Si en diez días hábiles no está implementada toda la normativa comenzaran a regir multas diarias a funcionarios como Manuel Adorni y Sandra Pettovello.
A pesar de la resistencia de Javier Milei, la Ley de Emergencia en Discapacidad deberá entrar en plena vigencia en los próximos diez días hábiles. Ese es el plazo máximo que la Justicia le impuso al Gobierno nacional para implementar la normativa que fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación durante el año pasado. “El 4 de febrero tiene que estar todo cumplido; si no, comenzarán a aplicarse multas diarias a los funcionarios o, incluso, podrán iniciarse causas penales por desobediencia”, destacan las familias del colectivo que presentó el amparo.
En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, “informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones”. De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
“La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple”, manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las “dilaciones y las excusas”. “Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final”, celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.
De acuerdo con la medida dictada por González Charvay, el Gobierno deberá presentar, entre otros requerimientos: la resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores desde enero de 2025, el plan de pago de la compensación adeudada a los prestadores, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas, los nuevos valores de las prestaciones y el decreto que reglamente la Ley 27.793, que ya lleva tres meses de retraso.
Desde las organizaciones, sin embargo, ponen en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. “Va a dilatar su implementación todo lo que pueda”, advierte Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, y anticipa que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país. “Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado”, añade Aguirre y solicita una mayor participación de la dirigencia opositora.
Los vaivenes judiciales
En los primeros días de diciembre, González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, que suspendía la vigencia de la ley al no asignarle fondos para su ejecución. La justificación del Presidente fue que el Congreso no había especificado las fuentes de financiamiento ni las partidas presupuestarias correspondientes.
El magistrado de Campana consideró que aquello constituía un veto encubierto y que, por ende, resultaba nulo e inconstitucional, al violar la supremacía de la Constitución, la división de poderes y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Milei, por supuesto, desoyó los cuestionamientos y apeló la decisión; el recurso fue impulsado por el procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla.
La Cámara Federal de San Martín admitió la apelación, pero la concedió con efecto devolutivo. Esto significa que el trámite sigue su curso, pero sin suspender la ejecución de la resolución dictada por González Charvay. Por esa razón, el Gobierno debe proceder de inmediato a la ejecución de la ley, independientemente de que el tribunal superior aún no haya resuelto el fondo de la cuestión.
Las maniobras políticas
Después del rechazo al veto presidencial que intentó bloquear la ley, y en paralelo al litigio judicial, el Ejecutivo buscó también eliminar de un plumazo, en el Presupuesto 2026, el artículo que incluía los fondos destinados tanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad como al financiamiento universitario. Esa jugada sufrió una doble derrota parlamentaria y el proyecto finalmente mantuvo intactas ambas normas.
La Casa Rosada alegaba que el incremento del gasto público previsto representaba una amenaza para el déficit cero. “Construyó la estimación del universo potencial tomando a las personas con Certificado Único de Discapacidad vigente que no perciben pensiones no contributivas e incorporando un ajuste estimativo correspondiente a personas mayores de 70 años que no perciben jubilación contributiva”, explicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Sin embargo, las estimaciones de las partidas necesarias para financiar ambas leyes no suponían volúmenes de recursos imposibles de afrontar. Según un informe elaborado por la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), considerando la inflación que proyecta el propio Gobierno y un conjunto de variables como la cantidad estimada de pensiones, ese gasto equivaldría a entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI.
“La realidad es que para el Gobierno somos un gasto. Una persona que cobra una pensión de alrededor de 300 mil pesos no cubre sus necesidades básicas. Encima no accede a obra social y no tiene cobertura de sus remedios”, remarca Aguirre y sentencia: “Buscan que la gente se muera. Pero nosotros vamos a seguir luchando en la calle y concientizando a toda la sociedad para que nos acompañe, junto con los jubilados y los trabajadores. La lucha tiene que ser articulada porque los derechos son transversales a todos”.
