El Ejecutivo tomó la decisión de elevar el caso a la Justicia luego de las filtraciones que involucran a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en una trama de retornos.
Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal "con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral". Además, logró una cautelar del Poder Judicial para evitar que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la secretaria de Presidencial, Karina Milei, y su asesor Eduardo "Lule" Menem.
Así lo confirmó el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", remarcó el funcionario. Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Julián Ercolini.
Previo a conocerse la denuncia, ingresó en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo el abogado y procurador del Tesoro Nacional, Santiago Castro Videla. Según señalaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito, la maniobra "consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios".
Entre los responsables identificados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. En este marco, la Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio de comunicación “Carnaval Stream”.
Para el Gobierno, "no se trata de una filtración casual", sino "de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral". En ese marco, en Balcarce 50 consideran que el objetivo "fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales".
A través de un comunicado emitido por la Vocería de la Presidencia, el Gobierno también advirtió que "el objetivo fue generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas".
Además, denunció: "El hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial".
La denuncia del oficialismo se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual "prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas". En este marco, solicitan medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y "preservar la transparencia del proceso electoral".
"No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia", deslizaron desde el Gobierno.
