En 2024, casi 138 millones de niños y niñas se encontraban sometidos al trabajo infantil y, en particular, unos 54 millones realizaban trabajos peligrosos que podían poner en peligro su salud, su seguridad y su desarrollo, según se desprende de las últimas estimaciones publicadas hoy por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF.

Los últimos datos muestran que, desde 2020, la cifra de niños y niñas sometidos al trabajo infantil ha disminuido en más de 20 millones, lo que supone un cambio de tendencia respecto al alarmante aumento registrado entre 2016 y 2020. Sin embargo, a pesar de este progreso, el mundo no ha alcanzado el objetivo de erradicar el trabajo infantil antes de 2025.

El informe, titulado “Trabajo infantil: estimaciones mundiales en 2024, tendencias y camino a seguir”, publicado la víspera del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en el Día Internacional del Juego, pone de relieve una cruda realidad y es que, a pesar de los avances logrados, millones de niños y niñas siguen sin poder ejercer su derecho a la educación, al juego y a disfrutar de su infancia.

“Las conclusiones de nuestro informe arrojan esperanza y demuestran que es posible avanzar. Los niños y las niñas deben ir a la escuela, no a trabajar. Los propios progenitores deben recibir apoyo y tener acceso a trabajos decentes que les permitan enviar a sus hijos e hijas a la escuela y evitar que tengan que vender productos en los mercados o trabajar en las explotaciones familiares para contribuir al sustento de la familia. Sin embargo, no debemos perder de vista el largo camino que nos queda por recorrer antes de alcanzar nuestro objetivo de erradicar el trabajo infantil”, afirmó el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

Según los datos disponibles, la agricultura sigue siendo el sector que más mano de obra infantil emplea, con un 61% de los casos totales, seguido del sector servicios (27%) –dentro del cual se incluyen el trabajo doméstico y la venta de artículos en los mercados– y la industria (13%), que incluye la minería y la fabricación de productos.

Por regiones, Asia y el Pacífico ha registrado la disminución más significativa en la prevalencia del trabajo infantil desde 2020, con un índice que ha pasado del 6% al 3% (de 49 millones a 28 millones de niños y niñas sometidos a esta práctica). Aunque la prevalencia del trabajo infantil en América Latina y el Caribe se ha mantenido estable en los últimos cuatro años, el número total de niños y niñas afectados por este problema se redujo de 8 millones a unos 7 millones, según apunta el informe.

La peor carga se sigue concentrando en África Subsahariana, donde trabajan casi dos terceras partes de la población infantil (esto es, alrededor de 87 millones). Aunque la prevalencia ha descendido del 24% al 22%, el número total de niños y niñas sometidos a esta práctica se ha estancado, fruto del crecimiento demográfico, los conflictos tanto actuales como emergentes, la pobreza extrema y la sobrecarga de los sistemas de protección social.

“El mundo ha logrado avances significativos en la reducción del número de niños y niñas obligados a trabajar. Sin embargo, todavía hay demasiados que trabajan en minas, en fábricas o en el campo y que, a menudo, realizan tareas peligrosas con el fin de sobrevivir”, declaró Catherine Russell.

“Sabemos que es posible avanzar hacia la erradicación del trabajo infantil si se aplican garantías jurídicas, se amplía la protección social, se invierte en una educación gratuita y de calidad y se mejora el acceso de las personas adultas a trabajos decentes. Los recortes en la financiación de la ayuda internacional podrían revertir los logros que con tanto esfuerzo se han alcanzado. Debemos renovar nuestro compromiso de garantizar que los niños y niñas tengan su lugar en la escuela y los patios de recreo, y no en puestos de trabajo”.

Los organismos advierten de que es más necesario que nunca aumentar y sostener la financiación, tanto a nivel mundial como nacional, si queremos mantener los logros alcanzados en los últimos años. Si se reduce el apoyo a la educación, la protección social y los sustentos, muchas familias que ya se encontraban en una situación vulnerable podrían verse obligadas a vivir en condiciones extremas y tener que enviar a sus hijos e hijas a trabajar. Por otra parte, una reducción de la inversión destinada a la recogida de datos dificultará la detección y la lucha contra este problema.

El trabajo infantil compromete la educación de los niños y las niñas, restringe sus derechos y limita sus oportunidades futuras, y los expone a sufrir daños físicos y psicológicos. Esta práctica también es consecuencia de la pobreza y la falta de acceso a una educación de calidad, todo lo cual obliga a las familias a enviar a sus hijos e hijas a trabajar y perpetúa los ciclos de pobreza intergeneracional.

Según el informe, los niños varones de cualquier edad tienen más probabilidades que las niñas de ser víctimas del trabajo infantil, si bien la brecha de género se invierte cuando se trata del trabajo doméstico no remunerado de 21 horas o más a la semana.