La documentación y los testimonios reafirman la idea de que la E19 presentaba «falta de estanqueidad». El Capitán había alertado sobre ese inconveniente tres meses antes de la última misión. La Armada, en la mira.
En la madrugada del 15 de noviembre de 2017, una tormenta azotaba el sur del mar argentino con olas que alcanzaban los nueve metros. El ARA San Juan navegaba a cinco nudos con rumbo a Mar del Plata en medio del temporal. Su misión era la de patrullar y controlar las aguas argentinas. A las 06.00 de ese miércoles, el capitán Pedro Martín Fernández le informa al Comando de Submarinos que había agua de mar a través del sistema de ventilación y que el líquido ocasionó un cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de batería.
Una hora y 19 minutos después, Fernández se vuelve a comunicar e informa que iban a bajar a plano profundo (40 metros) a descansar e inspeccionar el tanque de baterías. Fue el último mensaje de la tripulación. A las 8.45 se perdió todo tipo de contacto con la embarcación y a las 10.51 se registró un evento anómalo, consistente con una explosión, que los expertos luego definirían como una implosión.
A dos años de la tragedia que se cobró la vida de 44 tripulantes, la Justicia intenta determinar qué ocurrió con la nave. El expediente, a cargo de la jueza Marta Yáñez, llegó a una conclusión: el agua se filtró a través de la válvula de ventilación E19, que en inmersión debió haber evitado el paso del líquido pero por algún motivo no lo hizo. En este contexto, un documento es clave para la causa. En la navegación de julio de 2017 también se produjo ingreso de agua y el Capitán fue contundente: sostuvo que se debió a una falla en el mecanismo por «falta de estanqueidad», es decir, que no cerró correctamente.
Así, una serie de preguntas sobrevuelan el juzgado: ¿El mecanismo se reparó entre julio y noviembre de 2017?; ¿Los altos mandos de la Armada Argentina dejaron que el submarino zarpe con un inconveniente de esta clase?; sí se solucionó la falla, ¿se hizo correctamente? La tripulación, ¿pudo haber cometido un error fatal?
La E19, clave en la investigación
Tres meses antes de la tragedia, y al regreso de una misión en alta mar, el capitán Fernández le elevó a sus superiores un informe con detalles acerca de la navegación. El excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide, recibió el documento que incluía un incidente en plena actividad.
«Durante el sexto día de navegación, con el buque en maniobra de snorkel, se produjo un ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa. Se desarmó la envuelta del mismo para sacar la totalidad del agua. Consecutivo se procedió a navegar a plano profundo para ingresar al tanque de baterías y verificar el estado del mismo. No se observó ingreso de agua, normalizándose posteriormente la maniobra de ventilación”, comunicó el Capitán de Fragata y finalizó: “La única posibilidad es la falta de estanqueidad en la válvula E19”.
Se trató de un hecho similar al ingreso de agua que registró el San Juan antes de precipitarse al lecho marino. Según pudo saber TN.com.ar de fuentes con acceso al expediente, no existe documentación que avale que la válvula fue reparada entre julio y noviembre de ese año. «Hay testimonios que dan cuenta de que la E19 debió haberse reparado sí o sí en dique seco (fuera del agua) para que permita su desmontado y recorrido», señalaron.
Para los expertos navales la falta de estanqueidad nunca se solucionó y o si se hizo fue de manera incorrecta. De esta forma, la Justicia se apresta a descartar de plano que la tripulación haya cometido un error cerrar de forma al dejar abierta la E19, como sugirió la comisión de expertos conformada por el Ministerio de Defensa de la Nación. De acuerdo a este informe, como las olas cerraban el snorkel cada 30 segundos, los marinos pudieron haber relajado la norma de seguridad y la abrieron de forma momentánea para que pasara más oxígeno. La Justicia descartaría de plano esto porque ningún papel así lo indica. Cualquier prueba se fue al fondo del mar y en el juzgado entienden que no pueden culpar a quienes no pueden defenderse.
Las preguntas anteriormente formuladas motivaron a la Justicia a llamar a indagatoria a siete integrantes de la fuerza.
Los imputados
Entre estos se encuentra el propio Villamide; Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; José Marti Garro, jefe de operaciones del COAA; Eduardo Malchiodi, jefe de mantenimiento de la Armada; Jorge Andrés Sulia, exjefe logística del COFS; Hugo Migle Correa, exjefe de operaciones de la fuerza; y Héctor Alonso, el jefe del Estado Mayor del COFS al momento del hundimiento.
Cinco de estos marinos se negaron a declarar, escucharon los cargos y se retiraron. López Mazzeo pidió prorrogar su indagatoria y lo hará el 25 de noviembre y Villamide fue el único que compareció. Lo hizo por más de cinco horas. Según pudo saber este medio, a los acusados se les imputa «incumplimientos reglamentarios». En las próximas semanas habrá nuevas indagatorias.
Villamide y López Mazzeo son dos imputados importantes para el expediente. Para los investigadores son quienes deberían estar en capacidad de decir si el submarino estaba en condiciones de navegar y no podían desconocer el estado en el que se encontraba la nave al momento de zarpar. «Todos estaban alertados por la válvula E19», repiten entre las fuentes con acceso al expediente.
La querella que encabeza Luis Tagliapietra reclama desde hace tiempo que se periten las imágenes que capturó la firma Ocean Infinity sobre los restos de la nave. El abogado, padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes, asegura que se trata de una medida de prueba fundamental para saber qué ocurrió con la nave. Desde el juzgado dicen que los peritos navales están, en su mayoría, vinculados a la Armada Argentina, pero prometen hacer lugar a la solicitud.
En esta causa declararon más de 120 testigos, entre estos el presidente Mauricio Macri, que respondió preguntas por escrito y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que contestó más de 60 consultas. El contenido de ambas testimoniales se mantiene bajo reserva.
Las querellas
Con el correr de los meses el vínculo entre las querellas se resquebrajó. En estos momentos hay tres: la que encabeza Tagliapietra; la unificada entre los abogados Fernando Burlando, Valeria Carreras y Lorena Arias, y la de Sonia Kreischer. Las diferencias entre estas es tal que las medidas de prueba y pedidos de imputación efectuados por cada uno son muy distintos entre sí.
«La caratula sigue como averiguación de delito, no están establecidas las causas del hundimiento. La Armada dio su hipótesis, el Ministerio de Defensa también y si la jueza se basa en eso está cometiendo un error», cuestionó Tagliapietra, que pidió apartar en dos oportunidades a la magistrada. «No conocemos la acusación contra los imputados. Es insólito que en una indagatoria se le permita a López Mazzeo pedir una prórroga, no es una testimonial, está imputado», recalcó visiblemente molesto.
Por su parte, la abogada Carreras, también se muestra crítica del andar de la investigación y cargó contra la Armada Argentina. «Salieron a la luz mucho más que culpables. A la luz quedó expuesta una fuerza armada que está desfinanciada y desalmada. Los citados perdieron drásticamente la memoria por lo que no se puede avanzar a partir de su testimonio. Las pruebas que envió la Armada y el Gobierno son contradictorias y la fuerza envió información en forma confusa, encriptada, muy difícil de leer y comprender», destacó.
Carreras resalta que su querella solicitó imputar a Mauricio Macri y Oscar Aguad, además de otros 10 integrantes de la fuerza. La abogada pide comprobar que las imágenes «no hayan sido editadas» y no descarta que el ARA San Juan haya sido atacado o impactado con un buque pesquero chino.
Pero en medio de estas diferencias, ambas querellas coincidieron en la necesidad de bajar al lecho marino un equipo de filmación remoto para tomar imágenes interiores del submarino. Lo que por ahora parece difícil de lograr.
Fuente:TN
