La deuda de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo por créditos tomados con la Anses llegó al récord de 182 mil millones de pesos. Es decir, unos 3000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Involucra a más de 7,7 millones de personas, en un 80 por ciento dentro del rango del haber mínimo.
El gobierno de Mauricio Macri no solo endeudó a la Argentina de manera tan desaforada que la hizo caer en default en el lapso de cuatro años. También llevó a la insolvencia a millones de beneficiarios de la seguridad social que debieron sacar créditos con la Anses para atender gastos de subsistencia, como comprar comida o pagar tarifas de servicios públicos.
Esta semana se conoció que el consumo de leche es el más bajo en 16 años, desde 2003, lo que también ilustra sobre esta situación. Sectores vulnerables que se endeudan no para un viaje de fin de semana o comprar una heladera, como en el pasado, sino para ir al supermercado o que no le corten la luz.
El 30 por ciento de los jubilados, más de 2,1 millones de personas, y un impactante 95 por ciento de quienes perciben la AUH, más de 3,7 millones, registran deudas con la Anses. Lo mismo que 600 mil beneficiarios de pensiones no contributivas, el 40 por ciento; 60 mil jubilados con la nueva prestación para el adulto mayor (PUAM), la mitad de los retirados por ese sistema, y más de 1,3 millones de trabajadores que cobran asignaciones familiares, el 35 por ciento.
En total son más de 7,7 millones de personas que pasaron por las ventanillas del organismo de la seguridad social para hacerse de un poco de efectivo. El 80 por ciento, más de 6,1 millones de personas, cobra haberes mínimos o la AUH, por lo cual los préstamos que ahora deben devolver con el descuento de hasta el 30 por ciento de su haber reduce sus ingresos a un rango de 5000 a 10.000 pesos mensuales, insuficientes para costear la canasta básica de pobreza.
Con ese escenario, el próximo gobierno deberá hacer más que reperfilar la deuda con acreedores privados y con el FMI. Además de alargar los plazos para la cancelación de los pasivos del Estado, tendrá que sentarse del otro lado del mostrador, en su carácter de prestamista, y reperfilar a 7,7 millones de jubilados y demás endeudados con la Anses para empezar a dar respuesta a la emergencia social.
“La condición para poder pagar es que podamos crecer”, definió Alberto Fernández los términos de la negociación que encarará con bonistas privados y con el Fondo Monetario en caso de imponerse en las elecciones de octubre, como todo indica. Esa es la secuencia: crecer para generar capacidad de pago. Lo mismo habrá que hacer con los que le deben al Estado: darles margen para que puedan pagar sus deudas sin morir en el intento.
“Tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo. Aumentar los montos de jubilaciones y pensiones y refinanciar los créditos de la Anses. Puede ser con nuevos préstamos a tasas más bajas, estirar los plazos, armar una ingeniería financiera que reduzca la carga de endeudamiento sobre las familias. En definitiva, reperfilar la deuda de los jubilados”, es el diagnóstico de dirigentes del Frente de Todos cercanos a Fernández. Para recuperar poder adquisitivo en haberes, asignaciones y pensiones, una idea en estudio es compensar la diferencia que se generó por el cambio de la ley de movilidad previsional a fines de 2017. Es decir, establecer cuánto perdieron con esa modificación todas las prestaciones de la seguridad social y saldar la diferencia con el pago de retroactivos. El objetivo es restituir capacidad de compra en segmentos masivos y determinantes del mercado interno, cuyos gastos movilizan el consumo, la producción y el empleo nacional.
“La gente está extremadamente preocupada y muy agresiva. Todos los días es un desfile de jubilados que vienen a preguntar si pueden sacar más crédito. Con cada aumento de haberes les mejora la relación cuota ingreso, entonces se acercan para ampliar el préstamo”, relata un empleado que atiende a los endeudados de la Anses. Las últimas cifras oficiales registran créditos del organismo a jubilados y pensionados por 113.454 millones de pesos (1900 millones de dólares) y a titulares de la AUH, de pensiones no contributivas y trabajadores que cobran asignaciones familiares por 69.145 millones de pesos (1160 millones de dólares). En total son 182.600 millones de pesos o 3060 millones de dólares.
La Anses realiza una encuesta entre los tomadores de los créditos para conocer el destino que piensan darle al dinero. En los préstamos otorgados desde abril hasta agosto, el 20 por ciento respondió que era para cancelar deudas con financieras y prestamistas informales a los que acudieron en estado de extrema necesidad, al punto que aceptaron pagarles tasas de hasta el 300 por ciento. Otros usos principales del financiamiento público son la compra de alimentos, indumentaria y calzado, atención médica y pago de medicamentos y para cubrir gastos del hogar como las facturas de servicios públicos. En menor medida también se utiliza para la construcción o reparaciones en el hogar y un porcentaje ínfimo aseguró que lo invertiría en un nuevo negocio o emprendimiento. Como se ve, la enorme mayoría toma los préstamos para gastos indispensables que ya no puede afrontar por la pérdida de poder adquisitivo de sus jubilaciones y pensiones. Ese segmento es el que demanda una refinanciación de pasivos de manera urgente, lo mismo que la Nación con su propia deuda.
Los préstamos de la Anses, bajo la estructura de Argenta, aparecieron en 2011 en respuesta a los abusos de mutuales y financieras que daban créditos a los jubilados a tasas usurarias. Cobraban entre 90 y hasta 150 por ciento anual, también mediante códigos de descuento para asegurarse la cancelación del préstamo tomando el dinero directamente de los haberes. La intervención del Estado a través de la Anses permitió bajar esas tasas a un rango del 20 a 25 por ciento y terminó con un coto de negocios privados. Bajo el gobierno de Macri primero se achicó la penetración de Argenta hasta finalmente cambiarle el nombre y el sentido al programa. En 2017 se reactivó como parte de la campaña electoral, lo mismo que intentó este año, pero ya sobre una población agobiada por las deudas e ingresos que no alcanzan. La tasa de interés se ubica actualmente arriba del 50 por ciento anual y los préstamos van de 24 a 60 meses, por montos que arrancan en 5 mil pesos y llegan hasta 200 mil.
La política de endeudamiento del gobierno de Macri llevó al país a un estado crítico. Eso incluye a los más afectados por el modelo económico, como jubilados y titulares de la AUH. La próxima administración deberá atender estas urgencias en paralelo, porque de lo contrario no habrá un horizonte de salida de la crisis ni para el Estado nacional ni para los sectores más castigados los últimos cuatro años. No será una tarea sencilla, pero para millones de personas, reperfilar al jubilado se ha transformado en una cuestión de supervivencia.
Fuente: P12.
