Un tribunal de apelaciones hizo lugar al pedido de la defensa del ex presidente y acortaron la condena a 8 años y 10 meses. El fallo fue adoptado de forma unánime.
Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo la condena del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses de cárcel, un fallo que posibilitará al líder de la izquierda beneficiarse de un régimen semiabierto de prisión.
El fallo fue adoptado de forma unánime por los cuatro magistrados de la quinta corte del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un colegiado de tercera instancia.
La legislación brasileña prevé que los presos puedan obtener el beneficio de un régimen semiabierto -con derecho a trabajo diurno- a partir del cumplimiento de un sexto de su condena.
Ese plazo se cumpliría, según el profesor de Derecho Constitucional Lenio Streck, en octubre de este año, dado que Lula, detenido desde el 7 de abril de 2018 en Curitiba (sur), ya cumplió un año de reclusión.
El relator del caso, el juez Felix Fischer, planteó la reducción de la pena, luego de que en noviembre del año pasado rechazara ese recurso.
Lula fue condenado en primera instancia en julio de 2017 por el juez anticorrupción Sergio Moro a 9 años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Esa pena fue agravada en enero de 2018 por un tribunal de segunda instancia (TRF4) a 12 años y un mes.
“Hoy el relator llega a la conclusión de que hubo un exceso por parte del TRF4 en la fijación de la pena y yo también vislumbré ese exceso”, dijo otro magistrado del STJ, Reynaldo Soares, al argumentar su voto.
Lula, de 73 años, fue acusado de ser el beneficiario de un apartamento tríplex en Guarujá (litoral del estado Sao Paulo) puesto a su disposición por constructoras para obtener contratos en Petrobras.
El ex gobernante se declara inocente y denuncia una persecución política para impedir que la izquierda vuelva al poder.
Esta victoria parcial de Lula, una de las pocas desde que fue condenado, no despeja otras amenazas sobre su destino.
El ex presidente (2003-2010) fue condenado en febrero pasado a otros 12 años y 11 meses de cárcel por un tribunal de primera instancia por la realización de reformas en otra propiedad, igualmente a cambio de contratos en la petrolera estatal.
Su estadía en prisión se debe al caso del tríplex de Guarujá, dado que la ley brasileña permite que el primer recurso se pueda presentar en libertad. Pero si fuera confirmada esa segunda sentencia, permanecería en la cárcel.
Lula enfrenta además otros seis procesos.
La eventualidad de un régimen semiabierto modificaría sus perspectivas de vida y podría tener un impacto en la política de Brasil, donde la izquierda busca reorganizarse desde la victoria electoral en octubre pasado del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
“Lula es inocente, merece ser absuelto, pero los votos por la reducción de su pena demuestran el nivel de persecución y de arbitrariedad al que Lula fue sometido por Moro y por el TRF4”, tuiteó la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.
“Como [Lula] tiene un instituto en Sao Paulo y tiene derecho a prestar asesorías, con el régimen semiabierto sus perspectivas cambian totalmente”, dijo el constitucionalista Lenio Streck.
Durante la campaña electoral, Bolsonaro prometió que, de ser electo, Lula “se pudriría” en la cárcel. Tras asumir el poder el 1º de enero, nombró ministro de Justicia a Moro.
