Con sustanciales modificaciones en el capítulo laboral de la Ley Ómnibus para permitir que avance su tratamiento, ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados luego de una negociación entre sindicalistas y el asesor Santiago Caputo.
El Gobierno finalmente aceptó eliminar del capítulo laboral de la Ley Bases los artículos más cuestionados por distintos sectores de la oposición dialoguista, que coincidentemente, eran los que rechazaba la CGT.
Tras una jornada donde por momentos pareció que la posibilidad de tratar el proyecto se caía, finalmente las gestiones llegaron a buen puerto y todo está dado para que el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emita dictamen mañana sobre la Ley Bases y del proyecto fiscal.
El proyecto se tratará en el recinto entre lunes y martes y así poder sancionarlas antes del anunciado Pacto de Mayo.
El nuevo borrador contiene la propuesta de modernización laboral del Gobierno, que quedó en 17 de los 58 artículos iniciales.
Quedó fuera la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como “grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo”. Pero aquí se mantiene el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión.
Otro artículo eliminado, que figuraba en el DNU y el anterior borrador, era el que ponía en jaque dos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.
El Gobierno también quitó los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70.
Siguen en el proyecto la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
