La gloria mundialista de la selección de fútbol que se consagró en Qatar no tapa las responsabilidades del Congreso y, especialmente, las necesidades de leyes que el Gobierno impulsa para ser tratadas en febrero.
Tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio dan por perdido el mes de enero. Muchos diputados están en modo vacaciones después de un diciembre revuelto y colmado de peleas y divisiones en el Congreso, escenario que llevó forzosamente a un receso anticipado, y no hay ningún tema de emergencia que por sí solo amerite dejar a un lado las diferencias para sesionar este mes.
De todos modos, si el Gobierno apura con el envío de una convocatoria de sesiones extraordinarias a partir de 1 de febrero, dejará sin excusas a los legisladores: no podrán alegar necesidad de descanso, y la habitual coartada de que no existen condiciones políticas para juntarse a debatir se considerará floja de papeles y poco creíble para la parte de la sociedad que sigue los acontecimientos de la política vernácula.
La agenda de extraordinarias ya las dejó filtrar a la prensa especializada el Ministerio de Economía de Sergio Massa. Algunas de las iniciativas caían de maduro, como la mal llamada “moratoria”, que en realidad es un programa para la regularización de deudas previsionales. La última moratoria venció ayer, lo cual clausura -hasta que por decreto por por ley se disponga lo contrario- la posibilidad de que más de 800.000 personas que no llegan con los 30 aportes previsionales puedan jubilarse al alcanzar la edad estipulada por ley para hacerlo.
Este programa tiene una novedad, por cierto interesante: que las personas que tienen hasta diez años menos de la edad jubilatoria (esto es: mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años) y que por distintas circunstancias ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes cuando atraviesen ese umbral etario, tendrán la posibilidad de anticipar el pago de los períodos faltantes con un plan de cuotas.
Esta nueva modalidad tendría la virtud de que vendría a reforzar la capacidad recaudatoria de ANSES en un contexto de déficit estructural del sistema previsional, dominado por una masa cada vez menor de aportes activos frente a un universo cada vez mayor de pasivos. Se calcula que en promedio, los trabajadores argentinos cuentan con entre 14 y 17 años de aportes. Y además, 9 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria no tienen la cantidad de aportes necesarias, proporción que en hombres es algo menos pero tremendamente preocupante (7 de cada 10).
La prioridad para Massa a nivel parlamentario en este verano es que el Congreso le de luz verde a su plan de exteriorización de capitales, que tiene su correlato con el acuerdo de intercambio de información financiera que suscribió recientemente con Estados Unidos, y que le entregará (como máximo el 30 de septiembre) datos sensibles y relevantes sobre bienes ocultos de argentinos.
Es por eso que desde el Estado nacional se les ofrece a los tenedores de esos bienes, que alcanza a personas humanas, físicas y sucesiones indivisas, un régimen especial de “declaración voluntaria” de ahorros no declarados con alícuotas diferenciadas de acuerdo al plazo en que reconozcan oficialmente su situación ante el fisco argentino.
El esquema propone una alícuota de 1,5% si se declara antes del 31 de marzo, del 5% hasta el 30 de junio y del 7,5% hasta el 30 de septiembre. Las alícuotas se duplican cuando no haya repatriación de los bienes en el exterior. En paralelo, se establece una alícuota especial del 1,5% para ahorristas del régimen simplificado de hasta 50.000 dólares en bienes, siempre y cuando el monto exteriorizado no supere el 35% de los ingresos anuales.
En tanto, se crearía la figura del colaborador, quien sería retribuido con el 20% del total de lo recaudado por la cooperación en la detección de bienes no declarados en el país o en el extranjero.
Sobre la masa total recaudada en el marco de este programa de blanqueo, el 20% se destinará a un fondo específico para la cancelación de obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, un 20% para subsidios a las Mipyes, otro 20% a financiar becas del plan Progresar y el restante 40% para programas y proyectos que aprobados por la Secretaría de Energía “para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”.
En otro orden, el Gobierno está pensando en el diseño de una herramienta para corregir el Presupuesto y conseguir el diferencial de recursos que requiere para el acatamiento al fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el pleito por la coparticipación federal, conflicto que se remonta al traspaso de la Policía de la Ciudad.
En ese sentido, se está pensando en dos impuestos: un incremento del tributo que paga el juego online y la extensión a todo el país del impuesto que cobran los bancos por los intereses por tenencia de Leliq del Banco Central. Con estos dos instrumentos, se estima que el Tesoro podría hacerse de 200.000 millones adicionales para la Ciudad.
Un proyecto que está en gateras, listo para “salir a la cancha” y votarse en el recinto es el de prevención y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que incluye la conversión de la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. Este es un requisito de la GAFI para que Argentina pueda seguir siendo parte de ese grupo.
Diputados del Frente de Todos y del interbloque Federal le piden también al presidente Alberto Fernández que incluya en el llamado a sesiones extraordinarias la postergada Ley de Humedales, que ya tienen dictámenes de comisión pero cuyo tratamiento se vio truncado varias veces por intereses de lobby de gobernadores y corporaciones económicas.
NA.
