Más allá de manifestaciones salariales de los últimos días, la provincia de Misiones funciona institucionalmente con normalidad en todos los ámbitos. Las escuelas, los hospitales y las comisarías están 100% abiertos y brindando servicios; la gente realiza sus actividades particulares sin inconvenientes y con normalidad.

Con los aumentos anunciados por el gobernador Passalacqua para cobrarse la semana entrante, la provincia incorpora casi 15 mil millones de pesos a la masa salarial de los trabajadores públicos, haciendo un esfuerzo tremendo para recomponer el salario perdido a causa de la inflación nacional. Se debe considerar una caída de 30% de la coparticipación, que no se daba hace 22 años y una caída de 20% de la recaudación propia, datos que suceden en el mismo momento que el gasto del Estado crece y crece sin parar.

Esta recomposición representa el tercer aumento del año para los estatales misioneros, cumpliendo religiosamente el pago antes de que se termine el mes, sumado a que ya se garantizó el aguinaldo y, en otro esfuerzo de gran magnitud, el pago del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) creado con fondos provinciales luego de la quita de la Nación del FONID, que representa 13% del ingreso de cada cargo.

Lo anunciado duplica y en algunos casos casi triplica la inflación de abril, demostrando claramente la voluntad de recomponer los ingresos de los 50 mil trabajadores públicos misioneros, una medida que no se podría lograr de ninguna manera si no se tuviera el equilibrio fiscal y una economía que goza de buena salud. Misiones está en condiciones de ser la primera en despegar cuando la Nación supere la crisis económica.

No existe ninguna provincia en el país que se encuentre otorgando 100% de aumento a sus estatales como reclaman algunos sectores minoritarios en Misiones. Insistir de manera intransigente con este pedido imposible, pareciera una clara intención de no acordar y buscar inestabilidad institucional. Y en el caso puntual de la Policía, la exigencia de negociación salarial y amnistía es propia del funcionamiento de un gremio, cuando la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha prohibido a las fuerzas armadas llevar adelante cualquier tipo de conducta sindical. Y eso es justamente lo que está haciendo o pretendiendo hacer la Mesa de Diálogo Policial.

Esta teoría se fortalece con la activa presencia de sectores politizados en las protestas, que no son empleados policías, ni docentes ni de salud, que fueron los principales impulsores de los desmanes en la Legislatura. Además de que están identificados, dejan en evidencia que hay otros intereses no salariales.

La cuestión es claramente económica. Si la provincia tuviera más fondos disponibles, resolvería la situación como se hizo en años anteriores. Pero la realidad es que cayó la coparticipación, cayó la transferencia de fondos no automáticos, lo mismo que la recaudación propia y todos los indicadores económicos retrocedieron. El agujero presupuestario existe y es gigante.

Esto se siente a pesar de que Misiones es una de las provincias con menor cantidad de empleados públicos por habitantes en todo el país. La masa total de estatales, que alcanza los 50 mil, no llega al 10% de la población económicamente activa, que según el último censo fue de 700 mil habitantes.

Los últimos informes salariales conocidos y realizados por consultoras privadas y por la Encuesta Permanente de Hogares demuestran que el promedio de empleados públicos tiene salarios significativamente más altos que la masa de empleados privados, con lo cual, decir que los sueldos estatales son de hambre pondría a los sueldos privados todavía más abajo... ¿qué categoría sería esa?.

Los estatales, en la gran mayoría de los casos, trabajan menos horas y ganan casi el doble que los privados. En ese escenario se ven casi privilegiados. Más aún si se considera que los privados casi no usan el derecho a huelga, mientras que los públicos tienen la posibilidad varias veces al año de no ir a trabajar, como sucede ahora en algunos sectores.

Hay una mirada muy atenta a todo el conflicto desde Buenos Aires, sabiendo que son una parte causante, por el ajuste, pero además por la preocupación de que emerjan conflictos similares en otras provincias. A raíz de esto, se supo que La Nación quiere ejemplaridad en el final de esta sedición, con la severa aplicación de las leyes y medidas, sanciones judiciales, como decisión política diseñada para que no se expanda a otras provincias.