Pese a que sólo pasaron treinta desde que asumió el Gobierno, hubo varios cambios en materia económica.
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
En dos maratónicas sesiones con filosos cruces, el Congreso convirtió en ley la iniciativa a sólo diez días del desembarco del oficialismo en Casa Rosada. La suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria durante 180 días, fue uno de los principales escollos que tuvo que enfrentar el Gobierno en el marco de las negociaciones con la oposición.
Fue el propio presidente, Alberto Fernández, quien movió las piezas para destrabar el tratamiento de la ley. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, anunció Fernández a través de su cuenta de Twitter minutos antes de debatirse el entonces proyecto en el Senado, aplacando el malestar sobre el alcance de la suspensión de la fórmula de haberes jubilatorios.
Entre sus puntos más salientes, la iniciativa declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas. Además, eaculta al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones necesarias para "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina".
Impuesto al dólar
Finalmente esta semana la AFIP reglamentó el gravamen del 30%, llamado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), con retroactividad al 23 de diciembre, fecha en la que entró en vigencia la ley de Solidaridad Social que lo contiene.
Entre las novedades, el organismo señaló que en compras con tarjeta de crédito sólo se aplica el 30% si se paga en pesos, por lo que si el pago viene desde una cuenta en dólares no habrá afectación.
El recargo se aplicará a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera; al pago de bienes y servicios en el exterior; de servicios prestados por sujetos no residentes; de servicios en el exterior contratados por agentes de viajes y turismo; de servicios de transporte internacional de pasajeros y de servicios digitales que se paguen en dólares. En tanto, no quedarán sujetas a percepción las operaciones con destino específico vinculadas al pago de obligaciones, por lo que las empresas que se hayan financiado en dólares no tendrán que hacer frente al impuesto.
Tarjeta Alimentaria
En el marco del programa Argentina Contra el Hambre, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, encabeza la iniciativa que contempla la entrega de una Tarjeta Alimentaria para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo hasta los seis años de edad, personas con discapacidad y embarazadas que cobren este beneficio.
Emitido por el Banco Nación, el plástico sirve para la compra de alimentos y tuvo su debut en Concordia, donde se entregaron un total de siete mil tarjetas por $ 35 millones, que se concentraron en la compra de lácteos, fruta y carne, según señaló la cartera que conduce Arroyo.
Desde Desarrollo Social aseguran que marzo esperan llegar a cubrir el 80% del país.
Precios Cuidados
Finalmente el Gobierno relanzó esta semana el programa Precios Cuidados con una lista de 310 productos, muchos de los cuales son primeras marcas, y una reducción promedio del 8% en los precios.
El nuevo listado será de carácter anual con revisión trimestral, y las marcas incluidas ya despertaron polémica, por la inclusión de productos como gaseosas y cerveza, algo que los funcionarios argumentaron explicando que se trata de productos “de referencia” para el mercado, y que nadie está obligado a comprarlos.
La vuelta de Precios Cuidados fue el producto de negociaciones de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con los empresarios del sector, en donde primó para la economista la inclusión de las primeras marcas.
Una de las novedades de la nueva etapa es la implementación de una app para monitorear los artículos que deben estar disponibles en 2.220 supermercados de todo el país y provistos por 78 empresas productoras.
Recomposición salarial
Una de las primeras medidas de Fernández fue la implementación de un bono para jubilados y pensionados, al mismo tiempo que anunció que en marzo habrá un nuevo aumento para este sector, mientras todavía se esté discutiendo la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que se suspendió con la ley de Solidaridad Social.
En este marco, precisamente este viernes este sector de la sociedad estará en condiciones de cobrar la segunda suma fija de hasta $ 5000.
Otro de los sectores alcanzados por una suma fija son los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, para quienes la medida implica un pago de $ 2000.
Asimismo, el Gobierno oficializó el sábado pasado un aumento de salarios de $ 4.000 para los trabajadores del sector privado, que serán a cuenta de futuras paritarias. Según el decreto 14/2020, se dispone un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a 3.000 pesos desde este mes y, a partir de febrero, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de 1.000 pesos.
El incremento previsto deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias, y no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento.
Tarifa de transporte
Acompañado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció la decisión de congelar por 120 días las tarifas del transporte urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La medida contempla los servicios de pasajeros por automotor urbano y suburbano y ferroviario de superficie, metropolitanos, regionales y larga distancia, de jurisdicción nacional.
El Gobierno consideró que el transporte público terrestre de pasajeros de carácter urbano y suburbano “es una herramienta indispensable para la instrumentación de las actividades cotidianas de la población, cuya principal función es el traslado de los integrantes de la comunidad a cada uno de los sitios donde éstas son desarrolladas, constituyéndose, en este sentido, en un primer eslabón para el desarrollo económico-social”.
En ese sentido, el Gobierno reconoce "la existencia de un derecho al transporte y a la movilidad, cuyos titulares son los ciudadanos y que el Estado Nacional se encuentra comprometido a tutelar de acuerdo a los objetivos determinados".
En otro orden de temas, la Ley de Solidaridad Social y reactivación productiva autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS). También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020". A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.
Retenciones
Por medio de un decreto, el Gobierno aumentó las retenciones al campo al eliminar la fórmula que fijaba como derecho de exportación $ 4 por dólar exportado que estableció el gobierno de Mauricio Macri.
Con este cambio, el gravamen por derecho de exportación para la soja alcanza al 27% (ya que hasta el momento se ubicaba en el 18% a lo que había que sumarle los $4 por dólar).
La medida se tomó en base a "la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas", por lo que "resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos", indicó el decreto.
Doble indemnización
Valiéndose también de la implementación de un decreto, Alberto Fernández dispuso la implementación de la doble indemnización laboral dispuesta de manera transitoria por 180 días, que vence el 10 de junio de 2020.
En el artículo 4, el decreto especifica que esa doble indemnización “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia", criterio que se explica en los considerandos “a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo".
Fuente: Ámbito
