El procedimiento se este viernes, en el marco de una investigación iniciada por un robo denunciado días atrás en una vivienda ubicada en calles 79 y 210. A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores, lo que derivó en la ejecución de órdenes de allanamiento en distintos puntos.
En uno de los operativos, realizado en el barrio Los Patitos II, se procedió a la detención de uno de los implicados, de 33 años, y al secuestro de bienes vinculados al hecho investigado.
De manera paralela, en un domicilio del barrio Giovinazzo, los uniformados detuvieron al segundo sospechoso, de 26 años, en el marco de los allanamientos simultáneos. En ese mismo lugar, también fue demorado un hombre de 40 años que intentó entorpecer el procedimiento, mientras que se incautaron diversos elementos como una desmalezadora, herramientas, bolsos y otros objetos presuntamente relacionados a distintos ilícitos.
Asimismo, en el marco de la investigación, una mujer de 41 años hizo entrega voluntaria de parte de los bienes sustraídos, manifestando que uno de los implicados le había pedido que los resguardara temporalmente. Entre los objetos recuperados se encuentran una freidora eléctrica y un bolso tipo maletín.
Los dos detenidos son ladrones investigados por múltiples hechos en la zona. Durante los allanamientos también se detectaron plantines de cannabis, por lo que intervino personal especializado y se dio intervención a la Justicia Federal. En este contexto, no se descarta que los implicados también estén vinculados a la posible comercialización de estupefacientes, por lo que continúan las investigaciones.
El Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguraron el suministro de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional, tras establecer un cronograma de entregas de las dosis adquiridas por la Argentina a través de los Fondos Rotatorios Regionales.
La información fue difundida mediante un comunicado conjunto con el objetivo de llevar tranquilidad a las jurisdicciones y a la población en general.
Según precisaron ambas entidades, el actual contexto geopolítico internacional ha impactado en la capacidad de transporte aéreo y marítimo, lo que derivó en retrasos de envíos previamente programados, reconfiguración de rutas logísticas y un incremento significativo de los costos de flete.
Frente a este escenario, el trabajo articulado entre la cartera sanitaria nacional y la OPS permitió implementar acciones extraordinarias con los proveedores para agilizar los despachos y responder a las necesidades más urgentes del país.
Con el fin de brindar previsibilidad y certidumbre, el Ministerio de Salud y la OPS informaron que se acordó la presentación de un plan de entregas que será actualizado de manera periódica. Dicho esquema detallará las fechas estimadas de arribo de las vacunas y el estado de avance de cada envío, a fin de facilitar la planificación sanitaria de las provincias y el monitoreo público del proceso.
Asimismo, indicaron que se transparentarán los procesos de compra iniciados a través de los Fondos Rotatorios de la OPS. Esta medida incluirá instancias de intercambio técnico para informar sobre los tiempos, etapas e hitos operativos involucrados en la adquisición y distribución de las vacunas, con el propósito de fortalecer la confianza institucional y la coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud.
De cara a las entregas previstas para el resto de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación ratificó su decisión de sostener el abastecimiento del cronograma acordado con la OPS. En ese sentido, ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para mejorar la previsibilidad de los envíos y reducir el riesgo de situaciones similares en el futuro, garantizando así la continuidad de las políticas de inmunización en todo el país.
En la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El objetivo es suspender la aplicación de artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a salarios y partidas para las casas de estudio.
La presentación cuestiona el fallo que había ratificado una medida cautelar a favor de las universidades. Esa resolución obligaba al Estado a ejecutar transferencias para recomponer ingresos del sector. Con el nuevo planteo, la administración nacional intenta frenar esa exigencia mientras el caso escala a instancias superiores.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la norma no establece de dónde deben salir los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto. Argumentan que avanzar con esos pagos sin previsión presupuestaria afectaría el equilibrio fiscal y comprometería el funcionamiento general del Estado.
En ese marco, también solicitaron que los jueces de la Corte Suprema se aparten del expediente por su vínculo con el ámbito académico. La intención es que intervengan conjueces, en un intento por garantizar imparcialidad en una causa que consideran de alto impacto institucional.
Mientras tanto, en el Gobierno admiten que el escenario es complejo. Si la Justicia no concede el efecto suspensivo, el Estado quedaría obligado a transferir fondos en el corto plazo. Se estima que el monto total rondaría los 2,5 billones de pesos, una cifra que tensiona las cuentas públicas.
El conflicto se da en un contexto de fuerte deterioro del financiamiento universitario. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias sufrieron una caída significativa en términos reales en los últimos años, al igual que los salarios, lo que mantiene abierto el reclamo del sector educativo.
Bartolomé Mitre consiguió una victoria clave como visitante al imponerse 2 a 1 frente a Juventud Antoniana en el estadio Padre Martearena, en el arranque de la quinta fecha del Torneo Federal A. El equipo misionero mostró carácter en un escenario exigente y se llevó tres puntos de gran valor.
Rodrigo Cerdán abrió el marcador a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que Luciano Arraya amplió la ventaja a los 8 del complemento. El conjunto salteño reaccionó rápido y descontó a través de Pedro Muné, aunque no logró evitar la caída.
Uno de los momentos determinantes del encuentro se dio al inicio, cuando el arquero Guillermo Bachke contuvo un penal ejecutado por Matías Vicedo, sosteniendo el empate en ese tramo y dándole impulso anímico al visitante.
Con este resultado, Mitre alcanza las 8 unidades y se ubica momentáneamente en la cima de su grupo. En la próxima jornada jugará en casa, donde recibirá a Sarmiento de La Banda en Posadas.
Este sábado la provincia atraviesa una jornada con cielo mayormente despejado y fuerte presencia solar. Un sistema de alta presión limita el desarrollo de nubosidad, generando condiciones ideales para actividades al aire libre.
Durante las primeras horas se prevén bancos de niebla y neblinas que podrían afectar la visibilidad, especialmente en zonas bajas. Los vientos soplan leves desde el sector sureste y este, con velocidades reducidas y algunas ráfagas moderadas.
No se esperan precipitaciones y las temperaturas se mantendrán templadas. La máxima alcanzaría los 28°C en Montecarlo, mientras que la mínima descendería a 15°C en San Pedro. La calidad del aire se mantiene en niveles buenos.
Para el domingo se anticipa un escenario similar, aunque con mayor nubosidad en áreas del centro y norte. Se espera una máxima de 30 grados en Eldorado y un piso térmico de 15 en Leandro N. Alem, con condiciones ambientales que podrían volverse regulares.
En el marco de investigaciones en distintos puntos de la provincia, se realizaron procedimientos judiciales y se intensificó el trabajo preventivo con presencia policial, ciberpatrullaje y articulación con docentes y familias.
Las medidas incluyeron allanamientos simultáneos, donde se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, los cuales fueron puestos a disposición de las áreas técnicas correspondientes para su análisis, bajo estricto cumplimiento de los protocolos legales vigentes.
En este contexto, y a partir de denuncias recepcionadas, se llevó adelante un procedimiento en la localidad de Puerto Rico, donde se concretó una diligencia judicial con secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos, además de dos armas de fuego y municiones, pertenecientes al dueño de casa, las cuales serán sometidas a peritajes correspondientes en el marco de la investigación.
Asimismo, se adoptaron medidas preventivas con intervención de organismos especializados, garantizando el resguardo de los derechos de los involucrados y el acompañamiento institucional necesario. En todos los casos detectados, se trabaja con un abordaje interdisciplinario, articulando acciones entre áreas especializadas, la comunidad educativa y las familias.
En este sentido, personal de la División Cibercrimen y de la Policía Comunitaria continúa desarrollando tareas coordinadas para la prevención y el seguimiento de este tipo de situaciones.
De manera complementaria, en la fecha se dispuso un refuerzo preventivo en zonas externas de establecimientos educativos, en continuidad con las tareas que ya se vienen desarrollando habitualmente. Estas acciones se llevan adelante en conjunto con directivos, docentes y familias, fortaleciendo la prevención y el cuidado en el entorno escolar.
Los operativos se desarrollaron con total normalidad, sin registrarse novedades. Por ello, la Policía de Misiones recuerda a la comunidad la importancia de acompañar, prevenir y alertar ante situaciones que puedan afectar la convivencia en ámbitos educativos, reafirmando el compromiso conjunto entre familias, instituciones y el Estado.
La industria manufacturera operó con una utilización de capacidad instalada del 54,6% en febrero, uno de los niveles más bajos desde la crisis de 2002, según datos del INDEC. El indicador mostró una caída de cuatro puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.
En el primer bimestre, el promedio se ubicó en 54,1%, por debajo del 56,8% registrado un año atrás. Para encontrar un nivel inferior hay que retroceder a 2002, en pleno colapso económico, cuando el uso de la capacidad fue del 49,6%.
El retroceso responde principalmente a la debilidad de la demanda interna y al impacto de la apertura comercial, factores que continúan condicionando la actividad industrial.
Entre los sectores más afectados, la metalmecánica registró la mayor caída, con un nivel de uso del 33,9%, frente al 44% del año previo, afectada por la menor producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.
La industria automotriz también mostró un fuerte deterioro, con una utilización del 38,9%, casi 16 puntos porcentuales menos que en 2025. A su vez, la caída del 14% en la producción de acero impactó en las industrias metálicas básicas, otro de los rubros en retroceso.
Por encima del promedio general se ubicaron sectores como refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), químicos (64,4%), metales básicos (59,7%) y alimentos y bebidas (58,6%).
En el extremo opuesto, los niveles más bajos se registraron en metalmecánica (33,9%), caucho y plástico (38,7%), automotriz (38,9%), textiles (39,9%) y minerales no metálicos (49%).
Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC, el 51,9% de los industriales identifica a la falta de demanda interna como el principal límite para incrementar la producción. En paralelo, crece la preocupación por la competencia de productos importados, señalada por el 11,8% de las empresas como factor determinante.
El Gobierno nacional presentó un recurso judicial para intentar llevar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte Suprema y frenar su aplicación, horas antes del vencimiento del plazo fijado por la Justicia para transferir los fondos a las universidades.
La presentación, realizada en la madrugada de este viernes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, busca suspender el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que obligan al Ejecutivo a realizar desembolsos para el sistema universitario.
El Recurso Extraordinario Federal fue impulsado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, con el objetivo de revertir el fallo que ratificó una medida cautelar contra el Gobierno y declaró inaplicable parte del Decreto 759/2025.
Con este planteo, el Estado intenta evitar el pago inmediato de los fondos, cuyo plazo vencía este viernes por la mañana, y ganar tiempo para que intervenga el máximo tribunal. Además, solicitó que los jueces de la Corte Suprema se excusen del caso y sean reemplazados por conjueces, bajo el argumento de su vinculación con el ámbito universitario.
En el ámbito judicial, la estrategia fue considerada débil y leída como una maniobra dilatoria. Desde el Gobierno sostienen que cumplir con la ley implicaría un desembolso cercano a $2,5 billones, lo que pondría en riesgo el superávit fiscal. También cuestionan que la norma no establece una fuente de financiamiento específica, en conflicto con leyes presupuestarias vigentes.
En paralelo, las universidades públicas intensificaron sus reclamos. Este jueves realizaron una jornada nacional de protesta con actividades abiertas, clases públicas y acciones de visibilización en todo el país.
Desde el sector advirtieron que, sin la aplicación de la ley, el sistema universitario atraviesa una crisis crítica, con una caída del 45,6% en las transferencias desde diciembre de 2023. Señalaron además el impacto en los salarios docentes y no docentes, así como en los programas de becas.
Las instituciones confirmaron que notificaron a la Justicia el incumplimiento del fallo por parte del Ejecutivo y reclamaron la convocatoria urgente a paritarias. También anticiparon nuevas movilizaciones a nivel nacional si no hay respuestas en las próximas semanas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este viernes que trabaja en un nuevo apoyo financiero por u$s550 millones, que se sumaría respaldo que podría totalizar el año en u$s7.200. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la noticia "permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos"
El organismo prevé más de u$s5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía el monto mencionado, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales.
Por su parte, el BID Invest, el brazo para el sector privado del banco, proyecta movilizar inversiones por alrededor de u$s2.200 millones.
“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, señaló el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.
Según señalaron en un comunicado, el apoyo se basará en un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado.
Entre las operaciones soberanas previstas, detallan, "el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria". Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social.
De todas maneras, la totalidad de las operaciones están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID.
El Ministerio del Agro acompañó el desarrollo del Taller de vigilancia fitosanitaria en banano, una instancia técnica que reunió a especialistas vinculados a la sanidad vegetal y la producción frutícola, con el objetivo de anticipar riesgos y proteger una cadena en crecimiento.
El Taller regional de vigilancia fitosanitaria en banano fue organizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Cerro Azul, departamento Leandro N. Alem.
La actividad reunió a equipos técnicos, especialistas y representantes de Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Misiones; permitiendo trabajar de manera conjunta sobre herramientas de monitoreo, detección temprana y respuesta ante plagas que afectan al cultivo, en un contexto donde la sanidad vegetal se vuelve determinante para sostener el crecimiento de la producción. Al mismo tiempo, la convocatoria reflejó el interés creciente de otras regiones en el desarrollo del banano, tomando como referencia la experiencia misionera.
Durante las jornadas se abordaron temas vinculados a la situación productiva y sanitaria del cultivo en el país, junto con metodologías de monitoreo, registro de datos y reconocimiento de plagas de alto impacto como Raoiella indica y el Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (FOC R4T). Estas instancias incluyeron tanto contenidos teóricos como prácticas a campo, donde los equipos realizaron ejercicios de toma de muestras y simulaciones de aplicación de planes de contingencia. Este enfoque permitió tanto actualizar conocimientos como fortalecer capacidades operativas ante eventuales escenarios sanitarios complejos.
Facundo López Sartori, ministro del Agro y la Producción, señaló que “consolidamos un trabajo que en Misiones ya viene dando resultados concretos. Hoy el banano forma parte de una estrategia de diversificación productiva que no solo crece en la provincia, sino que empieza a ser observado y demandado por otras regiones del país”. En esa línea, remarcó que el fortalecimiento técnico es una condición necesaria para sostener ese proceso en el tiempo, garantizando estándares sanitarios adecuados.
En ese sentido, la subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, destacó que la vigilancia fitosanitaria “es clave en una cadena que está en expansión, porque permite anticipar riesgos y ordenar el crecimiento con criterios técnicos”. Además, subrayó que estos espacios de formación permiten unificar criterios entre provincias y mejorar la capacidad de respuesta, en un escenario donde la circulación de material vegetal y el aumento de la producción requieren mayor control y seguimiento.
En el marco del taller, la ingeniera Paula Sánchez presentó las líneas de trabajo del Programa Provincial de Cuencas Productoras de Frutas Tropicales de la cartera agraria, con énfasis en las acciones desarrolladas en el cultivo de banano y su articulación con herramientas de planificación sanitaria como el PESF. Estas políticas públicas acompañan el crecimiento del sector con asistencia técnica y planificación territorial, consolidando un esquema productivo que integra innovación, sanidad y escala.
Desde Biofábrica Misiones, la ingeniera Daniela Kubiak expuso sobre la evolución del cultivo de banano a partir del desarrollo de plantines mediante biotecnología vegetal, destacando el crecimiento sostenido de la demanda y la capacidad de respuesta alcanzada. En ese marco, el presidente de la entidad, Federico Miravet, afirmó que “la experiencia de Misiones con el banano muestra que es posible construir una alternativa productiva con base tecnológica y proyección concreta. Hoy estamos recibiendo pedidos de otras provincias, lo que marca un cambio de escala y posiciona a la provincia como proveedora de material vegetal y conocimiento”.
La jornada incluyó también la participación de disertantes de organismos técnicos y del ámbito científico-productivo, quienes compartieron experiencias de manejo a nivel nacional e internacional. Este intercambio permitió poner en diálogo distintas realidades productivas y fortalecer una red de trabajo que resulta clave para sostener la sanidad del cultivo y acompañar su expansión en el país.
