Consiguió aprobar el proyecto presupuestario en Diputados, pero chocó con un límite frente a dos temas sensibles. El rechazo al Capítulo 11 expuso las tensiones de la nueva mayoría, las maniobras de último momento y los límites del oficialismo, aun con una Cámara más favorable.
El oficialismo logró este miércoles la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, apoyado en una mayoría de 132 votos, pero volvió a chocar con un límite político que ya se repitió tres veces en el año: incluso con una nueva conformación parlamentaria más favorable al Gobierno: se rechazó nuevamente avanzar sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.
La votación general reflejó una ampliación del respaldo legislativo al Ejecutivo, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Esa mayoría se construyó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el interbloque Las Fuerzas del Cambio, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo, un entramado de bloques y monobloques provinciales que le permitió al Gobierno sancionar el Presupuesto. Sin embargo, ese respaldo no alcanzó para sostener el capítulo más controvertido del proyecto.
Horas después de la aprobación en general, el Capítulo 11 del Presupuesto fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que dejó sin efecto la derogación de las dos leyes. Se trató de la tercera vez en el año que el Congreso —primero al sancionarlas, luego al insistirlas tras el veto presidencial y ahora al rechazar su eliminación dentro del Presupuesto— se pronuncia a favor de las universidades públicas y de las personas con discapacidad, un hecho inédito incluso bajo una composición legislativa más afín al oficialismo.
El capítulo que expuso la estrategia del Gobierno
Desde el inicio del debate, el Capítulo 11, titulado “Otras disposiciones”, concentró el núcleo del conflicto político de la sesión. Allí, a través del artículo 75, el Gobierno había incluido la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad sin mencionarlas explícitamente, dentro de un paquete de normas heterogéneas que obligaba a votar el capítulo completo. La oposición denunció que se trataba de una maniobra para forzar a los aliados del oficialismo a acompañar una decisión que muchos de ellos habían rechazado meses atrás.
Minutos antes de la votación, el oficialismo intentó un último movimiento para blindar el capítulo y evitar deserciones. Sumó dos artículos nuevos al texto: uno sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que faculta al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de 2022, y otro referido al financiamiento del Poder Judicial. La incorporación de ambos puntos profundizó el rechazo opositor y terminó de tensar el recinto.
“Están agregando el financiamiento del Poder Judicial con la única finalidad de que, si algún juez osa cuestionar la votación del Capítulo 11, se le caiga la guita. Esto es una estafa institucional”, denunció Germán Martínez, quien acusó al Gobierno de convertir el artículo 75 en el eje de presión sobre aliados y tribunales.
Desde el propio PRO también hubo críticas al método elegido. Cristian Ritondo cuestionó la inclusión del artículo sobre la Ciudad de Buenos Aires en ese capítulo y advirtió: “Si lo ponemos para ver si conseguimos más votos, hay que ser un poco más leales y decir esto va acá y esto va allá”.
