Un reciente informe de Vialidad Nacional revela que casi la mitad de las rutas nacionales relevadas en 2024 presentan problemas de mantenimiento, con un 29% en mal estado y un 23,5% en condiciones regulares.

Esta alarmante situación refleja un claro deterioro de la infraestructura vial, que compromete la seguridad de los usuarios y la eficiencia del transporte en todo el país. Sin una inversión pública sostenida y urgente, el estado de las rutas seguirá empeorando, poniendo en riesgo la competitividad económica y la integridad de miles de personas que transitan diariamente por estas vías.

El estudio muestra que sólo el 47,5% de los kilómetros relevados se encuentran en buen estado, una caída significativa respecto a mediciones anteriores. Según el Instituto Argentina Grande, la proporción de rutas en mal estado creció del 23% al 29% en solo dos años, mientras que las inversiones en mantenimiento cayeron en promedio un 82% en términos reales. Entre enero y mayo de 2025, el gasto en la red vial fue un 75% inferior al mismo período de 2023, evidenciando un freno casi total a la obra pública en un área clave para la economía nacional.

La falta de inversión pública, sumada a la demora en concesionar rutas a empresas privadas o transferir su gestión a las provincias, es la principal causa de este deterioro. Aunque esta estrategia contribuye a que el Gobierno nacional mantenga superávit fiscal y controle la inflación, el costo social y económico es alto: rutas inseguras, dificultades logísticas y una pérdida creciente de competitividad para sectores fundamentales como la agricultura, la minería y la energía.

El impacto económico de esta crisis es alarmante. Según la Cámara Argentina de la Construcción, el mantenimiento anual necesario para el sistema vial argentino supera los 4.200 millones de dólares, mientras que el costo para recuperar la infraestructura en deterioro puede alcanzar los 40.700 millones. Por cada peso que se ahorra en mantenimiento, el costo de recuperación futura se multiplica por diez, una realidad que advierte sobre la insostenibilidad de postergar las obras de reparación y conservación.

En cuanto a responsabilidades, expertos como Eduardo Plasencia, ex coordinador de Gestión de Vialidad en la gestión de Mauricio Macri, señalan al gobierno nacional por la falta de acción efectiva. Plasencia cuestiona la propuesta de contratar empresas privadas para ahorrar apenas 100 millones de dólares anuales, cuando el mantenimiento real cuesta cerca de 3.000 millones. Además, plantea que el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que recauda aproximadamente esa cifra, debería destinarse exclusivamente al cuidado de las rutas y no a financiar gastos corrientes, garantizando así una fuente específica y sostenible para la infraestructura vial.

La precariedad de las rutas nacionales no solo es un problema económico, sino también una amenaza para la seguridad vial. En Neuquén, el aumento de accidentes fatales en caminos hacia Vaca Muerta refleja las consecuencias directas del mal estado de las vías. En Salta, los desprendimientos frecuentes en la ruta nacional 51 obligan a los transportistas mineros a tomar caminos alternativos más largos y peligrosos. En Santa Fe, las autoridades provinciales responsabilizan al Estado nacional por la falta de mantenimiento y la negativa a transferir la gestión vial, pese al intenso tránsito de más de 2 millones de camiones durante la cosecha, vital para la economía regional y nacional.