A menos de 24 horas de la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de góndolas, en las empresas ya empezaron a advertir sobre el impacto que podría tener la medida en los precios y en el empleo.

En los supermercados y en las compañías proveedoras sostienen que, lejos de impulsar una baja en los precios, la nueva norma podría tener el efecto inverso, ya que implicaría mayores costos operativos que, más temprano que tarde, se terminarían trasladando a los precios al público. En el sector además alertan que correrían peligro entre 5000 y 7000 puestos de trabajo por el impacto de los mayores costos en la rentabilidad empresaria.

(Fuente: La Nación)

El 22 de noviembre fue instituido por Ley del Congreso de la Nación el “Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria” en conmemoración a la misma fecha del año 1949, cuando el entonces Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó y promulgó el Decreto 29.337 de Gratuidad de la Enseñanza Universitaria, permitiendo el acceso a todos los sectores sociales.

El impacto de la norma dictada por Perón se evidenció en el inmediato aumento de la matrícula estudiantil. La matrícula universitaria pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.

A partir de dicha fecha, las Universidades Nacionales suprimieron el arancel lo que posibilitó que millones de argentinos hijos de trabajadores, pudieran acceder a la cultura, a la educación superior y a la formación profesional universitaria. Esto permitió contrarrestar las políticas elitistas, meritocráticas y selectivas que se usaban.

Esta medida permitió que no quedaran inteligencias perdidas por exclusión económica, dando las bases para el ascenso social como fruto digno del esfuerzo, del estudio y del trabajo a toda la población argentina, especialmente a los más humildes. Desaparece entonces la idea de “Universidad de elite” ya que se posibilita el acceso de los sectores populares excluidos.

Esta medida es una de las Políticas de Estado de mayor importancia social, cultural, científica y económica del País, junto a otras que posibilitaron la creación de empleo, riqueza y su justa distribución, haciendo real el acceso a la educación, la salud y la vivienda para todos.

La gratuidad de la enseñanza universitaria pública en nuestro país es hasta la fecha una medida avanzada de alto contenido social, muchos países de Latinoamérica aún no la tienen, en Europa la mayoría de los países tienen estudios de grado arancelados: Bélgica, el Reino Unido, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, Suiza, por dar ejemplos. Todavía hay muchos países donde el acceso a la educación no se considera un derecho o un mecanismo de promoción social, la educación no se considera un bien público, es más, se considera “una mercancía susceptible de ser comercializada”.

Nuestro país avanzó de manera significativa en los últimos 10 años en materia de acceso y gratuidad de la enseñanza universitaria, con la creación de 9 universidades nacionales, públicas y gratuitas (la Universidad Nacional del Oeste entre ellas), esto otorgó la posibilidad de acceder a la educación superior a aquellos estudiantes que, por motivos laborales, las distancias, la dispar economía familiar, no podían ingresar, transitar y titularse.

La formación universitaria hoy no puede concebirse como una opción restringida para las élites, para los que más tienen, no sólo porque ello ofende nuestras convicciones de justicia, sino porque conduce – inevitablemente – a la marginación individual y social. Hoy la igualdad de oportunidades debe ser comprendida como el derecho a recibir la misma educación, el mismo capital cultural y aquello de más que cada uno necesite de acuerdo a diferencias culturales, vocacionales, personales y regionales.