El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero requirieron la intervención de la cancillería argentina ante la situación de la abogada Agostina Páez, quien se encuentra sometida a un proceso penal en Río de Janeiro, Brasil, acusada de discriminación.
La institución porteña junto al Colegio de Santiago del Estero, dónde reside la abogada, solicitaron que “se asegure la intervención del Consulado argentino con jurisdicción en Río de Janeiro, a efectos de que se le brinde a la ciudadana argentina Agostina Páez la asistencia consular debida y el seguimiento del proceso penal en curso, para que se le permita retornar al país sin perjuicio de la prosecución de las actuaciones judiciales que correspondan”.
El planteo se realizó a partir de una presentación impulsada por el Colegio de Abogados y de Procuradores de Santiago del Estero, presidido por Luis Alberto Miguel, que denunció una detención “injusta y arbitraria” de la letrada matriculada en esa provincia y pidió gestiones diplomáticas para garantizar su liberación y retorno al país.
En una nota dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, el presidente del Colegio porteño Ricardo Lavedra pidió que se active la intervención del consulado argentino con jurisdicción en Río de Janeiro para “garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales” de la ciudadana argentina, entre ellos el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley.
La presentación remarca que, sin perjuicio del respeto a la jurisdicción y soberanía de las autoridades brasileñas, el caso amerita “la intervención de la representación consular correspondiente” a fin de verificar que la abogada cuente con asistencia adecuada y que el proceso en su contra respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El reclamo se apoya en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Ley 17.081) y en la Ley del Servicio Exterior (20.957), que establecen como función de los funcionarios diplomáticos “prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y a sus intereses”.
El planteo original fue elevado por el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, que expresó su “profunda preocupación institucional” por la situación de Páez, detenida desde el 14 de enero de 2026 en Brasil.
En esa nota, se afirma que la abogada se encuentra privada de su libertad “sin que se le hayan garantizado las mínimas condiciones de debido proceso conforme a los estándares del derecho internacional y los principios rectores de los derechos humanos”.
La entidad sostuvo que la situación “ha excedido un margen de razonabilidad tal que, a esta altura, su desproporción procedimental supera cualquier ánimo de preservación de derechos que pudiera argumentar la Justicia” brasileña, y advirtió sobre la “falta de un adecuado control judicial sobre las imputaciones formuladas” y la “imposibilidad de mantener contacto regular con su familia”.
En ese marco, ambos Colegios solicitaron el acompañamiento institucional para impulsar gestiones ante el Gobierno nacional que permitan “la pronta liberación” de la abogada y su regreso a la Argentina, sin perjuicio de la continuidad de las actuaciones judiciales que correspondan. Paéz está acusada de injuria racial y está retenida con tobillera electrónica en Brasil con prohibición de salir de ese país.
