La oposición logró la mayoría absoluta en la votación en general. Pero se cayó el artículo 3 por dos votos y ahora decide el Senado.

En un marco de confusión general, la oposición no pudo convertir en ley el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, lo cual le dio un pequeño respiro al Gobierno, aunque el Senado podría insistir con la media sanción en una próxima sesión.

Se trata de una pírrica victoria para el oficialismo, que gana tiempo hasta que el Senado vuelva a tratar -posiblemente después de las elecciones- esta iniciativa que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de un instrumento discrecional como los DNU.

Si bien la oposición obtuvo una mayoría holgada en la votación en general, con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, y parecía que terminaba la jornada descorchando con un nuevo cachetazo al Gobierno, todo se complicó cuando se votó en particular.

El artículo 3 de la reforma a la ley 26.122, que establecía un plazo de vigencia de 90 días a los decretos, dándole ese período tiempo al Gobierno para lograr la convalidación en las dos cámaras, salió rechazado porque no superó el umbral de los 129 votos positivos (mayoría absoluta).

Quedaron a apenas dos votos, con 127 positivos, 90 negativos y 17 abstenciones.

Para convertirse en ley en el día de la fecha, era necesario que la totalidad de los artículos quedaran ratificados tal como vinieron del Senado.

Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvelaba a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122 que regula los DNU, y que de promulgarse le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.

La normativa vigente sobre DNUs fue diseñada en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner para apuntalar la lógica de hiper presidencialismo en beneficio del entonces presidente Néstor Kirchner, lo cual hizo que fuera casi imposible para las oposiciones de turno la derogación de decretos del Poder Ejecutivo.

Con la modificación propuesta, según lo que se votó en el Senado, los DNU tendrían una vigencia de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial, y el oficialismo tendíaá ese plazo para conseguir su convalidación en los plenos de ambas cámaras de modo tal que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.

A la inversa, la oposición ya no necesitaría mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastaría con rechazarla en una sola para derogarlos.

En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podría disponer un decreto que verse sobre la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.

Además, con la reforma planteada -que viene con media sanción del Senado- quedaría prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que sucedió, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU 70/2023.

Los discursos

Como miembro informante del dictamen de mayoría, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza aseguró que esta reforma “no es para quitarle las facultades al presidente Milei de dictar decretos de necesidad y urgencia como estuvieron diciendo, victimizándose”.

El presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el proyecto para regular los DNUs “no es iniciativa contra el Presidente Javier Milei” sino que permitirá tener “una democracia de consenso”.

El veterano diputado recordó que le tocó defender la iniciativa aprobada en el 2006 y sostuvo que ahora “es imprescindible tener un nuevo instrumento que sea tratado con la seriedad y responsabilidad”.

Pichetto señaló que “la utilización desmedida del DNU, rozando materias que no son pertinentes, obligan a un debate”, agregó y destacó que “no es una iniciativa contra el Gobierno".

Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz se expresó en contra de la reforma opositora y atribuyó la iniciativa a una maniobra para “desestabilizar al Gobierno” y “generar la mayor inseguridad jurídica que puedan”.

Sobre los DNU, el santafesino afirmó que “la urgencia es una valoración política” y “no una valoración jurídica”, agregó que “tienen naturaleza legislativa”.

“En consecuencia, esta intención de querer consagrar la caducidad automática de los DNU va contra el sistema constitucional argentino”, sostuvo.

“Mas allá de las buenas intenciones que dicen tener y que yo me permito dudar, no pueden modificar el diseño constitucional”, agregó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

En ese sentido, Mayoraz manifestó que la reforma del régimen de DNU por parte de la oposición “va en contra de la Constitución”.

Por otro lado, explicó que no hay nada en la Constitución que exprese que un DNU tenga que limitarse a versar sobre una “materia única”.

“Me llama la atención que todos quieren cambiar la ley cuando no les toca gobernar”, concluyó el diputado libertario.

A su turno, Juan Manuel López (Coalición Cívica) planteó que “la corrupción se previene con instituciones sólidas y el DNU no digo que sea corrupto, pero no tiene nada que ver con instituciones sólidas”.

“Es una excepción de la excepción, que puede estar eventualmente convalidado en situaciones reales de necesidad y urgencia, pero que en la mayor parte de las oportunidades, alguien puede pensar que se puede tolerar, o incluso que se puede convalidar”.

Según advirtió, “este gobierno de minoría hizo un abuso total del DNU en su primera medida, en el decreto 70/23”, con el que modificó todo tipo de legislación y se salteó el Congreso”.

El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias calificó de “destituyente” el proyecto para limitar el uso de los DNUs y dijo que el peronismo impulsa esta ley para “debilitar al Gobierno Nacional”.

Al rechazar el proyecto para reformar la ley de DNUs, dijo que “estamos hablando de derogar un régimen impulsado por el peronismo y que usó durante cuatro mandatos".

"Ahora se despertaron todos alberdianos. No me asombra del peronismo que se comporta en el Poder como mafiosos y en la oposición como el club del helicóptero”, remató.

El diputado de la UCR Martín Tetaz consideró que la reforma de la ley de DNU motorizada por la oposición “es oportunista, porque tiene que ver con la circunstancia específica de que hoy la Cámara que está balanceando el poder en la Argentina es la cámara de Diputados”.

“Y la reforma que se trae a discusión es una reforma que transfiere todo el poder a la Cámara de senadores, que tiene una configuración opuesta al Gobierno y va a votar en contra de cada DNU que emita el Gobierno nacional. Ya demostró esta Cámara que tiene la capacidad de equilibrar”, reflexionó el economista radical.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) defendió la reforma impulsada la oposición y recordó que la Constitución “es clara: los decretos de necesidad de urgencia y los delegados están prohibidos”.

“Si nosotros no ponemos un límite, esto seguirá siendo el ‘viva la pepa, el dale que va’, el estado de excepción permanente, el ‘total ya pasó, total ya se hizo’”, sostuvo.

“Sé que hoy hay oportunistas y advenedizos, pero también sé que hay republicanos intermitentes y de ocasión. Pero creo que hoy tenemos la oportunidad de menos DNU y decretos delegados. Tenemos la oportunidad de más república y tenemos la oportunidad de más proceso deliberativo y menos degradación del debate y la conversación pública, gobierne quien gobierne”, remató.

El diputado del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo aclaró que la coalición que integra no está de acuerdo con la utilización del instrumento del DNU, al que definió como una “aberración”, pero comprometió el apoyo a los efectos de “hacer un poco menos antidemocrático a un régimen inconstitucional”.

El referente del PTS señaló que la reforma del régimen de DNU, en lugar de otorgarle 90 días de vigencia a los decretos, debería acotarse a 30 días, y en segundo lugar reclamó que el rechazo de una cámara no implique la derogación sino su completa “anulación”.

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, lamentó que se hayan dejado "propuestas incrementales" y que la oposición haya elegido el camino del “todo o nada”, la “épica” de “morir con las botas puestas”.

“La oposición trae una reglamentación de los DNU en términos teóricos muy positiva y necesaria, pero que intenta aplicarla en tiempo récord a uno de los gobiernos mas débiles en su representación democrática lo que no le aplicó a sus propios gobiernos, que encima tenían mayoría parlamentaria.”, señaló el cordobés.

La propuesta del jefe de la bancada radical es ir hacia una reforma de las características planteadas por la oposición pero para que entre en vigencia a partir del 10 de diciembre del 2027.

“Estamos ante una paradoja institucional: exigir en tiempo récord a un gobierno que no tiene un solo gobernador, un solo intendente, que tiene un puñado de improvisados diputados y un puñado de senadores, lo que no le exigieron a los gobiernos anteriores constituye un hecho que paradójicamente los desestabiliza institucionalmente”, cuestionó.

“La doble vara de quienes hoy exigen un rigor institucional a un gobierno en extrema debilidad es absolutamente inaceptable. La doble vara de gobernadores como el de Córdoba o el de Buenos Aires, que parecen suizos en este recinto pero que gobiernan sus legislaturas con decretos delegados, conculcando los debates democráticos en las legislaturas es inaceptable”, finalizó.

Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionó que “este es el primer gobierno que en vez de usar los DNU para acelerar el proceso parlamentario en casos de presunta necesidad y urgencia” lo hace para tomar medidas con discrecionalidad, omitiendo al Congreso.

Sobre los motivos por los cuales la oposición impulsa este proyecto en la actual coyuntura, justificó: “Lo hacemos ahora porque nunca nos enfrentamos con un gobierno en minoría con la vocación de permanecer en minoría”.

“Esto no atenta contra la gobernabilidad. Estoy convencido que esto es a favor de la gobernabilidad”, remarcó Massot.

El diputado opositor hizo hincapié en que el Gobierno recapacite y entienda la necesidad de formar mayorías en el Congreso.

“Si el Gobierno piensa que con una minoría en una sola cámara va a manejar la agenda legislativa, estoy seguro que se está equivocando”, indicó.

“Si el gobierno no entiende que no hay gobierno posible con mayoría en ambas cámaras, no hay tercio que lo salve”, alertó.