Por Germán Galarza

El presidente señaló esta semana que la reactivación económica provendrá de los dólares “en el colchón que tienen los argentinos”. Se refería a lo que pudo ahorrar principalmente la clase media, que soporta un ajuste brutal y mantiene su apoyo al gobierno nacional, aunque la paciencia no es eterna.

La receta del gobierno nacional para remonetizar, en palabras del presidente Milei, la economía argentina es liquidar los ahorros que quedan en pie de una clase media pauperizada. Lo señaló en un foro empresario, donde volvió a indicar que el circulante en pesos estaría en sus mínimos históricos.

El apoyo a la gestión de gobierno se mantiene pese al ajuste en curso, según distintas mediciones se encontraría en torno al 50% con algún leve descenso en las últimas semanas. Un número más que aceptable tomando en cuenta el deterioro del nivel de vida de las grandes mayorías, aunque menor al de los últimos tres presidentes en el mismo lapso de tiempo de sus mandatos.

Milei se refirió a quienes en lugar de “gastar los dólares cada año en Miami, gasten en nuestro país”, un universo poblacional acotado. No hizo alusión a la gran masa de divisas que se encuentra por fuera del sector financiero, una repatriación mucho más difícil que la venta minorista de billetes verdes para llegar a fin de mes o mantener el nivel de vida de hace unos meses.

Pese a un apoyo que puede señalárselo como mayoritario, en estos poco más de tres meses de gobierno los sectores más afectados fueron quienes perciben ingresos fijos en pesos y, sin lugar a dudas, los jubilados, quienes percibirán sus haberes de abril en dos veces, hecho inédito de la historia argentina. Ni en 2001 el sector pasivo cobró sus jubilaciones en dos cuotas.

El DNU en materia previsional avala la poda de más de 30 puntos ocurrida entre diciembre y marzo. Además, la nueva fórmula que comenzará en julio solamente incluye un ajuste por inflación, es decir, no está pensada para que jubilados y pensionados puedan incrementar sus haberes por encima del aumento de precios.

La búsqueda del superávit fiscal a como de lugar incluye este tipo de reducción del gasto como así también lo que ocurre con la enorme baja de transferencias a las provincias, la paralización total de la obra pública. Asimismo, un efecto lógico de una recesión inducida es la caída de la recaudación de todo tipo.

Gestionar aspectos tan sensibles por decreto tiene su contraparte en la judicialización de la política: la mitad de las provincias encararon acciones legales por la quita del FONID, fondos de ANSES, cajas jubilatorias o sobre el Fondo Compensador del Transporte, entre otros. Por ejemplo, este sábado el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro anunció la decisión de judicializar el recorte de fondos para la tercera edad.

Este combo de políticas económicas trae un elemento nuevo que se suma a la caída del poder adquisitivo y la destrucción de las capacidades estatales: el desempleo. Los despidos no ocurren solo en el sector público, sino también en sectores privados, fruto de la caída del consumo y la actividad.

En este contexto, las provincias intentan atenuar el impacto que propicia el gobierno central. Ese es el caso de Misiones, la provincia joven por excelencia del país, donde más del 40% de su población tiene menos de 18 años. Por lo tanto, en la tierra colorada se apunta al cuidado y bienestar de dicha población a través de beneficios directos, diseñados específicamente para los jóvenes y sus familias en materia de educación, salud y transporte, por ejemplo.

Algunos de estos beneficios son el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito, una salud pública gratuita y de calidad, educación de vanguardia disruptiva a costo cero (Escuela de Robótica, Secundaria de Innovación, Silicon Misiones, Polo TIC, aulas maker).

Mientras el gobierno nacional sugiere como plan económico quemar los ahorros de años en pocos meses y se enreda en absurdos conflictos diplomáticos internacionales, Misiones focaliza el cuidado a la población del futuro: un Estado Inteligente que prioriza acciones concretas que contribuyan a un mejor mañana.

El Gobierno nacional decidió eliminar a través del DNU 280/24 publicado el jueves- las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias, entre ellas Misiones.

La decisión del Ejecutivo se suma a la eliminación del Fondo Nacional Docente y del Fondo Compensador del Transporte, que ya había dejado de pagar terminando de ejecutar este jueves por DNU y las demoras en el pago del Servicio Alimentario Escolar.

Desde enero de 2024, el gobierno nacional había dejado de transferir las partidas millonarias a las provincias que también habían reclamado a la gestión de Alberto Fernández por la actualización de los montos coparticipables con los que se financia la ANSES.

El miércoles, a través DNU, eliminó los artículos 92, 93 y 94 de la ley de Presupuesto 2023 -que está vigente ante la ausencia de una ley de leyes para 2024- y que obligaba al Gobierno a cubrir esa diferencia antes del día 20 de cada mes.

En el lote de provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y debían recibir fondos nacionales se encuentra Misiones, Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Chubut, Corrientes y Santa Fe.

Durante su breve gestión en ANSES, Osvaldo Giordano, propuso utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cubrir la deuda nacional. Sin embargo, esta propuesta no tuvo éxito y responsabilizó a Luis Caputo, por la disminución en el envío de fondos, según una entrevista con La Voz del Interior.

En el gabinete de Llaryora señalan que, aunque consideran que es una mala noticia, el decreto les ha brindado una oportunidad para buscar una solución más profunda. Anteriormente, la Nación tenía una deuda con la provincia que oscilaba entre $240 y $400 millones, ahora, con la consolidación de ciertos aspectos que se consideraban ilegales, cuentan con un marco legal para abordar la situación.

En esta línea, el gobernador santafesino expresó su descontento a través de su secretario previsional, Jorge Boasso. Según Pullaro, mientras Milei busca el consenso de los gobernadores para respaldar sus leyes, el Gobierno ha implementado un recorte de fondos que estaban pendientes de pago por ley. En el ejecutivo santafesino señalan que la Nación adeuda entre entre $600 mil y $700 millones a las provincias, según el índice del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del ANSES.

El funcionario de Pullaro no descarta recurrir a la Corte Suprema, que sigue acumulando expedientes de las provincias contra el Estado nacional, la administración saliente de Santa Fe había interpuesto una demanda 45 días antes de dejar el poder por la deuda consolidada hasta el 31 de diciembre.

Córdoba también presentó una demanda contra la Nación por el mismo motivo, Schiaretti había presentado meses atrás dos demandas ante ANSES por la deuda consolidada, que su sucesor Llaryora continuará; además, se activó un tercer recurso debido al flamante DNU.

Reclamos en Fila

La convocatoria a una comisión económica para abordar el paquete fiscal continúa sin avances o progresos significativos, debido a que entre los mandatarios provinciales circula un Excel con las deudas de Nación a las provincias: $248 mil millones de ATN sin distribuir, $2100 millones por Impuestos a las Ganancias; $265 mil millones de impuestos a los combustibles; $285 mil millones por impuestos a los combustibles; $1450 millones de lo proyectado para el consenso fiscal de 2024; lo que da un total de casi 5 mil millones de dólares.

Dirigentes que colaboran en el armado de algunos gobernadores creen que las recientes decisiones del Ejecutivo podrían unir las voluntades de los gobernadores en la Cámara Baja para rechazar el Mega DNU 70/2023, que ya enfrentó una derrota en el Senado.

Ya que, en el DNU 280/24 del jueves, el presidente eliminó las transferencias a las cajas jubilatorias de 13 provincias. Además, en la página 181 del Anexo I del decreto, se suprimen los $276.262 millones que estaban contemplados en el prorrogado presupuesto 2023, marcando el fin del FONID.

Que motivó la reacción de Misiones en recurrir a la Corte Suprema para que el Gobierno gire los fondos comprometidos, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck también presentó un amparo en el Juzgado Federal de Viedma para recuperar fondos educativos.

En esta línea, el Gobierno también eliminó en el DNU el fondo compensador del Interior, que en 2023 equivalía a $102 mil millones destinados a subsidiar el transporte interurbano fuera del AMBA. La Pampa presentó una denuncia ante la Corte Suprema por el recorte. Chubut, en tanto consiguió el visto bueno en la Cámara Federal después de presentar una cautelar, que el Gobierno decidió apelar, y Santiago del Estero también había presentado una demanda en el mismo sentido.

Además, Passalacqua reclamó también por las reformas en el DNU 70 al Instituto Nacional de la Yerba Mate, mientras que el chubutense Ignacio Torres y el chaqueño Leandro Zdero pidieron que se declare inconstitucional la reforma de Ganancias.

En las últimas semanas, varias provincias han expresado su descontento ante el Gobierno por transferir el Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a Educación, y por las demoras en las transferencias, según el ministro bonaerense, Andrés Larroque, ya se han perdido cuatro meses de asistencia.