A partir de mayo, el Gobierno nacional pondrá en marcha un nuevo esquema tarifario para los servicios de luz y gas, en línea con los compromisos asumidos en el acuerdo más reciente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las subas llegarán justo antes del invierno y se espera que superen la inflación proyectada para 2025.
Este nuevo marco de tarifas, denominado Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ), busca dar previsibilidad al sistema energético durante los próximos cinco años. Aunque estaba previsto que comenzara en marzo para el gas y en abril para la electricidad, fue postergado por la volatilidad económica y la demora en el cierre del acuerdo con el FMI, anunciado el 11 de abril.
Aumentos por etapas y actualizaciones mensuales
Los nuevos cuadros tarifarios se conocerán en mayo, y se estima que los aumentos se aplicarán en dos o tres tramos, con actualizaciones automáticas basadas en salarios e inflación. Esto podría implicar subas mensuales en las boletas de los usuarios.
El objetivo es dejar atrás los aumentos transitorios y avanzar hacia un sistema tarifario más estable, aunque con mayor impacto en el bolsillo de los hogares.
Subsidios focalizados y control del gasto público
Como parte del nuevo esquema, el Gobierno reformulará el sistema de subsidios para enfocarlos solo en los sectores más vulnerables. La intención es normalizar el mercado eléctrico mayorista antes de noviembre y reducir el peso del gasto energético en las cuentas públicas, tal como exige el FMI.
Hoy, las tarifas incluyen tres componentes: generación, transporte y distribución. Los dos últimos no se ajustaban desde hace tiempo, y fueron eje de debate en audiencias públicas durante el verano.
Inversiones, control estatal y posibles sanciones
El ENRE y Enargas -entes reguladores de electricidad y gas- trabajan en la revisión de los compromisos de inversión de las empresas del sector, especialmente Edenor y Edesur en el AMBA. En algunos casos, podría haber sanciones por incumplimientos.
También se ultiman detalles para aprobar los nuevos cuadros tarifarios y planes de inversión del resto de las distribuidoras del país, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y fortalecer la infraestructura energética.
Con esta medida, el Gobierno busca cumplir con las metas del FMI, ordenar el sistema energético y dar señales de confianza al mercado. Sin embargo, el ajuste tendrá un impacto directo en las facturas de luz y gas de millones de hogares argentinos, en un contexto económico todavía desafiante.
