Entre los proyectos que irán al Congreso en diciembre, la modificación de la legislación laboral se considera prioritaria, según indican fuentes oficiales. La “industria del juicio” pone en jaque a las pymes con indemnizaciones por despido “exorbitantes y desproporcionadas” con montos que pueden superar en diez o más veces el monto original reclamado.

Entre las reformas estructurales que el gobierno de Javier Milei piensa llevar adelante en la segunda parte de su mandato, la reformulación de la legislación laboral se presenta como prioritaria, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito. En tal sentido, adelantan que están trabajando en proyectos que se encontrarán entre los primeros a ser enviados al Congreso en diciembre próximo, cuando el oficialismo espera ver incrementada su representación, tanto en Diputados como en el Senado.

El año pasado, y mediante la Ley Bases, el oficialismo logró introducir modificaciones en la legislación laboral, incluyendo la promoción del empleo registrado, la creación de una figura de trabajador independiente con colaboradores y modificaciones en la indemnización por despido, entre otros.

Sin embargo, no logró terminar con problemas judiciales que tienen a maltraer a las empresas. Por el contrario, se observa un crecimiento de la litigiosidad que se atribuye, entre otros factores, a la aplicación de multas e intereses que son considerados siderales por el sector patronal, como así también a la actualización judicial de los montos indemnizatorios, que puede multiplicar por diez o más veces el monto original reclamado.

En estas condiciones, los analistas señalan que no debe extrañar que el trabajo "no registrado" se haya triplicado desde comienzos de los años noventa.

“La CGT y las entidades empresarias coinciden en que los fallos de la justicia laboral tienen montos exorbitantes, desproporcionados y arbitrarios que destruyen empresas y puestos de trabajo”, señaló en una reciente columna de opinión el abogado Julián De Diego.

“Este tema de la Justicia Laboral es, en algunos aspectos, incluso más grave que lo que ocurre en el ámbito penal con la doctrina (Eugenio) Zaffaroni. Así como en lo penal hay jueces muy "garantistas", en lo laboral hay una marcada influencia de la doctrina (Héctor) “Recalde, con el respaldo de la CGT, sindicatos y abogados laboralistas”, sostiene el abogado Carlos Cedro.

El especialista considera que “así se frena cualquier intento de modernizar la legislación, se impide generar empleo en blanco y se termina condenando a las PyMEs a desaparecer”.

Fuentes empresarias comentan que, en la actualidad, entre los impuestos al trabajo y los riesgos legales de contratar personal, es casi imposible arrancar un emprendimiento pyme.

Fuentes de la Justicia señalan que la Corte Suprema ha tratado de moderar esta situación en varios fallos -como en los casos “Oliva” y “Lacuadra”, donde se habla de la razonabilidad de las sentencias y su proporcionalidad-.

En el caso "OLIVA Fabio Omar c/ COMA S.A.", sobre el que se expidió la Corte declarando inconstitucional la sentencia de la Cámara del Trabajo, el capital inicial de condena otorgado a favor del demandante ascendía a la suma de $2.107.531. Tras aplicar el método de capitalización anual y progresiva de intereses, esta suma se incrementó drásticamente a $165.342.185, lo que representó un aumento que fue considerado exorbitante y totalmente desproporcionado (7745,30%).

Luego hubo otro fallo “Lacuadra Jonatan c/DIRECT TV Argentina S.A. y otros s/Despido” también el Máximo Tribunal consideró inconstitucional la sentencia porque llegaba a un resultado también exorbitante y desproporcionado

Al analizar fallos de despido, con trabajadores convencionados de menos de cinco años de antigüedad, con sentencia final por más de $300.000.000 que representaban 150 veces el valor del reclamo original, fueron receptados por la Corte Suprema como arbitrarios, mandándose que se dicte nueva sentencia, señala De Diego.

Pero como sus resoluciones no son vinculantes para los tribunales inferiores y sólo aplican al caso concreto, muchas cámaras directamente no acatan lo dicho por la Corte, según se señala en medios judiciales. Y, además, no todas las causas ni todos los justiciables pueden llegar hasta el más alto tribunal.

La denominada "industria del juicio" representa “uno de los principales desafíos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina”, señala un informe de Marcelino Abdala a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado.

En los últimos años, la cantidad de litigios laborales ha crecido de manera sostenida, generando un impacto económico y operativo “significativo” en el sector, que es responsable de una gran parte del empleo privado registrado en el país.

El informe señala que, en 2024, los juicios laborales alcanzaron un récord de 125.842 casos, con un aumento del 7% respecto al año anterior. Para 2025, se proyecta que las demandas laborales superen las 132.000.

Se estima que más del 50% de las pymes enfrenta actualmente litigios laborales, con “costos que en muchos casos resultan inviables para la continuidad de los negocios”.

En Argentina existen aproximadamente 400.000 pymes, con un promedio de 10 empleados cada una. El informe advierte que, si solo el 20% de estas empresas se viera obligada a cerrar por juicios laborales, el impacto alcanzaría a 800.000 puestos de trabajo.