Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reveló que la tasa de encarcelamiento llegó a 258 personas cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de los últimos 25 años.

El Sistema Penitenciario Argentino atraviesa una situación crítica, con una superpoblación inédita que alcanzó un nuevo récord histórico en el país en 2024: la cantidad de personas presas en cárceles alcanzó la cifra de 121.443 detenidos, con una tasa de 258 cada 100.000 habitantes y unidades al 130,2% de ocupación.

Según el informe La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos año 2024, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el encierro penitenciario en nuestro país no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos 25 años, exceptuando una leve baja durante la pandemia en 2020. Sin embargo, en el 2024, el promedio del crecimiento de la población carcelaria (7,1%) fue incluso superior al que se venía registrando anualmente durante los últimos 25 años (6%).

A pesar de que diversas jurisdicciones ampliaron su capacidad de alojamiento en un 17,5% durante 2024, la velocidad del encarcelamiento (7,1%) no permitió descomprimir el sistema de forma efectiva. A nivel nacional, la ocupación promedio se situó en un 130,2%, lo que significa que hay 130 personas por cada 100 plazas disponibles.

El informe destaca realidades provinciales alarmantes. Las jurisdicciones que superaron el promedio nacional de sobrepoblación fueron Salta, San Juan, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Fe. En contraste, solo cuatro provincias (Catamarca, Tucumán, Chubut y Santiago del Estero) funcionaron con niveles de ocupación inferiores al 90%.

¿Quiénes son los detenidos?

El perfil sociodemográfico de la población carcelaria muestra una mayoría de varones (95,4%) y jóvenes, donde 6 de cada 10 personas tienen entre 21 y 39 años. La población extranjera representa el 4,5%, una cifra que guarda proporción con el censo nacional, con una mayor presencia en el Servicio Penitenciario Federal (16,1%) debido a delitos federales y de tráfico fronterizo.

En cuanto a la situación judicial:

El 62% de la población tiene condena, mientras que el 37,3% permanece procesado (en prisión preventiva).
Aunque el porcentaje de procesados bajó relativamente, en términos absolutos la cantidad de personas sin condena firme sigue creciendo: pasó de 43.191 en 2022 a 45.305 en 2024.

Desigualdad de género: Mientras que el 36,8% de los varones está procesado, en el caso de las mujeres la cifra sube al 48,6%.

Delitos y penas cortas

El tipo de delito también varía según el género. En los varones prevalecen los delitos contra la propiedad. Sin embargo, en mujeres y personas trans, la causa principal de encierro son los delitos vinculados a estupefacientes (36,3% y 34% respectivamente), mientras que en los varones esta categoría solo representa el 10,5%.

Un dato clave para la política criminal es que el 17% de los condenados (12.787 personas) cumple penas menores a tres años. Según los expertos del CNPT, estos casos corresponden a delitos de escasa o nula violencia que, bajo determinadas condiciones, podrían admitir medidas alternativas al encierro para aliviar la saturación del sistema.

Salud mental en las cárceles

El informe advirtió sobre la situación de 256 personas alojadas bajo medidas de seguridad curativas por motivos de salud mental. Esta población se ha mantenido estable en la última década, representando el 0,2% del total nacional, aunque en provincias como Misiones la cifra asciende al 4,8%, superando ampliamente el promedio del país.

Según el documento, el alojamiento de este grupo en establecimientos penitenciarios genera múltiples vulneraciones de derechos. Las prisiones operan bajo una tensión permanente entre los objetivos tratamentales y securitarios, priorizando, por lo general, estos últimos. “Como resultado, los abordajes en materia de salud mental resultan deficitarios y, en muchos casos, inexistentes”, señaló el informe.