El la misma sesión la Cámara baja aprobó y envió al Senado la iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales y el proyecto de ley de VIH que propone un abordaje integral desde la salud colectiva.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial; y aprobó y envió al Senado otra iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales.

La primera de las iniciativas sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además se computaron 25 ausencias.

Durante el debate en el recinto Mara Brawer, del Frente de Todos puso en relieve que se trata de un proyecto "federal que generará muchos puestos de trabajo, que "en el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas" y que "se trata de una industria sustentable con el ambiente".

Su compañera de bloque, Carolina Gaillard, remarcó que "esta ley de marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis industrial y el cáñamo industrial no puede esperar, porque garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad. En este sentido, viene a complementar la ley 27.350, del uso medicinal del cannabis. Hay miles de familias que están esperando este dictamen, el dolor no puede esperar.

"Además, es una gran oportunidad para Argentina, ya que aporta divisas y genera puestos de trabajo en todas las regiones de nuestro país. Se calcula que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales", completó.

Por Juntos por el Cambio, el radical Ricardo Buryaile (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería) remarcó que "aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico. Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos".

Recordó que "en 2017 se sancionó la ley 27.350, que establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, pero era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contemplados en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy".

"Estamos apostando a la salud pública, a miles de personas a quienes vamos a mejorar el tratamiento, vamos a mejorar su calidad de vida. No es el mejor proyecto, es perfectible, esto es un paso adelante", enfatizó.

En contra de la iniciativa, la diputada Graciela Ocaña, del PRO, justificó que "el aparato burocrático de magnitud -que se crea para implementar la ley- va a traer un gasto enorme y no un beneficio para el tema de la salud, por eso no acompaño el proyecto".

Por Identidad bonaerense, Graciela Camaño, también fijó su rechazo, al advertir que "el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones, en ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana".

"No voy a comprar gato por liebre, porque este es el paso previo a la legalización", enfatizó.

Su compañero de interbloque, el socialista Enrique Estévez, mostró una posición diferente: "Saludamos la sanción de este proyecto, el esfuerzo, el trabajo, sobre todos de esas madres que son las que más se la bancan, por eso apoyamos: aunque estamos convencidos de que el móvil de esta ley tiene que ver con las divisas".

En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos".

A través de la iniciativa, se promete convertir al cannabis en otro "commodity" de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.

El marco normativo busca "desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad".

La cifra corresponde al segundo trimestre del año. El Estado Nacional destinará un total de $46.000 millones en 2022 a ese sector, con el fin de garantizar el servicio.

El Gobierno estableció una asistencia económica por $10.500 millones para las empresas de transporte público urbano y suburbano del interior del país, con el fin de garantizar el servicio.
A través de la Resolución 263/2022 del Ministerio de Transporte -publicada en el Boletín Oficial- se aclaró que el monto es para cubrir el segundo trimestre de 2022 y se suma a los $9.600 millones abonados durante el primer trimestre del año.

En este segundo trimestre, la asistencia se brinda a razón de $3.500 millones por mes durante abril, mayo y junio. Para fin de 2022, el auxilio financiero alcanzará los $46.000 millones, un 65% más que en 2021, anticipó el Ministerio.

El monto a desembolsar en este segundo trimestre alcanza a la totalidad de las provincias del país y los convenios se firmarán entre el Ministerio de Transporte de la Nación y cada una de las jurisdicciones, "quienes se comprometen a continuar transfiriendo los montos a las empresas que prestan los servicios", según puntualizó esa cartera.

La asistencia se brinda a través del "Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país", creado por la Ley N° 27.467.

En tanto, las jurisdicciones provinciales y/o municipales beneficiarias del Fondo "deberán continuar aportando al sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos por automotor, ya sea mediante transferencias a las empresas prestadoras de los servicios o, en su caso, a la jurisdicción municipal que así se lo hubiera requerido", según el texto oficial.

Las transferencias deberán ser efectuadas por la jurisdicción provincial y/o municipal dentro de los dos días hábiles contados desde la acreditación de los fondos, con destino a las empresas que les indique el Ministerio de Transporte, explicó la Resolución. Para el Poder Ejecutivo, es "central que se garantice un servicio de transporte público seguro y eficaz en todo el país.

NA.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prohibió a las entidades financieras realizar operaciones en criptomonedas ante la falta de un marco normativo que las regule.

“Las entidades financieras no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que ésos registren, que no se encuentren regulados por autoridad nacional y autorizados por el BCRA”, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

La decisión oficial de la autoridad monetaria se informó luego de que trascendiera que el Banco Galicia ofrecería la posibilidad de acceder a criptoactivos a sus clientes a través de homebanking.

De esta forma el BCRA excluye a las entidades que están bajo su órbita del negocio de las cripto, que cobra fuerza entre los inversores a partir de la tentación por sus rendimientos y, justamente, la escasa regulación que las impacta.

La entidad a cargo de Miguel Pesce argumentó que la medida “procura mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto”.

Añadió que “los distintos actores implicados en las operaciones con estos activos pueden no encontrarse establecidos en el país, lo que podría generar apartamientos a la normativa general”.

Asimismo, recordó que en mayo de 2021, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicaron una alerta a efectos de proveer información sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para las personas usuarias e inversores”.

En esa publicación, se mencionaron algunos de los riesgos asociados a este tipo de operaciones como por ejemplo “la elevada volatilidad, los riesgos asociados a las disrupciones operacionales y a los ciberataques, al lavado de activos/financiamiento del terrorismo y al potencial incumplimiento a la normativa cambiaria, a la ausencia de salvaguardas e información completa que la regulación vigente prevén para las personas usuarias de servicios financieros y al carácter transfronterizo de las operaciones”.