Se reunirá una comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo para elegir autoridades. La próxima semana se discutirá la norma para regular contratos de vivienda.
Tres días después de las elecciones presidenciales que determinaron un cambio en la conducción del Poder Ejecutivo desde diciembre, el Congreso volverá a la actividad con discusiones en comisiones sobre distintos proyectos postergados, mientras aguarda por su tratamiento la ley de Presupuesto 2020, que será discutida en sesiones extraordinarias con la nueva conformación parlamentaria.
Este miércoles el puntapié inicial poseleccionario lo dará la Comisión Bicameral Permanente de Defensoría del Pueblo, que se reunirá al mediodía para realizar su elección de autoridades antes del recambio legislativo. Hay expectativa por la posibilidad de que se tire sobre la mesa el nombre de un candidato para ese cargo, que está vacante hace diez años.
La convocatoria fue hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el motivo oficial es la designación de autoridades, pero la incógnita que sobrevuela el Congreso por estas horas es por qué avanzar con ese trámite cuando falta poco para que cambie la integración de ambas Cámaras del Congreso.
Incluso trascendió en los últimos días que el propio Monzó podría ser candidato a ocupar ese cargo que está vacante desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. Sin embargo, el tiempo para cumplir con los requisitos para nombrar a alguien en ese puesto es insuficiente hasta el 10 de diciembre y tampoco hay a la vista un acuerdo de los dos tercios de los legisladores de cada Cámara, mayoría necesaria para designar al defensor del pueblo.
No obstante, la Bicameral se reunirá este miércoles para elegir autoridades y conformarla con siete senadores y siete diputados nacionales, como establece su reglamento.
La próxima semana, por otra parte, volverá a discutirse en comisiones la ley de alquileres, tras el fracaso de hace dos semanas, cuando ni siquiera pudieron juntarse 12 legisladores para iniciar la sesión. "Estamos muy cerca del consenso. La semana que viene vamos a intentar nuevamente dictaminar. Es una ley difícil", dijo el diputado oficialista Daniel Lipovetzky, impulsor de la iniciativa, en declaraciones a Radio con Vos.
La ley de alquileres tuvo un sinfín de idas y vueltas pero en las últimas semanas se alcanzó, según distintas fuentes, una base mínima de consensos. Esos acuerdos incluían un plazo de contrato mínimo de alquiler de tres años, eliminar el artículo que obligue a que solo los propietarios paguen las comisiones inmobiliarias -y reemplazarlo por una disposición para que cada provincia lo legisle- y regular la actualización de los precios de las cuotas mensuales.
Otros puntos en que se había avanzado considerablemente en el debate entre las partes fue la regulación de precios a través de un ajuste que promedie inflación y salarios sin tope, tres años de plazo mínimo, y cláusulas sobre expensas, arreglos, registro de los contratos en AFIP y eliminar un artículo de honorarios a cargo del propietario, sino que se defina a nivel provincial. Las cámaras inmobiliarias, no obstante, aún expresan reparos a alguno de esos ítems.
Si bien todos los bloques parlamentarios acordaron avanzar con esta norma, la resistencia principal tuvo lugar desde el propio Ejecutivo. Un proyecto de ley de alquileres quedó fuera de las sesiones extraordinarias del Congreso de 2018 porque primó la postura del Ministerio de Hacienda, que no respalda la sanción de una norma que "podría obstaculizar" el funcionamiento del mercado inmobiliario.
Más adelante el Congreso deberá afrontar el debate del Presupuesto 2020. La discusión se retomaría en sesiones extraordinarias desde diciembre, con la nueva conformación de las cámaras tras las elecciones presidenciales del domingo.
Fuente: Tn
