Crece el rechazo por parte de empresas a extender por otros seis meses el plan que, desde abril, congeló los precios de 64 artículos de la canasta básica.

Aun cuando Alberto Fernández anunció que buscará sellar un acuerdo global de precios y salarios con empresas y gremios a partir del 2020, la gestión que encabeza Mauricio Macri quiere mantener los programas de impulso al consumo vigentes, inlcuso después de la propia fecha de vencimiento del actual gobierno.

Es decir, luego del 10 de diciembre próximo, cuando todo indica que habrá cambio de manos en la administración nacional si es que no se produce el milagro de que Juntos por el Cambio revierta los resultados de las PASO y logre extender su plazo de vigencia al frente de la Casa Rosada por otros cuatro años.

Si bien esta hipótesis es cada vez menos probable, a la luz de las encuestas y de las sensaciones de la sociedad, de todos modos el Gobierno busca dejar en marcha los planes que vino lanzando, aunque sin éxito, para contener en parte la inflación y recuperar el consumo.

De esta forma, ya extendió la exención del IVA a una gran cantidad de artículos de la canasta de alimentos hasta el 31 de diciembre, y el de Precios Cuidados hasta el 4 de enero del 2020.

Ahora, tiene como objetivo sumarle más plazo a Precios Esenciales, el programa que fuera lanzado en abril pasado con una canasta de 64 artículos a valores congelados a partir de un acuerdo con 16 empresas del rubro alimenticio y que vence a fines de octubre.

Con ese objetivo doble, el de extender la vigencia del plan y de hacerlo antes de que finalice este mes, desde la Secretaría de Comercio Interior ya comenzaron a trabajar para que las empresas y las cadenas de distribución acepten extender los plazos.

La idea es que continúe por seis meses más. Es decir, hasta abril del año próximo cuando, de lograrse esta prórroga, el programa cumpliría un año desde su lanzamiento.

Así lo anticipó Ignacio Werner, secretario de Comercio Interior, en septiembre pasado cuando declaró que el plan se renovaría por un semestre más, abarcando a los mismos 64 productos: lácteos, fideos, arroz, yerba y otros en 2.500 puntos de venta en todo el país.

Desde esta dependencia oficial entienden que el plan tuvo relativo éxito y que después de haberse llevado a cabo unos 9.300 relevamientos entre abril y agosto por funcionarios nacionales y provinciales que cooperan con Comercio Interior en 60 ciudades del país, se determinó que registra un cumplimiento del 84%.

Los empresarios, reticentes

Sin embargo, no será una tarea fácil la de lograr su extensión, si se tiene en cuenta el rechazo de la industria a negociar medidas de este tipo por dos razones: una política y otra económica o de costos.

Por un lado, consideran que el Gobierno está en retirada y sin capacidad para negociar medidas anti inflacionarias y de reactivación del consumo que, además no le representarán cambios en los resultados electorales del 27 de octubre.

Y por otro, porque advierten sobre la imposibilidad de sostener esta canasta de alimentos con los mismos precios con que fueron lanzados en abril pasado, en el marco de una economía con una inflación que se mostraba en baja y un dólar estable en torno a los $40.

Dos datos que, tras las PASO se dispararon nuevamente y fueron parte de la crisis financiera y económica que sufre la Argentina, con una inflación que terminará por encima del 50% este año y un dólar rozando los $60 y con costos productivos que también siguieron el mismo camino ascendente.

De hecho, el cimbronazo electoral de las PASO en toda la economía fue tan grande que solamente en una semana los valores de la mayoría de los productos de la canasta alimenticia retomaron la inercia alcista, con categorías que sufrieron incrementos de hasta un 30% en dos meses.

En este sentido, un relevamiento de la consultora Focus Market evidenció que luego de los comicios de principios de agosto hubo subas en todas las categorías, desde artículos de limpieza a productos alimenticios producto de la devaluación y de la nueva corrida inflacionaria.

Por esos motivos, varios empresarios que participan de Precios Esenciales admitieron ante iProfesional que no tienen intenciones de seguir apoyando el programa.

Lo mismo señalaron desde dos de las mayores cadenas de supermercados del país, donde hasta pusieron en duda la efectividad del programa porque entienden que ha sido muy grande el esfuerzo realizado en control, seguimiento, abastecimiento y mantenimiento de los proveedores para obtener pobres resultados visibles.

Entienden que los productos de Precios Esenciales "nunca fueron los más baratos" en las góndolas porque arrancaron con valores medios y cuando se ubicaron entre los más económicos porque el resto aumentó, se aplicó la rebaja del IVA a todos los productos que no estaban abarcados en dicho programa, por lo cual se recortó la brecha.

Críticas por el costo logístico

El plan contempla 64 productos cuyos valores de venta al público hace seis meses se mantienen congelados y que en las góndolas de los supermercados se los señalizó con la inscripción "Precios cuidados, producto esencial".

Entre algunas de las empresas productoras sostienen que para continuar el programa por otros dos meses se deberían permitir retoques en los precios que ayuden a recomponer la suba de costos sufrida, en especial desde agosto pasado. Otros empresarios directamente piden que el programa no siga.

En cambio, desde el Gobierno la orden de continuar con Precios Esenciales vino directamente desde el Ministerio de Producción que comanda Dante Sica. "Sigue", señalaron fuentes cercanas al ministro ante una consulta de iProfesional sobre la suerte del plan a partir de noviembre.

"Es una expresión de deseo y aspiracional por parte de los funcionarios de Cambiemos, que todavía creen que pueden seguir en el gobierno otros cuatro años", le dijo a este medio el dueño de una de las compañías que aporta varios productos a Precios Esenciales.

Lo mismo se considera en el sector supermercadista, donde creen que la continuidad del programa solamente acumulará más problemas de costos y distribución, además de advertir que luego de las elecciones del 27 de octubre el Gobierno no tendrá más peso para respaldar medidas de este estilo.

Más que nada, porque en las empresas también ya comienzan a analizar las medidas que el nuevo gobierno de Alberto Fernández estima adoptar una vez que desembarque en el poder.

La más comentada en el sector es la vinculada a concretar un gran acuerdo de precios y salarios que involucre a todo el sector industrial y a los gremios y que tenga una vigencia no menor a los 180 días. Es decir, un esquema de negocios diferente al actual, más complejo y que cruza a todo el sector.

"Es ilógico pensar en que nos sentemos a la mesa de negociaciones pensando en medidas de este Gobierno cuando no van a seguir y cuando el Frente de Todos ya está convocando a otro tipo de escenario", agregó otro hombre de negocios que todavía participa de la iniciativa oficial.

IP.