El Gobierno nacional oficializó este viernes una modificación clave en el esquema salarial de la alta conducción del Estado. Mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso habilitar incrementos salariales para ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, atándolos de manera directa al resultado fiscal, luego de dos años de congelamiento.
La norma extiende, a partir de enero de 2026, los aumentos salariales acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional a los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo, aunque excluye expresamente a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación.
En los considerandos, el decreto repasa el escenario heredado a fines de 2023, con inflación interanual del 211,4%, pobreza del 52,9% e indigencia del 18,1%, además de déficit fiscal y caída de la actividad. En ese contexto, el Ejecutivo recuerda que una de las primeras medidas fue congelar los salarios de las autoridades superiores, como señal de austeridad y ajuste del gasto público.
Según el texto oficial, esa política permitió generar ahorro fiscal y se complementó con una fuerte reducción de la estructura estatal: se eliminaron ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que totalizó 519 cargos suprimidos, además de una reducción de cerca de 60.000 empleados públicos, con un ahorro anual estimado en $3,49 billones.
El Gobierno sostiene que, como resultado de esas medidas, se logró reducir la inflación al 31,3% interanual en octubre de 2025, acumular 22 meses de superávit fiscal y mostrar una fuerte baja de la pobreza, que según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo del Ministerio de Capital Humano, habría descendido al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Economía.
El núcleo del decreto establece que los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente comenzarán a percibir los incrementos salariales definidos en las actas acuerdo de la negociación colectiva estatal de 2024 y 2025, sin retroactividad y a partir del mes siguiente a la vigencia de la norma.
Sin embargo, el Ejecutivo fijó una cláusula central: si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de las autoridades superiores quedarán automáticamente congelados, sin necesidad de un acto administrativo, y no podrán recibir nuevos aumentos mientras persista esa situación. La condición se evaluará en base a la información oficial publicada por el Ministerio de Economía.
El decreto también dispone que los futuros aumentos que se acuerden en paritarias estatales se aplicarán de manera automática a los altos cargos del Poder Ejecutivo, siempre bajo la misma condición de sostenibilidad fiscal.
Además, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público, basado en ingreso por mérito, evaluación de desempeño, movilidad por competencias y esquemas salariales vinculados a la responsabilidad del cargo.
El Gobierno argumenta que el ordenamiento salarial de las autoridades superiores forma parte de una estrategia de largo plazo para profesionalizar el Estado, una etapa posterior al ajuste inicial del gasto y compatible -según remarca- con el mantenimiento del equilibrio fiscal.
Finalmente, el decreto invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento automático de salarios ante déficit fiscal, y deroga un artículo clave del Decreto 235/2024, que había fijado el congelamiento original de las remuneraciones.
