El juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia comenzó a recorrer su camino en el Congreso.
El Presidente dio el primer paso: Alberto Fernández les entregó este miércoles al titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; y a la legisladora Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, el pedido para evaluar a los jueces supremos, acusados de mal desempeño por el gobierno nacional y mandatarios provinciales tras la difusión de mensajes que revelan la connivencia entre funcionarios porteños y asesores del máximo tribunal.
“Les pedí que inicien su pronto tratamiento legislativo”, dijo Fernández. El próximo paso será el llamado a sesiones extraordinarias, que se concretaría en las próximas horas.
Germán Martínez estimó que el proceso de juicio político a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda podría comenzar en la segunda quincena de enero, para cuando se convoque a extraordinarias. El titular de la bancada del FdT dijo que, en la reunión, el Presidente “comentó los distintos elementos que integran la solicitud y nuestra tarea será darle tratamiento parlamentario”. El documento entregado por Fernández se tendrá que plasmar antes en un proyecto de resolución que formalice el pedido de juicio político.
Una vez que el Poder Ejecutivo llame a extraordinarias, Gaillard formalizará el llamado a los integrantes de la comisión. De hecho, los diputados oficialistas que la integran ya empezaron a ser contactados para que estén disponibles para regresar a Buenos Aires. La comisión tiene 31 integrantes, y debe reunir a la mitad más uno para empezar a tratar el pedido.
Aunque el gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, fue uno de los mandatarios peronistas que se abstuvo de pedir el juicio a la Corte, Gaillard aclaró que sí lo impulsará. Y afirmó que hay elementos para abrir la investigación: “Todos sospechábamos que había connivencia entre el Poder Judicial y sectores de la política. Claramente, no hay un Poder Judicial independiente”, planteó la diputada. E indicó que “la gota que rebalsó el vaso” fueron los chats entre el ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el hombre de confianza de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, “en los que esta persona le recomendaba la mejor estrategia para tener un fallo favorable por la coparticipación”.
El Frente de Todos cuenta con 16 diputados en la Comisión de Juicio Político, es decir que tiene asegurada la mayoría simple para avanzar en darle dictamen favorable a la acusación, aunque luego, en el pleno de la Cámara de Diputados, no contaría hoy con los dos tercios requeridos para aprobarla.
Hugo Yasky es uno de estos legisladores que integran la Comisión de Juicio Político. “Las evidencias sobran”, coincidió con Gaillard. “Hubo connivencia de Rosatti con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La decisión de la Corte de favorecer a Larreta en momentos en que inicia su campaña electoral, con la restitución de recursos de la coparticipación que se habían retraído al resto de las provincias, de manera arbitraria, al principio del gobierno de Mauricio Macri, pone al presidente de la Corte en situación de mal desempeño”. “Pedir su juicio político es la decisión que corresponde. Queremos defender la independencia de los poderes y terminar con una Corte que actúa como un poder despótico, desconociendo las facultades que le competen al Poder Legislativo y en muchos casos obstruyendo las decisiones del Poder Ejecutivo, ambos elegidos por el voto popular, que no es el caso de Rosatti a quien lo eligió Macri”, completó Yasky.
En el Frente de Todos plantean que, aun en caso de no lograr reunir los dos tercios en Diputados para aprobar la acusación, ni los dos tercios del Senado para apartar de sus cargos a los miembros de la Corte, el debate en comisión es necesario para llegar a la sociedad y hacer circular los argumentos sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial. Tampoco descartan la posibilidad de sumar diputados de otros bloques a medida que el proceso vaya avanzando y los elementos de la acusación tengan difusión.
El debate en comisión
Por ahora, el oficialismo tiene asegurado que la Comisión recibirá el pedido y realizará un primer informe, tras lo cual estaría en condiciones de dictaminar por simple mayoría abrir una investigación.
Iniciará así una etapa de recolección de pruebas en la que puede solicitar documentos, llamar a declarar a testigos y realizar inspecciones oculares.
Luego elaborará un dictamen acusatorio que también requiere de simple mayoría -16 votos- para ser aprobado y pasar finalmente al pleno de Diputados. Es decir que hay un escenario en el que debatir, analizar y hacer públicos los cuestionamientos a la Corte.
Entre los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión hay comunicadores de peso, capaces de dotar de alto voltaje al debate, como Leopoldo Moreau, Germán Martínez -el jefe de la bancada-, el mencionado Yasky y Rodolfo Tahilade. También el camporista Marcos Cleri, abogado, la dirigenta sindical Vanesa Siley, el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja -quien criticó al actual mandatario provincial, el peronista Sergio Uñac, por no haber acompañado el pedido de juicio político a la Corte-.
Por su parte, Juntos por el Cambio ya anticipó que se opondrá al pedido de juicio político, con lo que intentará frenar el proceso en la Cámara baja.
La alianza opositora también cuenta en la Comisión de Juicio Político con figuras de alta exposición, como el titular del bloque de la UCR, Mario Negri, y el referente en temas judiciales del PRO Pablo Tonelli. Juan López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, el mendocino Omar de Marchi -uno de los apoyos clave de Horacio Rodríguez Larreta en el interior del país-, el larretista Álvaro González, también forman parte de la comisión, junto a Carla Carrizo, de Evolución, y la “lilita” Paula Oliveto. Suman 14 votos, contra los 16 del oficialismo, pero todo indica que llegarán a los 15 con Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del Interbloque Federal, que ya rechazó públicamente la acusación contra los jueces supremos. “El Presidente somete a la Argentina al zarandeo institucional permanente”, dijo esta semana Rodríguez.
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