La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, descartó este martes que la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implique la creación de nuevos impuestos, sino que se trabajará en mejorar la recaudación profundizando los controles sobre los sectores de mayor capacidad contributiva para evitar la evasión.

Así lo confirmó Mercedes Marcó del Pont en declaraciones radiales: “Vamos a profundizar el trabajo en materia de fiscalización y control sobre los sectores de mayor capacidad contributiva”. La medida forma parte del plan del organismo para incrementar la recaudación al mismo tiempo que garantizó que "mejorar el comportamiento fiscal no compromete el crecimiento económico".En una entrevista con El Destape Radio, la funcionaria recordó que desde el gobierno de Alberto Fernández se “desandó la reforma tributaria regresiva del macrismo en materia de seguridad social, bienes personales” y aseguró: “también avanzamos con modificaciones progresivas en el impuesto a las ganancias que pagan las empresas y se elevó el piso salarial a partir del cual pagan ganancias los trabajadores”.

“No alcanza con mejorar el sistema tributario sino garantizamos que paguen los que más tienen, sino seguimos cerrando las vías de evasión y elusión utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y sumando nueva tecnología”, aseguró la titular de la AFIP. “Nuestro Plan Estratégico se propone seguir fortaleciendo la capacidad de fiscalización de las actividades internas que lleva adelante la DGI y el comercio exterior que desarrolla la Aduana. Así abordamos las distintas maniobras que erosionan la base imponible de nuestros países”, añadió.

Marcó del Pont mencionó la profundización en la capacidad de fiscalización desde la AFIP para el sector agrícola, entre otros. “Pusimos en práctica la carta de porte electrónica, que es lo se necesita para trasladar granos dentro del país, que antes era en papel y permitía abusos. También implementamos la inteligencia artificial para realizar fiscalizaciones electrónicas automáticas sobre grandes contribuyentes, abordamos el uso de las imágenes satelitales para saber qué se produce y cómo se produce no sólo en base a las autodeclaraciones”, remarcó la funcionaria al referirse a algunas de las políticas y herramientas implementadas a lo largo de los últimos dos años. Asimismo sostuvo que se va a profundizar “la fiscalización internacional a partir del intercambio de información con otros países para que paguen los activos en moneda extranjera fuera de la Argentina”.

“Creemos que hay espacio para mejorar la recaudación a través de la administración tributaria. Existe cierta suspicacia de ver qué hay detrás de este acuerdo con el FMI. Pero no hay concesiones en materia de ajuste fiscal. Es posible lograr el crecimiento y no resignar el aumento del gasto en términos reales, con una mejora fiscal en base a la mejora en la recaudación”, analizó la funcionaria.

En ese sentido, la titular de la AFIP resaltó que “la forma más virtuosa de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación, donde es relevante el aporte de los sectores de mayores ingresos. La alternativa es el endeudamiento y conocemos las consecuencias regresivas que tiene”.

Sobre la gestión anterior en la AFIP, Del Pont concluyó: "El trabajo que desarrollamos desde el área de auditoría evidenció que a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos los fiscalizaron en la clandestinidad, sin avisarles ni derecho a la defensa. Armaron grupos de trabajo que estaban por fuera de las facultades que tenían para actuar, realizaron una ejecución fiscal que no debería haber existido”. En ese sentido, la funcionaria advirtió que “nosotros realizamos las denuncias correspondientes y las autoridades políticas del gobierno anterior van a tener que hacerse responsables del daño que realizado por actuar por fuera de los procedimientos”.

FUENTE: ÁMBITO.

A través de la Decisión Administrativa 175/2022 publicada en el Boletín Oficial el Gobierno aprobó la adquisición directa para la contratación de 14.000 de cuna-moisés como parte de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del “Plan 1000 días", que ofrece acompañamiento y asistencia durante el embarazo y los primeros tres años de vida de niños y niñas. En esta oportunidad, las unidades serán realizadas por detenidos federales.

La iniciativa es una versión del programa Qunita, lanzado en el segundo mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que había sido cancelado por Cambiemos en medio de una investigación judicial. En 2021 los funcionarios acusados fueron sobreseídos.

Ahora, el Ministerio de Salud adjudicó la realización de las 14.000 cunas-moisés por 277.200.000 pesos al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario (Encope). Se trata una unidad estatal que promueve el trabajo de los “talleres de labortearapia para los internos alojados en jurisdicción de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”.

Según precisó el Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, los cunas-moisés y accesorios tienen la finalidad de “reducir las muertes infantiles domiciliarias y contribuir tanto a la salud física y mental, así como también al pleno desarrollo del lactante, en el marco de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del “Plan 1000 días”.

En agosto el Gobierno bonaerense lanzó su propio programa Qunita destinado a mujeres y personas embarazadas titulares de la Asignación por Embarazo para la Protección Social, con cobertura pública exclusiva, que residan en la provincia de Buenos Aires y sus familias.

La iniciativa fue anunciada por Axel Kicillof junto a Cristina Fernández de Kirchner y el entonces intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La tarea está encomendada en el Sistema Penitenciario Bonaerense, en articulación con el programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

FUENTE: ÁMBITO.

En medio de los incendios que afectan a distintas zonas del país, el Gobierno prepara una nueva Ley de Humedales luego de que la iniciativa perdiera estado parlamentario en diciembre pasado. El proyecto de Ley de Humedales no ingresó en el temario de las sesiones extraordinarias, y de esta forma por tercera vez se truncó su tratamiento en el Congreso, como ya había sucedido en 2013 y en 2016.

En este marco, la gestión de Alberto Fernández anticipó que redactará un nuevo proyecto para intentar por cuarta vez darle tratamiento y convertirlo en ley. La cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabaja en la redacción del nuevo proyecto, que estará acompañado de uno para crear más Parques Nacionales y otro para profundizar la protección de especies.

La iniciativa, entre otras cuestiones, busca regular las actividades que se realizan en esos ecosistemas, pero choca contra la resistencia de sectores como la agroganadería, la megaminería y el negocio inmobiliario. En agosto de 2020, miles de personas cortaron el Puente Rosario-Victoria para manifestarse contra los incendios en el Delta del Paraná y exigir una norma que protegiera a los humedales.

A principios de este año, se produjeron incendios en el Delta y en otras zonas del país, como la Patagonia, que afectaron cientos de miles de hectáreas, lo cual volvió a poner en el centro de la escena el tema de la protección de humedales. La ley que acabe de perder estado parlamentario ponía el foco en la protección y conservación de la biodiversidad, con la tipificación de la quema de humedales como delito penal y sancionado con fuertes multas.

Un humedal es un tipo particular de ecosistema que se caracteriza por la presencia de un suelo fundamentalmente hídrico, no drenado y que se mantiene saturado de agua de manera temporal o permanente.

El mismo posee una fauna y una flora que le son propias y son reguladores de temperaturas, morigeran los efectos de las inundaciones, retienen excedentes hídricos, además de atenuar los efectos de sequías prolongadas, entre otras características.

En la Argentina, los humedales ocupan el 21 por ciento del territorio.

FUENTE: D26.