigue siendo indispensable, aunque muchas veces incomprendida.
