Impulsado por su reciente triunfo electoral, el presidente Javier Milei anunció que iniciará una nueva etapa de reformas estructurales, con foco en la modernización de la legislación laboral. El objetivo, según explicó, es reducir la informalidad, estimular la inversión y acompañar una reforma tributaria que contemple la baja de 20 impuestos y la ampliación de la base imponible.
El mandatario afirmó que busca “una modernización laboral que no implique pérdida de derechos”, aunque lanzó una advertencia a los gremios: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”.
El proyecto que promueve el Gobierno retoma la propuesta presentada a fines de 2024 por la diputada Romina Diez, cercana a Karina Milei, bajo el título “Ley de promoción de inversiones y empleo”. Esta versión reemplaza la iniciativa original incluida en la Ley Bases, de la cual se habían eliminado 42 de los 58 artículos durante el debate parlamentario.
La propuesta no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical ni sobre la democracia interna de los gremios, temas que quedaron fuera tras la tregua entre el Ejecutivo y la CGT. En cambio, plantea incentivos fiscales para pymes, la posibilidad de fragmentar vacaciones, aplicar bancos de horas y establecer nuevas modalidades de contratación flexible mediante convenios colectivos. También introduce cambios en las licencias por enfermedad y accidente.
En su letra chica, la iniciativa retoma varios puntos del DNU 70/23, actualmente suspendido por la Justicia. Entre ellos, la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas, el pago parcial de salarios con vales o tickets y la posibilidad de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, exejecutivo del Grupo Techint y uno de los principales autores del DNU, confirmó que el Gobierno busca revisar los convenios colectivos, limitar la ultraactividad y promover negociaciones salariales por empresa y productividad, bajo el concepto de “salarios dinámicos”.
Desde el sector sindical, la respuesta fue inmediata. La CGT reiteró su rechazo a cualquier intento de reforma inspirada en el decreto anterior. “La pretendida reforma laboral no es más que la ratificación del DNU 70/23, decisión inconsulta y rechazada por nuestra central”, señaló Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA.
El proyecto será debatido en el Consejo de Mayo, donde el Gobierno buscará acercar posiciones con representantes empresariales y gremiales antes de enviarlo al Congreso.
