El juez de Garantías de San Isidro Orlando Díaz envió a juicio oral y público a los ocho acusados por el homicidio de Diego Maradona, y serán juzgados por un delito que contempla hasta 25 años de cárcel.
El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, los enfermeros Ricardo Almirón y Gisella Madrid, la médica de Swis Medial Nancy Forlini, el jefe de enfermeros, Mariano Perroni; el psicólogo Carlos Díaz, y el médico clínico Pedro Di Spagna ahora serán remitidos a un Tribunal Oral.
El voluminoso expediente ahora pasará a un Tribunal Oral que será el que los juzgue en una fecha a determinar, aunque el fallo de Díaz es apelable y puede que se demore el pase a una instancia de juicio oral y público.
Los ocho implicados serán juzgados por el delito de homicidio simple por dolo eventual, esto es que sabían de la posible muerte de Maradona y no hicieron nada para evitarlo. Podrían recibir, en caso de condena, unos 25 años de prisión.
Detalles del juicio
Para el debate, que no se prevé antes del 2023, todos llegan en libertad y con algunas medidas de restricción como ser la de prohibición de salida del país.
Todos los acusados son personal médico, pues la posible imputación del abogado Matías Morla reclamada por Dalma y Gianinna Maradona, hijas del astro del fútbol, no prosperó e incluso en la causa se lo consideró testigo junto a otra gran cantidad de personas.
Lo mismo sucedió respecto al entorno del abogado que acompaño a Maradona en sus últimos años y tenía a cargo el cuidado en la internación domiciliaria del barrio privado de Tigre hasta el 25 de noviembre del 2020 en donde falleció.
Sí hay un final abierto de Morla respecto a otros expedientes paralelos en donde se disputa el uso de la marca Maradona y la posible ocultación del patrimonio del jugador el cual ahora será heredado por los cinco hijos ya declarados por la Justicia.
Al elevar la causa a juicio, el juez Díaz rechazó todas las nulidades presentadas por las defensas. Muchas de ellas apuntaban a un estudio de una junta médica convocada por los fiscales de San Isidro Patricio Ferrari, Cosme Irrribarren y Laura Capra, quienes en poco más de un año y medio dispusieron la elevación a juicio del caso.
En ese peritaje médico, la Junta determinó que la atención médica fue “inadecuada, deficiente y temeraria”.
Junto a ello, se estableció que Luque y Cosachov se presentaron como médicos tratantes ante la familia de Maradona y como tales avalaron la internación domiciliaria del astro, una vez que se había operado de un edema subdural pocos días antes.
En la causa también figuran gran cantidad de conversaciones vía chat entre los acusados en donde ponían de manifiesto el deterioro en la salud de Maradona y hasta de posible consumo de sustancias alcohólicas.
Más de 80 testigos ya declararon durante la investigación y se supone que lo vuelva a hacer en el juicio oral y público. Para ello el Tribunal además evaluará el historial clínico de la salud de Maradona de los últimos 20 años y unos 40 cuerpos de investigación.
